Julio Ariza me preguntó que cómo era posible que ningún juez o fiscal de este país hubiese denunciado lo sucedido. La respuesta que di a esta pregunta, fue que si ni jueces ni fiscales habían denunciado estos hechos, era porque éstos, al igual que los políticos que redactaron y aprobaron estos protocolos, trabajan para los mismos que orquestaron el que a fin de cuentas resulto ser el gerontocidio de la primavera del 2020.

La fiscal antidroga de Cádiz, Ana Villagómez, ha denunciado en la Cadena SER que las narcolanchas “campan a sus anchas” por los puertos de la provincia y que la situación se está “desbordando” por la “absoluta inferioridad” de las fuerzas de seguridad en este combate y por “la impunidad” con la que actúan los traficantes. “La situación es alarmante; es tremendo lo que está pasando”, ha dicho.

La Asociación Profesional Independiente de Fiscale ha presentado este jueves un recurso ante el Tribunal Supremo contra la decisión del Gobierno de renovar, el pasado diciembre, a Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado, ya que no lo considera idóneo para el puesto y cree contrario a la ley su nombramiento.Para APIF,García Ortiz “no es idóneo para desempeñar las funciones que tiene asignadas, entre ellas la jefatura de todos los fiscales de España”, por sus actuaciones desde que fue elegido para el cargo en 2022

La política fiscal del Gobierno madrileño, en manos del PP, se ha basado en rebajas fiscales en tributos como el IRPF o la eliminación del impuesto sobre Patrimonio. Con ello, Isabel Díaz Ayuso ha pretendido hacer de oposición al Gobierno central, que ha alcanzo récords históricos de recaudación.Si los impuestos son una herramienta fundamental para reducir la desigualdad, queda claro que los madrileños más ricos son los que menos aportan para combatirla perpetuándose así en su privilegio.

Haciéndose eco en su programa, de las noticias publicadas por algunos medios como El Mundo, acerca del cambio de opinión de la fiscalía en la imputación por terrorismo a Carlas Puigdemont, Silvia Intxaurrondo quiso saber de boca de la misma periodista, de que fuentes y hechos comprobados se basaba la noticia publicada en su medio.

Ahora resulta que un grupo controlado desde las Islas Caimán es el que gestiona la mitad de las viviendas del plan de alquiler de Ayuso. La Consejería de Vivienda está calladita.

El Gobierno ya está pensando en el siguiente paso, después de que la Fiscalía del Tribunal Supremo haya cambiado de criterio y apoye la tesis del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, de que existen indicios por este delito contra el expresidente catalán. Fuentes del Ejecutivo recuerdan que la última palabra "la tiene quien la tiene", en referencia a la Fiscalía General del Estado, porque se trata de un órgano "jerárquico". Es decir, que técnicamente la opinión de la Junta de Fiscales aún puede variar.

Un mercado tensionado, donde gran parte de la población no puede pagar los precios que se exigen, hay un alto número de casas vacías y un volumen de inmuebles convertidos en apartamentos turísticos. El problema de la vivienda se repite en distintos puntos del planeta, especialmente en grandes ciudades. El gobierno australiano va a subir las tasas que exige a los inversores foráneos, para intentar frenar la escalada de precios, y sancionará si estos se quedan sin habitar, mientras otros gobiernos simplemente vetan las transacciones.

El fiscal del Supremo, Álvaro Redondo, se opone en un nuevo dictamen conocido por El Confidencial a que el alto tribunal abra una investigación contra Carles Puigdemont por posibles delitos de terrorismo en la causa de Tsunami Democràtic.

La declaración de la víctima, que quedará registrada como prueba, se hará pixelada y con la voz distorsionada para evitar que se la pueda reconocer si más adelante se filtra el vídeo. La denunciante reclama una sentencia que lo condene a 12 años de prisión, mientras que la Fiscalía ha exigido una pena de nueve años de cárcel

Considera que el juez Manuel García-Castellón pidió al Supremo imputar a Puigdemont sin investigar lo suficiente. Además, insiste en que no hay terrorismo y acusa al instructor de confundir esta causa con la de los CDR.

La juez desoye al fiscal y pide a Israel datos de la muerte de la sevillana y el vasco a manos de Hamás

El fiscal del caso Tsunami Democràtic, el conservador Miguel Ángel Carballo, ha criticado con contundencia la instrucción del juez Manuel García-Castellón. En un escrito el representante del ministerio público habla de "flagrantes contradicciones", "falta de argumentos" y una exposición "totalmente injustificada e inmotivada", entre otras críticas.La Fiscalía insiste en que los hechos de Tsunami son desórdenes públicos y en que no hay indicios contra el expresidente Carles Puigdemont.

Que los paraísos fiscales están provocando una pérdida de recaudación considerable al resto de Estados, que los ricos ocultan enormes cantidades de dinero gracias a estos refugios fiscales y que las multinacionales utilizan la ingeniería fiscal para pagar menos que una pyme son afirmaciones que a casi nadie se les escapa a estas alturas. Pero posiblemente nadie haya realizado estudios e investigaciones empíricas para desnudar dichas prácticas y para proponer soluciones como lo ha hecho el economista francés Gabriel Zucman.

El ex fiscal jefe de la Corte Penal Internacional subraya "la enorme importancia" de lo establecido por el máximo tribunal de la ONU que investiga a Israel: "La Corte ha dicho que hay claro riesgo de genocidio en Gaza". “El mundo no tiene salidas si usamos la guerra para manejar conflictos”. "La masa de expertos en EEUU piensa que la ley internacional no se aplica; en el fondo la guerra es popular allá, es un problema serio".

La asociación ultra explicará próximamente si llevará el asunto a los juzgados, algo que es difícil que prospere.

La Administración valora modificar el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria para establecer una nueva obligación de información "que incorpore la información de las operaciones realizadas con todo tipo de tarjetas, incluyendo tarjeta de crédito, de débito, tarjetas prepago con o sin cuenta bancaria asociada, tarjetas de pago virtuales o para compras online y otras tarjetas de cualquier denominación y en cualquier moneda".

El relato de la joven, difundido en TikTok, empieza así: "Llevo en el aeropuerto de Sevilla desde esta mañana a las 10:30 de la mañana. A las 16:30 volaba a Milán. Voy en silla de ruedas eléctrica, y he preguntado muchas veces si había algún problema con la silla", explica la joven. "Ningún problema', midieron la silla y la silla tenia las medidas correctas, todo ok. Me montan en el vuelo y cuando estoy dentro del vuelo me avisan de que la silla no da las medidas correctas, de que la silla no puede volar", dice la viajera afectada.

Le voy a dar un dato. Amancio Ortega se lleva gran parte de su ganancia a paraísos fiscales, así se ha convertido en el hombre más rico de España, con un patrimonio de 81.800 millones de euros. Por cierto, en 2023 su buchaca aumentó en un 53% con respecto al 2022. Después se limpia la cara en la pila de la filantropía y le queda un cutis perfecto. Le voy a dar otro dato. Zara ha sido condenada a pagar millones de euros por utilizar trabajo esclavo en su cadena de montaje en varios países alrededor del mundo.