Cada mañana, desde hace 20 años, 580 familias se levantan sin saber si ese día va a ser el último que pasan en sus hogares. Si hoy, al fin, vendrán las excavadoras a destruir sus casas. Los años pasan y las máquinas nunca llegan, pero la amenaza siempre está ahí, amargándoles la existencia. Cada cierto tiempo, aparece en el buzón una orden judicial de derribo para recordarles a esas 580 familias, como si hicera falta, que llevan dos décadas ocupando una casa ilegal, que quizá está tarde se quedan sin hogar, sin dinero y sin solución de futuro.
