La Comunidad de Madrid ha interpuesto definitivamente este miércoles un recurso en el Tribunal Constitucional (TC) contra el nuevo impuesto de solidaridad sobre las grandes fortunas puesto en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso también pide la suspensión cautelar del gravamen, que tendrá efectos recaudatorios ya este año sobre el patrimonio declarado en 2022. El impuesto, que tendrá una deducción de 100% si se abona Patrimonio, gravará la riqueza neta superior a 3,7 millones de euros con tres tipos.

El borrador de Enrique Arnaldo únicamente declara inconstitucional el modo en el que debe ser informada la madre de las consecuencias de la interrupción del embarazo y las posibilidades alternativas, al tiempo que evita pronunciarse sobre el consentimiento de los padres a las menores.

"¿Por qué hay personas que no tienen derecho a estar representadas en los órganos constitucionales?", se pregunta Jorge Dioni

El pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de Vox contra la ley del 'solo sí es sí'. El recurso de Vox se dirige contra las disposiciones finales cuarta, séptima y decimoséptima de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual.

La eutanasia y la ley de educación serán las primeras normas recurridas que estudie el Constitucional, estrenado su mayoría progresista, que, no obstante, quedará mermada ante las abstenciones y recusaciones de los nuevos magistrados.

Poco más de una semana después de su renovación, el Tribunal Constitucional afronta una batería de recusaciones que, si llegan a prosperar, podrían dejarlo inoperante por una falta de quórum. La primera petición realizada este miércoles, de que la nueva magistrada Laura Díez quede apartada de los recursos relativos a la cuota del 25% de clases en castellano en las escuelas de Cataluña, ya ha prosperado. Y la propia Díez ha decidido abstenerse. Ahora es el turno de Vox, que recusó este jueves a cuatro miembros del tribunal alegando...

El Tribunal Constitucional (TC) ha anunciado este 17 de enero que empezará a “estudiar” a partir de febrero algunos de los recursos que llevan tiempo esperando una resolución, entre ellos, el que planteó el Partido Popular en 2010 contra la ley del aborto.

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido Tourón, ha anunciado al Colegio de Magistrados esta mañana durante el Pleno Gubernativo su plan de trabajo para los próximos meses. En concreto, ha comunicado que tiene previsto señalar para el primer Pleno del mes de febrero, que tendrá lugar los días 7, 8 y 9, el estudio del recurso de inconstitucionalidad sobre la Ley del aborto.

El Gobierno va a aprobar este martes en Consejo de Ministros un requerimiento para declarar incompetente a la Junta de Castilla y León en relación a sus medidas antiabortistas. En la nota desde Moncloa indican que se va a declarar esa incompetencia contra aquellas actuaciones que “vulneren o menoscaben” la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, así como el Real Decreto 825/2010, de 25 de junio, de desarrollo parcial de la anterior.

Vox ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Memoria Democrática aprobada el pasado mes de octubre. “Se presenta en defensa de los derechos fundamentales, de los derechos constitucionales de todos los españoles”, ha dicho el líder del partido de extrema derecha, Santiago Abascal, a las puertas del Tribunal Constitucional este viernes en Madrid en declaraciones a la prensa, en las que ha calificado de “absolutamente totalitaria e impropia de cualquier democracia y de las peores dictaduras” a la norma.

Cómo se atreve el Gobierno a relativizar algo tan sagrado como la unidad de España derogando el delito de sedición? ¿Cómo osa el Ejecutivo legislar y casi despenalizar los delitos infernales de Carles Puigdemont y su entonces Govern? ¿Cómo se le ocurre a Pedro Sánchez reformar el Código Penal aunque lo haya avalado una amplia mayoría parlamentaria? Gracias a una labor exquisita de la en absoluto idílica transición, existen jueces que consideran que su papel va mucho más allá que el de aplicar leyes.

Según las normas no escritas del TC, la vicepresidencia le corresponde al bloque minoritario. El magistrado conservador Ricardo Enríquez era el candidato natural y se ha quedado perplejo cuando seis progresistas han votado a Inmaculada Montalbán.

El Partido Popular ha arremetido en un comunicado contra la decisión de los magistrados del Tribunal Constitucional de elegir a Cándido Conde-Pumpido como presidente y a Inmaculada Montalbán como vicepresidenta. Dos miembros del tribunal de garantías de tendencia progresista, como la mayoría del pleno que compone ahora mismo el organismo.

En los 43 años de historia del tribunal, de los 71 nombramientos sólo 10 han sido mujeres. Este miércoles, el Pleno decide si María Luisa Balaguer se convierte en la segunda presidenta.

Los siete magistrados del bloque progresista, ahora mayoritario del Tribunal Constitucional (TC), no han logrado llegar a un acuerdo en su reunión interna de este martes para consensuar un único candidato a la presidencia del tribunal, por lo que finalmente tanto Cándido Conde-Pumpido como María Luisa Balaguer competirán por este puesto en el pleno previsto para el miércoles, mientras que el magistrado conservador Ricardo Enríquez se postula para la Vicepresidencia, según las fuentes de la corte de garantías consultadas por Europa Press.

En su discurso de despedida como presidente y magistrado del tribunal de garantías, González Trevijano ha querido recordar en presencia de miembros del Gobierno, de los presidentes del Senado, Congreso, Supremo y CGPJ que «el procedimiento de designación no implica un mecanismo de representación». Porque «el magistrado no representa a nadie. Ni al órgano por el que fue elegido ni a la fuerza parlamentaria que impulsó su proposición. Está a solas con su conciencia y solo de ella depende».

El próximo lunes, a las doce y media, ha sido la fecha elegida para que los cuatro nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, la progresista María Luisa Segoviano, y el conservador César Tolosa; así como los dos candidatos del Gobierno, el magistrado de la Audiencia Nacional y exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y la que fuera asesora de Moncloa, Laura Díez, tomen posesión de sus cargos en el Tribunal de Garantías. La toma de posesión se produce varios días después de la jura de sus cargos ante el Rey Felipe VI.

El portavoz adjunto de Unidas Podemos en el Congreso, Enrique Santiago, confía en que el Tribunal Constitucional renovado, “menos politizado” y con mayoría de juristas “rigurosos” ayudará sin duda a que las leyes aprobadas por el Congreso tengan apenas “objeciones”.

Un Tribunal Supremo al borde del colapso por la ley que impide al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hacer nombramientos en funciones, el propio gobierno de los jueces entrando en su cuarto año con mandato caducado y el Constitucional estrenando mayoría progresista son tres de las claves jurídicas de este nuevo año.

El vicepresidente del Tribunal Constitucional (TC) y magistrado del ala progresista Juan Antonio Xiol señala en un voto particular que la decisión de paralizar una tramitación parlamentaria en las Cortes Generales “supone poner en riesgo el equilibrio de los poderes constituidos diseñado por la Constitución”.

Auto y votos particulares del Pleno del Tribunal Constitucional que rechaza la petición del Senado de levantar la suspensión cautelar, acordada por Auto de 19 de diciembre de 2022, en relación con las enmiendas de reforma de la LOTC y la LOPJ

El líder del PP ha aprovechado su balance de fin de año para amenazar con próximas actuaciones de su partido contra los dos magistrados que el Ejecutivo ha propuesto para el Tribunal Constitucional, los juristas y excargos del Gobierno Laura Díez Bueso y Juan Carlos Campo, a pesar de que el tribunal de garantías les ha dado el plácet por unanimidad. Feijóo tacha estos dos nombramientos de “escandalosamente partidistas” y ha advertido de que el PP “se reserva todos los derechos para defender la independencia de las instituciones”.

El pleno del Tribunal Constitucional ha verificado este jueves por unanimidad que los cuatro juristas propuestos por el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial cumplen los requisitos exigidos por la Constitución, informan fuentes del tribunal encargado de interpretar la norma fundamental.

Delegación del Gobierno ha denegado el permiso solicitado por organizaciones constitucionalistas para manifestarse el 21 de enero de 2023 en la Plaza de Colón (Madrid). Según el órgano que lidera Mercedes González, el motivo es que otra persona ha convocado otra concentración en la misma fecha y el mismo lugar, pero las asociaciones organizadoras sospechan que se trata de una maniobra para evitar que ejerzan sus derechos y denuncian un «abuso de derecho y fraude de ley».