Fernando Roig, empresario castellonense y accionista de la empresa privada Valmor Sport, ha afirmado que le trasladaron en una reunión al exvicepresidente del Consell Vicente Rambla que la gestión y celebración del Gran Premio en Valencia era inviable, y ha llegado a asegurar que el Gobierno valenciano sabía que estaba adquiriendo deuda cuando decidió ser avalista, pagar el canon y comprar posteriormente la empresa.

La Ley Integral de Transexualidad y la Ley de Muerte Digna, la creación del Institut Valencià d'Administració Tributària (IVAT), como "embrión de la futura Agencia Tributaria Valenciana", y la propuesta de un nuevo modelo de financiación autonómica para su negociación en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera son algunas de las acciones de gobierno que el Consell ha planteado para el...

El Gobierno valenciano está estudiando la posibilidad de hacer "alguna intervención de carácter pública" para evitar que la indemnización del Estado concedida a las empresas promotoras del proyecto de almacén de gas Castor la paguen finalmente los ciudadanos.

El Gobierno valenciano se ha comprometido a que los 1,6 millones de euros procedentes de la condena al exconseller Rafael Blasco y otros cinco procesados, que les obliga a devolver este dinero, en el conocido como caso Cooperación, vaya destinado a los fondos de cooperación valenciana.

El consejo de administración de Egevasa, la empresa mixta de la Diputación de Valencia en la que participa Aguas de Valencia y que se encarga de la gestión del agua en los municipios de la provincia, nombrará hoy gerente de la firma a Alberto Hernández, marido de la consellera de Sanidad, Carmen Montón.

El Consell ha aprobado este viernes un acuerdo por el que declara la reprobación de todos los políticos de la Comunitat Valenciana condenados por corrupción y ha comenzado ya a quitar las placas y distinciones de todos los espacios públicos dependientes de la Generalitat en las que figuran, con la retirada de dos placas dedicadas al exconseller Rafael Blasco y una al exalcalde de Torrevieja Pedro Hernández Mateo.

Así lo ha anunciado este jueves el 'president' de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, tras mantener una reunión con el presidente nacional de la Unión Democrática de Pensionistas (UDP), Carlos Luis Martín; el de la provincia de Valencia, José Sanchís; la de Alicante, María Luisa Gimeno; y el de Castellón, Manuel Lora.

La Generalitat Valenciana dejó de pagar en 2014 más de mil cien millones del IRPF y de las cuotas de la Seguridad Social de sus funcionarios. El Consell, presidido en aquel momento por Alberto Fabra, se financió con el dinero que retuvo de las nómina de los trabajadores públicos.

Un total de 7,5 millones de euros. Esta es la cantidad a la que asciende la deuda de la Generalitat con los ayuntamientos por el impago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de las 14.000 viviendas del parque público de la Comunitat.

Según la intervención de la generalitat la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE) debió licitar de forma conjunta los expedientes por tratarse de "servicios con el mismo objeto".

Los últimos gobiernos del PP en la Comunitat Valenciana, especialmente los que actuaron bajo la batuta de Francisco Camps, hicieron un uso muy particular de la llamada caja fija. Un instrumento habilitado para el pago de facturas de servicios o materiales generalmente menores que, por las diversas circunstancias de apremio o inmediatez, no pueden llevarse a un concurso público.

El PP mantuvo esperanza buena parte del día de mantener la Generalitat si pactaba con C's. El Consell tuvo datos en tiempo real del sondeo a pie de urna encargado a la empresa GFK EMER en las elecciones autonómicas del pasado 24 de mayo. Un estudio de más de 16.000 encuestas realizadas en los colegios electorales y del que el Gobierno valenciano estuvo informado a un golpe de 'click' durante toda la jornada. Todo ello con un coste cercano a los 70.000 euros.

La secretaria autonómica de Hacienda, Clara Ferrando, anuncia que el Consell estudia cambios tributarios para incrementar los ingresos pero sin "aumentar la carga impositiva sobre las clases medias y bajas"

La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas estudiará resarcir de oficio a las personas mayores y con discapacidad afectadas por la decisión del Gobierno anterior de introducir un copago a este sector en 2013. Sin embargo, ha señalado que "el objetivo inicial del actual ejecutivo es solucionar el colapso de 44.000 personas pendientes de la resolución de expedientes y poder incorporar al máximo número de personas, así como la puesta al día en los pagos." Ya han ordenado retirar el recurso contra la sentencia que anuló el decreto de copago.

La empresa del sector sanitario Ribera Salud planea pedir a la Generalitat Valenciana un respaldo institucional para conseguir el concurso convocado por el Gobierno de Eslovaquia para la construcción y explotación de un nuevo hospital en su capital, Bratislava. Un apoyo con el que la empresa quiere contar ya que el resto de competidores por conseguir este contrato público cuentan con el apoyo de sus correspondientes gobiernos.

El conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, Manuel Alcaraz, ha anunciado la elaboración de un proyecto de ley que regule el Estatuto de Altos Cargos de la Generalitat, para establecer un código de incompatibilidades que evite "las puertas giratorias que tanto desprestigian el trabajo de los representantes públicos".

El Gobierno valenciano está recogiendo la herencia envenenada del anterior Ejecutivo en diversos departamentos y, en algunos casos, en forma de sanciones de la Unión Europea. Al margen de casos como el del Aeropuerto de Castellón o la Ciudad de la Luz, se han hecho públicos otros donde la multa procedente de Bruselas es inminente: como los casi 19 millones de euros por las llamadas facturas en el cajón de sanidad y, este mismo lunes, los 6,2 millones que, según denunció la consellera de Agricultura, Elena Cebrián, le tocará pagar a Valencia

El pleno de las Corts Valencianes ha convalidado en su primera sesión tras el periodo vacacional el decreto ley aprobado por el Consell en julio por el que se regula el acceso universal a la atención sanitaria en la Comunitat. El PP se abstiene en la votación pero critica que supone una "injerencia clara" en una competencia del Estado.

Las instalaciones públicas de las distintas Administradores, que tienen pendiente una reunión al respecto, podrían aupar a la Comunitat Valenciana como "corredor humanitario" a propuesta del Consell. Así lo han avanzado la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mònica Oltra, y el conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, Manuel Alcaraz, en declaraciones a los periodistas tras una reunión mantenida esta mañana.

Miquel Ensenyat, del partido independentista Mès, se muestra partidario de la independencia de su región y considera que el reparto de dinero en España les perjudica: "Una cosa es ser solidario y otra hacer el gilipollas" Ensenyat ha querido también retomar las polémicas declaraciones de Duran i Lleida en las que decía que los “payeses de Extremadura cobran para estar en el bar”. En una entrevista con el diario El Mundo el presidente del Consell asegura que “Duran tiene toda la razón del mundo”.

Hace unos días, el Conseller de Justícia de la Generalitat, Germà Gordó, hizo unas inapropiadas declaraciones en las que incluía dentro del marco nacional catalán a los territorios de habla catalana del Aragón oriental, ofreciendo a su población la nacionalidad en el futuro Estado catalán independiente. Seguidamente, el Presidente de Aragón, Javier Lambán, respondió con una carta en la que mostraba el malestar de los aragoneses ante este hecho, que consideramos “una falta de respeto” y añadía que en Aragón “nos sentimos exclusivamente españoles

La Conselleria de Educación, ha decidido modificar la resolución del anterior Gobierno valenciano sobre las condiciones para ser usuario del servicio de transporte escolar, para eliminar el requisito de residir a una distancia mínima de tres kilómetros "en línea recta" del centro. Así, se sustituye este criterio por el de tres kilómetros "siguiendo la trayectoria de menor distancia accesible y segura".

El Consell paga deudas sociales, reconoce a las víctimas del metro y resarce derechos a inmigrantes. Puig estudia demandar al Gobierno del PP por «incumplimiento» en la financiación autonómica.Tras veinte años de grandes fastos en la Generalitat valenciana, el gobierno bipartito de socialistas y Compromís ha puesto por delante en solo un mes de gestión el gasto social, al mismo tiempo que ha situado en la agenda diaria la reivindicación de una mejora de la financiación autonómica.