El presidente del CGPJ votó en blanco a la declaración institucional al no haber ningún texto sobre la futura ley de amnistía.

La declaración forzada por la mayoría conservadora del CGPJ es irrelevante jurídicamente pero redunda en el descrédito de la institución, sometida a quienes retienen sus cargos irregularmente

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado -con 9 votos a favor, 5 en contra y uno en blanco- una declaración institucional contra la eventual amnistía de los delitos cometidos con ocasión del ‘procés’ en Catalunya. El presidente en funciones, Vicente Guilarte, ha expresado que no está de acuerdo con la iniciativa legislativa pero considera conveniente esperar a la tramitación parlamentaria.

El vocal progresista Álvaro Cuesta finalmente ha optado por no acudir al Pleno extraordinario del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que se celebra desde las 19.00 horas de este lunes para debatir la propuesta de 8 vocales conservadores de emitir una declaración institucional contra la amnistía, por entender que se trata de una convocatoria "ilegal", lo que permitirá que salga adelante con únicamente con el voto de sus promotores.

El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones Álvaro Cuesta, elegido a propuesta del PSOE, ha dirigido un escrito al presidente del órgano, el conservador Vicente Guilarte, en el que solicita la “desconvocatoria” del pleno extraordinario previsto para este lunes para debatir una dura declaración institucional contra una ley de amnistía de la que todavía no se conoce su contenido.

Álvaro Cuesta arremete contra los ocho vocales conservadores que han impulsado una declaración contraria a la ley. Cuesta, es contundente ante la pregunta de Público sobre el pleno extraordinario que se celebrará el próximo lunes en el CGPJ para debatir una declaración contraria a la ley de amnistía. “Es indecente, porque no tiene sentido que el CGPJ tenga que terciar en un acto como la investidura de un presidente del Gobierno”. Pero además indica Cuesta: “Es un pleno ilegal y puede tener consecuencias”.

Ocho vocales elegidos en su día a propuesta del PP solicitan la celebración de un pleno extraordinario en el que se apruebe un texto que carga contra el presidente en funciones y afirma que la hipotética amnistía supone la “abolición del Estado de derecho”. El texto afirma que la hipotética amnistía convierte “en una quimera” la independencia de los tribunales y supone la “abolición del Estado de derecho”.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto diligencias contra Silvia López Mejía, la jueza que frenó la investigación del caso Negreira. La magistrada fue denunciada ante este organismo el pasado miércoles por ocultar ante la Audiencia Provincial de Barcelona que su pareja, el empresario Ignasi Pietx, trabajaba para el Barça, pudiendo haber incurrido en una incompatibilidad.

El consejero europeo de Justicia, Didier Reynders, ha reclamado de nuevo en España la "urgente" renovación del Consejo General del Poder Judicial, (CGPJ) un asunto que -a su juicio- deber ser prioritario para el Parlamento y para el nuevo Gobierno, si se forma. Reynders ha advertido de que "hay una evolución negativa en la percepción en la población", porque, cuando hay un conflicto de este tipo en el poder judicial, "se tiene cada vez más percepción de que tal vez haya algún problema de independencia".

El Tribunal Constitucional (TC) ha aparcado su decisión sobre cómo ejecutar el fallo de Estrasburgo respecto del recurso de seis magistrados de la asociación judicial Francisco de Vitoria relacionado con el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pese a que España no ha recurrido la decisión y, por tanto, la sentencia es firme.

Los cuatro magistrados que forman el bloque conservador del Tribunal Constitucional (TC) han advertido de que la reforma que impide a un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones hacer nombramientos discrecionales supone una «desnaturalización» del órgano, hasta el punto de que afecta a su principal función constitucional: garantizar la independencia judicial frente al «poder político».

Desde 2015, los miembros del órgano judicial deberían notificar sus bienes previa actualización del reglamento interno de la institución, pero ese paso nunca se ha dado. Dos años antes, el gobierno de M. Rajoy había eliminado la cláusula de la ley del Poder Judicial, que impedía compaginar la pertenencia al consejo con trabajos privados.

El Tribunal Constitucional ha avalado la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que impide a este órgano hacer nombramientos cuando esté en funciones al rechazar los recursos interpuestos por el PP y Vox, con el aval de la mayoría progresista frente al rechazo del bloque conservador. Fuentes jurídicas han informado a EFE de que el Pleno del tribunal de garantías, que tenía dos ponencias sobre la mesa radicalmente opuestas, una por cada recurso, ha respaldado la posición de la magistrada progresista María Luisa Balaguer, que aval

En una entrevista en el periódico El Mundo, Guilarte ha asegurado que “el mensaje que el TC está dando a la ciudadanía, donde permanentemente toda cuestión con una cierta relevancia política se soluciona con una división de siete magistrados progresistas frente a cuatro conservadores, es un mensaje demoledor”. Se ha referido -sin decir su nombre- también al presidente del Constitucional, Cándido Conde - Pumpido: “Un jurista de la talla de quien lo preside [el TC] debería asumir que hay que cambiarlo.

La Comisión de Ética Judicial ha emitido dos informes en los que desaconseja a los jueces acudir a manifestaciones y mítines políticos para "evitar toda actuación que pueda cuestionar la independencia o la confianza de la sociedad en el Poder Judicial", según ha informado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La reforma del delito de sedición fue el último motivo esgrimido por el Partido Popular, en octubre de 2022, para romper las negociaciones con el Gobierno de Pedro Sánchez de cara a la renovación del Consejo General del Poder General (CGPJ), en funciones desde el 4 de diciembre de 2018. La excusa era la vigésima que empleaba el PP desde esa fecha para seguir bloqueando la renovación.

El presidente del alto tribunal ha denunciado el "desolador" estado en que se encuentra el Supremo, con más del 30% de sus efectivos "mermados". El presidente en funciones del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán : "Es hora de los grandes políticos y de los grandes demócratas, sería una decepción sentir su falta", ha apuntado en referencia a Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, que no han alcanzado un acuerdo para la renovación del órgano de gobierno de los jueces.