Cinco sentencias dictadas en 2023 por el Tribunal Superior de Madrid (TSJM) han aumentado en 40 millones la ya abultada factura que la privatización de hospitales emprendida por Esperanza Aguirre pasa año tras año al Ejecutivo madrileño. Planteadas por distintas filiales de Quirón, la más antigua y cara de las cinco reclamaciones –30,3 millones– llegó a los tribunales en 2020. El resto de las cantidades que el tribunal madrileño ordena abonar por atrasos –10 millones en números redondos– se corresponden con recursos formulados en 2021.

Una cantidad que superaría los 3.000 euros mensuales, por lo que la infanta podría contar con la ayuda del rey emérito, que reside en el paraíso fiscal de Abu Dabi. Urdangarin también habría exigido una indemnización que presuntamente oscilaría entre medio millón y 2 millones de euros para “comprar su silencio". Cifras que de confirmarse serían un negocio redondo para quien fuese condenado a 5 años y 10 meses de prisión por malversación, prevaricación, fraude, dos delitos fiscales y tráfico de influencias en el “caso Nóos”.

El Rail Delivery Group, que representa a todas las compañías ferroviarias, promete que "si se cancela el último tren del día, no te dejaremos tirado". Técnicamente, GWR no nos dejó tirados: nos dio un trozo de papel arrancado de una libreta con el que habríamos conseguido un taxi, si hubiera habido taxis disponibles. Lo que parecía una extravagancia cuando se repartieron las fichas me parece ahora un medio muy eficaz de reducir las responsabilidades.

¿Por qué rechaza Podemos el decreto que eleva las cuantías del subsidio de desempleo y aumenta los colectivos que lo cobran? El motivo es una modificación incluida a última hora en el conocido como decreto de conciliación y que sí supone un perjuicio solo para un grupo de perceptores de esta ayuda: los parados mayores de 52 años.

César Alierta Izuel ha muerto este miércoles a los 78 años de edad. El expresidente de Telefónica y Tabacalera adolecía de una delicada salud tras haber sufrido diversos infartos hace unos años que le llevaron a estar en coma inducido. Finalmente ha fallecido aquejado de una enfermedad respiratoria. Alierta era uno de los grandes empresarios que ejecutaron a finales de los noventa el torrente de privatizaciones por orden del Gobierno de José María Aznar.

Según Compromís, el Gobierno de PP y Vox ha cambiado de criterio de liquidaciones sin reunir a la comisión mixta encargada de la materia de los criterios que las establecen. Se trata de las cuentas de los ejercicios de 2009 y 2010. Aquello que en abril de 2022, cuando gobernaba el Botánico, según los cálculos de la conselleria, daba un resultado a favor de la administración pública de 69,8 millones de euros, al producirse el cambio de gobierno se ve rebajado a solo 22,2 millones de euros, lo que supone perdonarle a Sanitas 47,6 millones.

El Tribunal de Cuentas tacha de “insuficiente” el Fondo de Garantía de Alimentos (FGA), creado en 2008 para garantizar el abono de pensiones de alimentos impagadas por los progenitores a sus hijos menores de edad. La cobertura del fondo, a petición de la familia, es de 100 euros al mes por menor por un período de duración máxima de 18 meses. El fondo tiene por un lado el objetivo de garantizar los derechos de estos niños, pero también de evitar la “violencia económica” que ejercen algunos hombres sobre las mujeres al privar a los hijos de estos

Los pacientes tienen más probabilidades de caerse, contraer nuevas infecciones o experimentar otras formas de daño durante su estadía en un hospital después de que éste sea adquirido por una firma de capital privado, afirma un nuevo estudio dirigido por investigadores de la Facultad de Medicina de Harvard. La investigación, publicada el 26 de diciembre en JAMA , se encuentra entre varios análisis recientes a nivel nacional sobre cómo las adquisiciones de capital privado afectan la calidad de la atención al paciente en los hospitales.

El bloqueo de la ayuda económica procedente de Estados Unidos y de la Unión Europea sume al gobierno ucraniano en una crisis financiera que pone en peligro los salarios de los trabajadores públicos

Cuando hace ya más de dos años Telecinco anunció ante un boquiabierto Antonio David Flores que se emitiría un documental con el testimonio de Rocío Carrasco nada hacía presagiar el huracán que la producción desataría en prácticamente todas las direcciones posibles. Ese fue el último día que el colaborador pisó los estudios de Mediaset y también el primero en el que para muchos se descubría una verdad silenciada por años. La confesión de Carrasco trajo a la actualidad no solo el calvario por el que ella llevaba tanto tiempo pasando, sino también

La edad de jubilación legal se situará en 2024 en los 66 años y seis meses cuando se haya cotizado menos de 38 años a la Seguridad Social. En caso de contar con este periodo, sí es posible jubilarse con 65 años sin sufrir rebajas en la nómina. Ligado a este aumento progresivo de la edad de jubilación ordinaria hasta 2027 (cuando se llegará a los 67 años), también se retrasa la edad mínima para acceder a la jubilación anticipada.

La mayor parte de los países de la UE han adoptado sistemas de retraso del acceso a la jubilación ante el reto demográfico, destacando Dinamarca, Suecia y Finlandia con las edades más altas, hasta los 69 años.

El decreto firmado por el Presidente de la Nación elimina las regulaciones implementadas por el kirchnerismo en 2020, a partir de las cuales se obligaba a pagar salarios únicamente por cuentas bancarias o en efectivo. Lo mismo aplica para planes sociales o prestaciones de la ANSES.

Las inmobiliarias nos piden un contrato de trabajo. Yo les digo que no tengo, que soy pensionista. Tampoco les vale el contrato de mi hijo, tiene que ser el de la persona que alquila, me responden», apunta con resignación. Las condiciones que piden los propietarios tampoco facilitan la situación de muchos aspirantes a alquilar. «Necesitas en el orden de entre 2.000 a 3.000 euros para entrar en un piso. Además del mes, te piden dos fianzas, seguro de impago e incluso, en un caso, nos reclamaban la comisión para la inmobiliaria», incide.