"Hace un año avisé de la estrategia de la carcoma de Sánchez y sus socios: la de ir minando las instituciones y las garantías constitucionales hasta que, cuando fuésemos a recurrir a ellas, no quedase nada. Todas estarían destruidas, deslegitimadas o colonizadas por afines al poder. No me equivoqué. Estamos en una situación límite", ha alertado.

El magistrado afirma que "los actos efectuados por Negreira tuvieron que beneficiar al Barcelona" y se refiere a "designaciones tendenciosas". El juez Joaquín Aguirre ha dado un paso de calidad, al imputar a Joan Laporta en el caso Negreira, algo lógico al acusar al Barcelona y a sus dirigentes de cohecho, delito cuya prescripción aumenta y alcanza periodos del primer mandato del actual presidente. Las conclusiones del instructor van mucho más allá, al dar por hecho que el Barcelona presuntamente debió beneficiarse de los arbitrajes

El juez que instruye el 'caso Negreira', el magistrado Joaquín Aguirre, ha incorporado hoy a Joan Laporta a la investigación del 'caso Negreira' con la condición de investigado (lo que antes se llamaba "imputado"). El juez lo ha notificado a Laporta y al resto de las partes hoy por la mañana a través de un escrito donde explica los argumentos de su decisión y emplaza al presidente del Barça a buscar a un abogado que le represente a partir de ahora en el caso.

La jueza de refuerzo que dirigió la instrucción del caso Negreira en su fase inicial, Silvia López Mejía, habría ocultado a la Audiencia Provincial de Barcelona que su pareja es el principal proveedor de la cartelería del Fútbol Club Barcelona. Así, la magistrada podría haber incurrido en una incompatibilidad al existir un conflicto de intereses.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado la apertura de juicio oral contra el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y la excúpula de ese departamento durante la primera legislatura de Mariano Rajoy por la denominada “Operación Kitchen”...

El pasado 3 de octubre llegaba al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la queja del empresario de origen francés Bruno Alexandre Da Silva, afincado en Mallorca desde hace más de 20 años, contra la magistrada Samantha Romero, que fue presidenta del tribunal que absolvió al magnate de la noche mallorquina Bartolomé Cursach y al resto de los acusados del caso Cursach, sobre una mafia policial, política y empresarial.

“En ningún momento fue consentido. No me sentí respetada, no se me respetó ni como jugadora ni como persona. Yo estaba viviendo algo histórico y pensé que algo así iba a acarrear consecuencias. Yo no hice nada para encontrarme con esa situación”, aseguró la actual jugadora del Pachuca sobre la acción vivida en la final de Sídney.

La Audiencia Provincial de Madrid apeló al carácter público de la RFEF para respaldar las exclusivas que desvelaron los negocios de Luis Rubiales y Gerard Piqué de los Supercopa Files.

El juez de instrucción ya salvó en una ocasión a Banco Santander de un caso de blanqueo de capitales en el que los peritos del Banco de España habían presentado un informe en el que las conclusiones eran clarísimas respecto a que la entidad sí que había participado en un esquema de lavado de dinero. Pedraz archivó la causa, a pesar de las evidencias. Las dos grandes causas penales del caso Popular fueron repartidas a Fernando Andreu y a Pedraz, dos jueces amigos del abogado, mediador y lobista del Santander Manuel Medina.

Una magistrada archiva las diligencias que tuvo que abrir a petición del juez del caso Villarejo, quien acusa a la excolaboradora de Pablo Iglesias de mentirle sobre el robo de su teléfono móvil y la difusión de la información que contenía

El juez de Barcelona Joaquín Aguirre, instructor del 'caso Negreira' sobre los pagos del FC Barcelona al exdirigente arbitral José María Enríquez Negreira, ha dictado un auto este jueves en el que atribuye a la entidad azulgrana y al resto de investigados, entre ellos los expresidentes del club Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell, el delito de cohecho, al considerar que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), de la que depende el Comité Técnico de Árbitros es una entidad que desempeña unas funciones de naturaleza pública.

La sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) está siendo registrada por la Guardia Civil desde primera hora de este jueves dentro del marco del 'caso Negreira'. El magistrado Joaquín Aguirre, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, ordenó el dispositivo en búsqueda de documentos y archivos relacionados con los más de 8 millones de euros que el FC Barcelona pagó al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira.

El grueso del desarrollo judicial de la macrocausa conocida como ‘Caso Mercuri’ de Sabadell, que se desglosa en ni más ni menos que 38 sumarios, sigue activo en los tribunales después de que un juez enviara a prisión al exalcalde de Sabadell Manuel Bustos (PSC) en enero del 2022 tras ser condenado por tráfico de influencias.

"Hay armas contra los deepfakes pornográficos, a mí en este caso me salen al menos cinco tipos penales”, asegura Adsuara. Para él, el que mejor encaja es el delito de pseudopornografía infantil (art. 189 del Código Penal), que sí está tipificado como pornografía, y pseudo significa fake, como estos deepfakes de la IA, como recoge la doctrina de la Fiscalía General del Estado. Como, además están difundiendo un hecho relativo a esas personas que es falso, cabe el delito de injuria, y además, como se ha conocido el caso de alguien que ha pedido…

El Tribunal de Cuentas ha dado la orden de embargar los bienes de la exalcaldesa socialista de Móstoles, Noelia Posse, así como de siete concejales y al que fuese el tesorero del Ayuntamiento. La suma total asciende a un valor de 667.132,02 euros, cantidad que estafaron por el 'caso ITV'.En julio de este año el TC avisó de esta medida si los implicados en la trama no devolvían la cantidad que obtuvieron de manera ilegal. Los cargos públicos perdonaron 2,5 millones en tasas municipales a una ITV de la localidad.

Ha muerto María Morales, madre de Juan Mañas, uno de los tres jóvenes asesinados en mayo de 1981 junto a otros compañeros de Santander (Luis Montero y Luis Cobo), en lo que se denominó 'El Caso Almería'. María se ha ido con 87 años, si bien desde la muerte de su hijo Juan, vivió más de cuatro décadas en un continuo sufrimiento, junto a José, su esposo ya fallecido hace tiempo. María Morales pasó 42 años llorando la ausencia de su hijo Juan que fue asesinado cuando solo tenía 24 años. En mayo de este año se cumplieron 42 años.