Las cuentas de los ayuntamientos españoles han vuelto a la primera línea. El 90% del gasto que realiza el conjunto de estas instituciones no llega a auditarse, según el informe sobre la auditoría del sector público en España, realizado por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas (Icjce).

El Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Transportes de Valencia (EMT) ha acogido la presentación de las cuentas generales del año 2017, auditadas por la empresa Ernst & Young. El resultado indica que 2017 se cerró con un superávit de 1,8 millones de euros. El volumen de negocio de 2017 fue de 44 millones, lo que significa que hubo un total de 2,98 millones de euros más de ingresos por la venta de títulos. En 2017, un total de 95.494.811 personas confiaron en el sistema público de autobús para sus desplazamientos por la ciudad.

El tribunal europeo de cuentas auditará las inversiones a la energía solar y eólica en España para determinar si las ayudas económicas de la UE están dando resultados

El portavoz del equipo de Gobierno y concejal de Hacienda, Fernando Fernández Lara, ha explicado hoy que el Ayuntamiento de Alcalá de Henares va a tener que afrontar un pago de 7 millones de euros de intereses de deuda generados hace 10 años a Urbaser, anterior contrata de limpieza. Esta sentencia, que es firme, se debe a que a la empresa que gestionaba la limpieza, Urbaser, anteriores gobiernos del PP en Alcalá llegaron a adeudar hasta los 27 millones de euros.

Los principales aumentos del monto de la deuda pública de Baleares se deben mayoritariamente a la nefasta gestión de los gobiernos autonómicos del Partido Popular, a raíz de macroproyectos ruinosos como el Palma Arena o el Hospital de Son Espases. Un 20% del presupuesto anual de Baleares se destina ya a pagar deudas e intereses, regalando a la banca la segunda partida más importante del presupuesto autonómico e impidiendo su uso en educación, sanidad, vivienda pública, ayudas a la dependencia o lucha contra la violencia machista.

Con unos días de retraso -la Junta Única de Resolución (JUR) prometió hacerlo en enero- finalmente hoy se ha publicado la documentación “no confidencial” en la que la autoridad europea basó su decisión de resolver Banco Popular a principios de junio. La documentación hecha pública hoy arroja nuevos datos sobre la crisis del banco que presidía Emilio Saracho, si bien tal y como se temía, aparecen tachadas no pocas cifras, palabras y hasta párrafos completos, en gran parte por decisión del Banco Central Europeo (BCE).

Os voy a tratar de explicar, muy brevemente, el estudio que hemos realizado en el Parlamento Social, en relación con la deuda pública de Navarra...

Los auditores avisan de que el BCE tiene que mejorar su comunicación con la JUR. Y, muy especialmente, cuando la situación de un banco comienza a deteriorarse.María Tejero Martín. En una crisis, sobre todo cuando tiene a un banco en su punto neurálgico, la capacidad de reacción es clave. Hacerlo con premura, con eficiencia o con contundencia, puede ser la diferencia entre contener a tiempo la sangría.

Una auditoría externa avala los métodos de cálculo utilizados por los departamentos técnicos de la EMT y ratifica que el desembolso de 10,5 millones a Bonopark por adquirir el servicio fue adecuado. La operación, sobre la que el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento había sembrado algunas dudas y sospechas, hasta el punto incluso de amagar con una querella ante los tribunales por esta compra, se hizo en base a unos criterios técnicos con una valoración económica adecuada.

Sospechan que el 1-O se financió con dinero público y no descartan que ANC y Omnium pagaran gastos "gracias a las subvenciones" que reciben

La conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, ha insistido en que la Xunta actuó de forma "legal" en la adjudicación de helicópteros de las campañas contra el fuego de los años 2011, 2012 y 2013, que provocó la apertura de una causa en un juzgado en Santiago en la que está investigado el responsable de política forestal, Tomás Fernández-Couto.

Negligencia y despilfarro. El equipo de Gallardón al frente del Ayuntamiento de Madrid se gastó más de un millón de euros en construir la infraestructura necesaria para crear un destacamento policial en el Parque del Retiro que pudiera albergar caballos. Hasta ahí todo normal. El problema es que el Consistorio conocía de antemano que la cuadra que iba a construir no sería utilizada ya que contravenía las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana. Además, la propia Policía Municipal informó negativamente sobre su construcción

Deloitte tendrá que enfrentarse a una petición de prohibición de realizar actividades de auditoría durante dos años si el juez abre juicio oral siguiendo el criterio de la sala

El ‘caso Auditorio’ de Puerto Lumbreras, que provocó la dimisión del procesado Pedro Antonio Sánchez como presidente de Murcia, parece que sigue de moda entre dirigentes del PP regional. Por el mismo motivo, las obras inacabadas de un teatro que contaba con subvención pública, la Justicia ha puesto el dedo en el ojo del exalcalde de Cehegín y actual diputado regional por el PP, José Soria García, que ha sido ‘imputado’ en el caso.

El informe asegura que las sucesivas modificaciones de la concesión para la urbanización del Paseo de la Dirección,otorgada en 2007 a Dragados,incumplieron preceptos de la Ley del Suelo y obviaron la obligación de ser sometidas a consulta pública.El Ayuntamiento de Madrid modificó hasta dos veces el convenio con el propósito de que la empresa concesionaria obtuviera resultados positivos con la operación.El aspecto más grave está relacionado con la primera modificación del convenio,que suponía cambiar la contraprestación que recibiría la concesi

La policía registra las sedes de la promotora por la supuesta sobrevaloración de algunas fincas.

El magistrado Julián Pérez-Templado, instructor del procedimiento abierto en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia contra Pedro Antonio Sánchez por el 'caso auditorio', ha acordado pasar a la fase de preparación de juicio oral al ver motivos para juzgar al expresidente del Gobierno regional, del PP, por el proyecto y ejecución de las obras del centro cultural del municipio de Puerto Lumbreras (Murcia), ciudad de la que fue alcalde.

El ex presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, finalmente será juzgado por el Tribunal Superior de Justicia(TSJ) por un delito continuado de prevaricación y dos de fraude en la contratación y construcción del auditorio de Puerto Lumbreras (Murcia) durante su gestión al mando del Ayuntamiento de la población. El magistrado instructor del Tribunal Superior de Justicia, Julián Pérez-Templado, ha renunciado a archivar la causa.

El Tribunal Superior de Justicia acuerda continuar el proceso judicial contra el todavía presidente del PP de Murcia y diputado al apreciar indicios en la presunta comisión de varios delitos.

Será la misma firma que siga supervisando sus estados financieros porque PwC también es la auditora del Banco Santander, que revisará, al menos, hasta 2018. Luis de Guindos señaló en el Congreso que el supervisor de las auditoras, el Icac, ha pedido a PwC información sobre la revisión de cuentas del Popular en 2016.