La Consejería de Fomento y Vivienda trabaja para contabilizar la vivienda protegida que se encuentra desocupada, que sólo tiene cuantificada en la capital hispalense, con 528. La crisis de la Corrala Utopía ha puesto en evidencia que las administraciones no acaban de dar con la respuesta a las necesidades de los ciudadanos en materia de vivienda.

En el reciente proceso de desahucio y realojo de la Corrala Utopia y la crisis del Gobierno Andaluz hemos asistido, en días, a dos procesos de desinformación interesada masivos: a)Confusión de asignación de vivienda VPO con realojo de emergencia b)Presuntas cesiones de Izquierda Unida para el cierre de la crisis del Gobierno andaluz ¿Qué hay detrás de ellas? ¿Por qué las realizan al unísono el conjunto de los medios oficiales y se incorpora el sector más sectario de los “alternativos”? Lo que hay es miedo, mucho miedo.

El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha apuntado este sábado, a cuenta del acuerdo alcanzado entre PSOE-A e IULV-CA para la Corrala Utopía, que supone el realojo provisional de ocho de las 22 familias del colectivo en viviendas de titularidad pública, que "no se va a producir ningún realojo más" al margen de los ocho acordados.

La impactante noticia del impresentable órdago de Susana Díaz a la ejemplar consejera de vivienda Elena Cortés ante el realojo de la Corrala Utopía ha disipado cualquier duda: si IU ha escogido la utopía, PSOE ha escogido el régimen. Y es muy importante para la izquierda entender el modo en que ambos discursos, ambos caminos, fueron destruyendo a esa necesaria izquierda a manos del retorcido capitalismo.

Entre ellas se encuentran el BBVA y el Santander. Las posibles multas ascienden a 11,1 millones de euros, 60.000 euros por casa. Este procedimiento sancionador es similar al abierto contra el denominado banco malo.

La Consejería de Fomento y Vivienda ha abierto expedientes sancionadores a ocho entidades financieras que poseen viviendas protegidas que no han sido puestas a disposición de los registros municipales de demandantes, lo que supone un incumplimiento de lo establecido en la Ley de Vivienda Protegida y en la Ley de Función Social de la Vivienda de la Junta.