En una sentencia de diciembre de 2016 GonzálezTrevijano ya llevaba tres años en el TC desde su nombramiento en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy-, el tribunal de garantías sentenció que la renovación conjunta de una institución constitucional -en aquel caso, el CGPJ- era propia de una situación de “normalidad”. Pero si dos Cámaras de poderes distintos tienen que realizar el nombramiento, y una de ellas no puede, por la razón que sea, la otra está obligada a hacer sus propios nombramientos, sin que sea vulnerada la Constitución...

"El Gobierno podría nombrar a sus dos magistrados. Tiene la facultad, porque así lo establece la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Podría nombrarlos". El órdago que a principios de semana lanzó el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha encendido todas las alarmas en el PP. “No se atreverán” o “sería un disparate” son las dos frases más repetidas entre cargos de distinto rango en el partido, que en privado reconocen sus recelos respecto al próximo movimiento del Ejecutivo.

El Tribunal Constitucional estima la cuestión de inconstitucionalidad sobre la norma introducida por la Ley 3/2020 que sometió a autorización judicial las disposiciones sanitarias con restricción de derechos fundamentales aprobadas por las administraciones frente al Covid-19.

La mayoría del tribunal de garantías saca adelante la ponencia del conservador Arnaldo contra la reforma del Gobierno que dejó en manos de los tribunales superiores el aval a las restricciones sanitarias

Precisamente, los nueve años del mandato de González-Trevijano, propuesto por el Gobierno de Rajoy junto con el magistrado Enrique López (que debió dimitir en 2014 por conducir su moto sin casco y ebrio en Madrid), en junio de 2013, vencen el domingo 12 de junio. Además, caducarán en esa fecha también los mandatos de otros tres magistrados: Antonio Narváez (que sustituyó a López) y los dos magistrados elegidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Juan Antonio Xiol, actual vicepresidente, y Santiago Martínez-Vares.

Las autoridades ucranianas emitieron hoy una orden de busca y captura contra el expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Alexandr Tupitski, que estaba siendo procesado por "delitos contra la Justicia".

Quedan 21 días para que expire la fecha que dio el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado mes de abril para renovar el Consejo General del Poder Judicial que lleva en funciones tres años y medio por el bloqueo del Partido Popular y que, debido a la última reforma impulsada por el gobierno, no puede hacer nombramientos. Ese día, el 12 de junio caduca el mandato de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional. Dos elegidos a propuesta del gobierno de Mariano Rajoy y otros dos a propuesta del órgano de gobierno de los jueces.

Los tiempos de la justicia no son los tiempos de la política. Esta máxima es de total aplicación al problema que puede enfrentar el Tribunal Constitucional (TC) en los próximos meses, cuando en junio deba renovar a cuatro de sus miembros de los que dos corresponde designar al Gobierno y otros dos al Consejo del Poder Judicial (CGPJ).

Una mujer obligada a desnudarse en comisaria, otra que denuncia una agresión de la Policía y un recluso que alega que mientras llevaba grilletes los funcionarios le pegaron. Son tres casos que en las últimas semanas el Alto Tribunal ordena investigar a fondo, amparando así a los denunciantes.

Rel.: www.meneame.net/story/italia-mas-cerca-legalizar-eutanasia-lleva-canna /// El Tribunal Constitucional de Italia ha tumbado este martes un referéndum sobre la eutanasia y lo ha tildado de "inadmisible" porque no protege la vida humana en general y con especial referencia "a las personas débiles o vulnerables". Según los jueces del Tribunal Constitucional, "no se preservaría la defensa mínima constitucionalmente necesaria de la existencia humana", tal y como recoge el diario 'La Repubblica'.

El exdirigente de Podemos Alberto Rodríguez ha pedido al Tribunal Constitucional que anule la sentencia del Supremo que le condenó por dar una patada a un policía nacional sin que quedara probado –el Alto Tribunal le condenó con la declaración del agente como única prueba acusatoria– durante una protesta en La Laguna (Tenerife). La condena del Supremo provocó que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, le retirara su acta de diputado.

"Con las recusaciones se perdió la unanimidad, con votos particulares que serán utilizados por los condenados en sus recursos a Europa". No obstante, no cree que esté en juego la imparcialidad e independencia de la Justicia española porque "el TC está aplicando la Constitución". "Después, si Estrasburgo considera otra cosa, encantado de la vida, cada uno tiene su función", afirma.

El PP no se da por vencido y continuará pleiteando contra el nombramiento de la exministra Dolores Delgado como fiscal general pese al revés que recibió el pasado mes de octubre en el Tribunal Supremo, que inadmitió su recurso y el impulsado por Vox contra esta designación por falta de legitimación activa de ambas formaciones para reclamar sobre este asunto. Fuentes jurídicas de la formación confirman a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que llevarán el asunto al Tribunal Constitucional tras agotar la vía en el Supremo

Dopesick' no juega con medias tintas, sin prisioneros, no ofrece salidas. Una serie de Disney+, el 'kraken' del capitalismo mundial de entretenimiento, ha ejercido la denuncia más salvaje del ultracapitalismo estadounidense y certificado el fin del optimismo de los listos es sin duda un punto a favor para ese país. www.elconfidencial.com/cultura/2021-12-29/dopesick-disney-opiaceos-adi

El Tribunal Constitucional avaló el uso del decreto ley para aprobar la reforma laboral en un auto de 2014 cuyo ponente fue el hoy dirigente 'popular' y consejero de Isabel Díaz-Ayuso, Enrique López.

La mayoría conservadora del TC acabará previsiblemente en siete meses, porque en junio de 2022 se deben renovar otros cuatro magistrados: dos propuestos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y otros dos nombrados por el Gobierno. Con estas dos últimas incorporaciones se invertirá el equilibrio de fuerzas en el máximo tribunal de garantías, pasando de la composición actual de siete magistrados conservadores frente a cinco progresistas a justamente la inversa.

Enrique Arnaldo ya conoce su primera tarea en el Tribunal Constitucional: será el encargado de elaborar un proyecto de sentencia sobre la ley del aborto. Su encargo también incluye la ponencia acerca del recurso presentado por el PP en 2010 contra la ley de interrupción voluntaria del embarazo.

Según el Registro de la Propiedad, el nuevo magistrado del Constitucional posee 10 viviendas, 5 locales, 8 plazas de garaje y una finca urbana, y todo ello sin hipotecas, libre de cargas. Seis de esos bienes los recibió en herencia.

La Comunidad de Madrid prepara un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Gobierno de Pedro Sánchez por el reparto "a dedo" de parte de los fondos europeos. Lasquetty critica el reparto "a dedo" realizado por el Ejecutivo y asegura que Trabajo reservó parte de este paquete para destinarlo "sin criterio ninguno" a País Vasco, Extremadura, Navarra y Comunidad Valenciana.

Arnaldo se pronunció públicamente y por escrito contra la conocida como ley de plazos, a la que llegó a comparar con los decretos autoritarios de los zares rusos y a definirla como "la ocurrencia del momento". Aprobada bajo el Gobierno de Zapatero en 2010, fue recurrida de inmediato por el PP. Y lleva en la lista de espera del TC nada menos que 11 años.

El Parlamento portugués ha aprobado este viernes una nueva ley de la eutanasia, después de que el Tribunal Constitucional rechazara el primer texto a principios de este año. En esa ocasión, siete de los 12 jueces del tribunal consideraron que algunos conceptos de la ley estaban poco claros y la dejaban demasiado abierta a la interpretación de los profesionales médicos.

Se puede hablar en propiedad de un plusmarquista mundial, en la concepción de un cargo público como catapulta hacia el variado Código Penal. Y por tanto, es el mejor padrino para el flamante magistrado del Tribunal Constitucional, un Enrique Arnaldo que en el Congreso afrontó una mayor curiosidad sobre su vinculación con el policorrupto que sobre las indudables virtudes jurídicas que le han ganado el aval indisoluble de PP y PSOE.

El futuro presidente del Tribunal Constitucional, que según todas las previsiones será el magistrado Pedro González-Trevijano, maniobró en 2010 siendo rector de la Universidad Juan Carlos I con el también candidato a este órgano por el PP Enrique Arnaldo, para facilitar "algún vínculo académico" al entonces ya expresidente balear Jaume Matas. En ese momento, los dos últimos estaban siendo investigados en la 'macrocausa' Palma Arena. Relacionada: menea.me/24p6o