Conviene no perder de vista que mediar ante gobiernos extranjeros para beneficiar a empresas al margen de que presenten la mejor oferta, y más todavía si se tiene éxito en la gestión, es una actividad en general prohibida (en España, por ejemplo, lo estaría), máxime si media dinero y el funcionario que decide en un determinado sentido es recompensado también. La indecencia de la actividad a casi nadie se le escapa. Pero que encima lo realice el Jefe del Estado, y aprovechando la autoridad y los contactos que ello le confiere, es grave.
