La Sala Sexta de la Audiencia provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha ratificado una sentencia por la que un hombre deberá pagar a su exmujer casi 35.000 euros por el trabajo que ella realizó en el hogar y cuidando de los hijos de ambos mientras estuvieron casados en separación de bienes. La sentencia que ratifica la Audiencia Provincial la dictó el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Redondela en 2021 y, según recoge Efe

A. P. decidió apuntarse a un programa de intervención familiar de los Servicios Sociales de Castilla y León para mejorar la relación con sus hijas. Lo que jamás imaginó esta mujer es que, pocos meses después y sin aviso previo, llegarían a su casa trabajadores sociales y Guardia Civil para llevarse a sus hijas, notificarle que las habían declarado en desamparo y que le quitaban la tutela. Con solo 12 años, las mellizas fueron ingresadas en un centro de menores a 80 kilómetros, sin darles explicación ni justificación alguna. Así pasaron 1 año.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, la titular del Juzgado de lo Social número 4 de Barcelona da la razón a la trabajadora, que prestaba sus servicios contratada por la empresa AlemanProduct SL, y ordena su «inmediata readmisión», sin que ahora se le pueda imponer este tipo de vestimenta, así como que se la indemnice al concluir que la «imposición» de llevar tan poca ropa vulneró su derecho al honor y le causó daños morales.

La magistrada les acusa de crear una banda organizada para cobrar indemnizaciones y estafar más de 200.000 euros a hoteles y turoperadores con falsas denuncias por el denominado “fraude de las diarreas”

La joven de 23 años que presuntamente fue violada por Dani Alves ha renunciado, ante la jueza que investiga el caso, a ser indemnizada por el jugador, según han detallado a EL PAÍS fuentes de la investigación. Pese a que la magistrada le recordó que tiene derecho, en caso de condena, a ser resarcida económicamente por las lesiones y los daños morales sufridos, la mujer renunció explícitamente a ejercer ese derecho porque su objetivo, según explicitó, es que se haga justicia y que el exjugador del Barça pague con la cárcel por lo ocurrido.

La Audiencia Nacional ha rechazado pagar 1,9 millones a un italiano que reside en Tenerife que fue relacionado con la mafia y posteriormente absuelto. La reclamación se basa en que sus cuentas y bienes fueron embargados, perdió contratos, lucro cesante, daños patrimoniales, la pérdida de un Lamborghini que fue subastado por la mitad de su precio y dos motocicletas en mal estado a causa del abandono, al igual una embarcación, mientras que ordenadores, cámaras, fotografías, y un iPhone que no fueron devueltos porque el juzgado no sabe donde están