El registro realizado el 19 de abril por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de uno de los despachos del exgerente del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel, considerado la mano derecha del presunto cabecilla de la organización criminal Lezo, Ignacio González, aporta datos sobre el seguimiento que los integrantes de la trama realizaron sobre la supuesta responsabilidadde Alberto Ruiz-Gallardón en la ruinosa compra de la empresa colombiana Inassa por parte de la empresa pública madrileña del agua.

La Fiscalía investiga el desfalco del Canal de Isabel II y tiene previsto solicitar en un mes la citación del expresidente de la Comunidad de Madrid, que no se ha puesto en contacto con el Ministerio Público ni con la Audiencia Nacional.

Según El Mundo, el Ministerio Público planea imputar a Gallardón por la conducta presuntamente delictiva enmarcada en la adquisición de la sociedad latinoamericana por un valor de 83 millones de euros, hace ahora 16 años. Con esa operación, el PP de Madrid impulsó la expansión por Sudamérica de la empresa pública de aguas, pero la Fiscalía calcula un posible desfalco de 25 millones de euros por el sobreprecio de la empresa.

Acepta una pena de 8 de meses de privación de libertad que no se va a ejecutar al ser inferior a dos años y tratarse de su primera condena. También acepta pagar el 50% de la cuota defraudada, cifrada por la Fiscalía en 1,1 millones de euros. Durante su declaración, reconoció los hechos pero eximió a los que la Fiscalía apuntaba como colaboradores necesarios en el fraude, entre ellos, una cuñada de Gallardón

¿Cuánto costó realmente la M-30? Hasta ahora se habían manejado diversas cifras.El dato ofrecido este miércoles por el consejero apoderado de la sociedad Madrid Calle 30 es concluyente.El soterramiento de esa infraestructura y el modelo de gestión ideado por el PP le saldrá a los madrileños por 9.400 millones hasta dentro de 23 años.El proyecto inicial fue de 1.700 millones de euros, las obras se presupuestaron luego en 2.500 millones pero finalmente terminaron costando 3.600 millones. Estos gastos no incluyen el coste de mantenimiento..

La Comunidad de Madrid, con Alberto Ruiz Gallardón de presidente, pagó unos 200 millones más en expropiaciones de terrenos para la construcción de la M-45 que los fijados primeramente en los pliegos, que determinaban un coste en expropiaciones de 11 millones de euros.

Alberto Ruiz Gallardón inauguró el último tramo de la M-30 tres semanas antes de las elecciones municipales de 2007 a las que se presentaba a la reelección. Gallardón daba por terminada la infraestructura estrella de su primer mandato como alcalde de Madrid, que había empezado a inaugurar por tramos un año antes. Una auditoría interna de la empresa encargada del mantenimiento, cinco días antes de la última presentación, revela que gran parte de los sistemas de control y seguridad de los túneles ya abiertos seguían sin funcionar o no existían.

En 2016 la Comunidad de Madrid pagó en total casi 144 millones. La obra costó en el año 2002 unos 550 millones de euros. La concesión inicial de la M-45 fue de 30 años a la concesionaria del primer tramo de la vía y de 25 a las del segundo y tercer tramo. El pago del canon anual depende de la cantidad de coches que circulan por la carretera, que algunos días laborales soporta hasta 100.000 vehículos.

La UCO pidió ocho días antes de que estallara la operación Lezo el volcado del correo corporativo del expresidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón y del que fuera su consejero de Medio Ambiente, Carlos Mayor Oreja, hermano del exministro del Interior. Según precisa el atestado que el Instituto Armado remitió al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco para preparar el operativo, los investigadores rastreaban la intervención del también exministro de Justicia por un presunto desfalco de unos 70 millones de euros.

La Fiscalía Anticorrupción pidió el pasado mes de noviembre imputar al expresidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón por la compra en 2001 de la filial colombiana del Canal de Isabel II Inassa en una operación en la que supuestamente se desfalcaron 70 millones de euros y que fue "controlada por Alberto Ruiz-Gallardón y por 'su gente'".

Los investigadores sospechan que se aprobó la compra de una empresa colombiana con el fin de generar un sobrecoste “con el consiguiente desvío de capitales públicos”.

El Ayuntamiento de Madrid abonó un número superior de cámaras de seguridad de las que luego se instalaron a lo largo del recorrido de la M-30. Un total de 1.090 cámaras aparecen como certificadas, es decir que se pagó por ellas de acuerdo a los presupuestos aprobados. Sin embargo, según fuentes municipales, la plataforma de gestión del inventario sólo recoge la instalación de 978. Se puede estimar el abono de 1.342.000 euros "de manera totalmente injustificada". El importe medio de instalación de una cámara es de unos 11.000 euros.

El Atlético de Madrid pagó 6,2 millones de euros de la compra de La Peineta al anterior equipo de Gobierno del PP con 126.000 entradas de fútbol valoradas en 40 euros cada una, lo que ha llevado al Consistorio a abonar ahora esas facturas con un reconocimiento extrajudicial de crédito.

El Tribunal Constitucional ha vuelto a pronunciarse sobre las tasas judiciales impulsadas por el exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón. En respuesta a un recurso presentado por Dvuelta Legal, el tribunal de garantías, un año después de una primera resolución que tachó el gravamen como desproporcionado, vuelve a confirmar la inconstitucionalidad de la ley de 2012 lanzada por el antecesor de Rafael Catalá.

Suiza busca el rastro del exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón en su territorio en vinculación con la operación Lezo. Fuentes del caso han confirmado a El Confidencial que las autoridades helvéticas han iniciado pesquisas para tratar de acreditar si el también expresidente de la Comunidad de Madrid o personas de su entorno político obtuvieron beneficios tras la compra en el año 2001 de Inassa, la filial sudamericana del Canal de Isabel II.