Contratistas de Acuamed pagaron publicidad prodesaladoras a petición del Gobierno ZP. Noticias de España. La Guardia Civil investiga una campaña de constructoras que gastaron seis millones en TV para ayudar al Ejecutivo del PSOE, que había derogado el trasvase del Ebro. FEn 2007, el debate 'trasvase del Ebro contra desaladoras' era el tema más caliente en política ambiental. La Comunidad Valenciana, del PP, tenía bloqueados los permisos para avanzar en la desaladora de Torrevieja, la mayor de Europa. El entonces consejero de Medio Ambiente,...

El artículo incorpora dos documentos que analizan el marco jurídico para la inclusión de las cláusulas sociales y ambientales en los contratos públicos; a partir de la Directiva de contratación de 2014.

Contratos temporales encadenados durante años, fraudes laborales instaurados por sistema, incertidumbre, inestabilidad, horas que no se pagan... no solo ocurre en la empresa privada

Ni la Diputación de León, ni los Ayuntamientos de León y Ponferrada ni la Universidad de León publican sus licitaciones en la Plataforma de Contratación del Sector Público, lo que supone vulnerar la Ley según Transparencia Internacional.

no sobrepasar el límite de 60.000 euros le permitió a la Xunta de Galicia no pedir ofertas públicamente, si no simplemente invitar únicamente a dos empresas (Proximia Havas e Ingenio Media).

La edición rusa de la revista Forbes ha publicado que Kirill Shamalov ocupa el cuarto puesto en el ranking anual de contratos estatales multimillonarios.

El Tribunal de Contratación Pública entiende que esas cláusulas van en beneficio de los trabajadores y buscan una mejor prestación de los servicios contratados. Esos requisitos respetan tanto las leyes nacionales como las de la UE y no obligan a cambiar las condiciones de trabajo de las empresas. Relacionada: www.meneame.net/story/carmena-incluira-clausulas-sociales-contratos-pu

Anticorrupción sólo pide prisión para la mano derecha de Barberá, encargada de gestionar las cuentas del partido, tras tomar declaración a la mayoría de detenidos por la Operación Taula.. varias instituciones controladas por los populares cobraban comisiones ilegales del 3% a cambio de adjudicaciones de contratos públicos. Ese modus operandi ha podido ser habitual en la Generalitat, la Diputación y el Ayuntamiento de Valencia.

El Consistorio madrileño ha decidido dejar en un segundo plano el precio de los servicios contratados en favor de los “valores añadidos” de las empresas,tales como la igualdad, la accesibilidad o las condiciones laborales, serán determinantes a la hora de cerrar un contrato con el Consistorio de Manuela Carmena.. en el caso de aquellas empresas cuyo componente fundamental sea la mano de obra, el equipo de Carmena pondrá el foco en la estabilidad del empleo para cerrar un contrato.. el Ayuntamiento ha creado una comisión de seguimiento..

La Guardia Civil está registrando las oficinas de Madrid, Valencia y Murcia, así como oficinas de compañías adjudicatarias. Los agentes investigan si altos cargos de la entidad y de otras empresas pudieron cometer alguna irregularidad en la concesión de contratos públicos. Entre los arrestados se encuentran el director general y la directora de Ingeniería y Construcción de Acuamed. Rel.: www.meneame.net/story/op-frontino-guardia-civil-detiene-dg-acuamed-dir

Tiene contratados a 17 a tiempo completo y a otros nueve a media jornada, la mayoría de ellos como servicios externos y con sueldos similares a los de los celadores y los licenciados en prácticas, lo que supone un coste anual de 339.840 euros.

La UDEF investiga a filiales de ACS por amañar los contratos públicos en Cádiz. El juez imputa a dos funcionarios del consistorio y cuatro directivos de las mercantiles por repartirse las adjudicaciones del alumbrado público de la ciudad y otros servicios vinculados.

La Comunidad de Madrid destinó 4 de cada 10 euros del presupuesto sanitario de 2014 a contratos con empresas privadas.Pero apenas una quinta parte de ese dinero ha quedado reflejado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid:el perfil del contratante de la región solo da cuenta de 1.414 contratos,que suman 562 millones de euros,lo que deja un gasto de más de 2.200 millones sin publicar.Es uno de los resultados del informe de la Contratación pública de la Consejería de Sanidad en 2014,a cargo de la Auditoría Ciudadana de la Deuda sanitaria

Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, ha contratado a dos empresas vinculadas familiarmente a dos cargos de su partido, Barcelona en Comú, formación que incluye a Podemos en esta ciudad, según informa el diario ABC. El propósito: impulsar su proyecto de participación ciudadana. Este sistema usado para favorecer el activismo ciudadano es impropio del siglo XXI, pues consiste en colocar adhesivos de colores en un panel. De hecho ha sido recibido con sorpresa en algunos distritos.

El exvicepresidente del Gobierno sigue la tesis de Pujol y Botín y asegura que los bienes en el extranjero "tienen origen familiar" y que fueron "declarados voluntariamente" a la Hacienda pública española.

"Corrupción y política no pueden ir de la mano". Con esta frase dio por inaugurado hace tres meses Cristina Cifuentes "el tiempo nuevo" que, según ella, había llegado a la Comunidad de Madrid con el pacto PP-Ciudadanos. Lo dijo en su discurso de investidura, el pasado 26 de junio, pero siete días después, el 3 de julio, el Boletín Oficial de la Comunidad de Marid (BOCM) publicaba la adjudicación de un contrato, por parte de la Consejería de Educación, a una empresa involucrada en una de las ramificaciones del caso Pokémon.

En el caso enjuiciado por el Supremo, se analiza el supuesto de una trabajadora contratada como auxiliar administrativo por la Consejería de Empleo, Industria y Comercio de Canarias. Según los hechos probados de la Sentencia, la trabajadora empezó a prestar servicios en régimen de adscripción a trabajos en colaboración social, para la realización de tareas de auxiliar administrativo en 2008, encadenando sucesivas prórrogas hasta 31 de mayo de 2011.

Hacienda dispondrá de una Oficina Nacional de Evaluación que, con carácter previo a la licitación, analizará la sostenibilidad financiera de los contratos de concesiones de obras y servicios públicos.

La lucha contra la morosidad en el sector privado es una urgencia que viene impuesta por la Comisión Europea y que Cristóbal Montoro quiere llevar a un próximo Consejo de Ministros.

La propuesta supone un salto cualitativo respecto al debate que hasta ahora se había dado sobre las cláusulas sociales en la contratación, permitirá incorporar criterios inexistentes hasta ahora, como son los de género, comercio justo y sostenibilidad medioambiental a los que hasta ahora se venían planteando para mejorar los procesos de adquisición de bienes o adjudicación de obras y servicios. La contratación socialmente responsable y sostenible es un recurso fundamental de cara a facilitar la creación de empleo digno y de calidad.

La Ley de Contratos del Sector Público es clara: “La adjudicación se realizará, ordinariamente, utilizando el procedimiento abierto o el procedimiento restringido”.¿Se cumple? En lo que respecta a los ministerios y, en los últimos dos años, no. Tanto en 2013 como en 2014, el 60% de los contratos se adjudicaron vía negociado, la gran mayoría sin publicidad.

El partido denuncia que, tras años del PP en el poder, existe “una red clientelar de empresas que repetidamente han sido beneficiarias de contrataciones públicas”.

Artículo sobre el las recomendaciones y el informe de fiscalización sobre contratos de publicidad y comunicación institucional de la Administración General del Estado de los ejercicios 2010, 2011 y 2012. Destaca: -El ministro Soria destinó casi todo su presupuesto de 2012 a campañas sobre las Islas Canarias -Miguel Sebastián patrocinó un suplemento en La Razón en época electoral y sin informar de que estaba pagado por el ministerio

La base del entramado se constituyó presuntamente con el Grupo Plexus por parte de Antonio Agrasar Cascallar, conocido como el “bigotes gallego” y testaferro del PP de Galicia, junto a su antiguo profesor y colega de la Universidad de Santiago de Compostela, Carlos Hernández Sande, para aprovechar los contactos que tuvieran de la Xunta y constituir así la base de un entramado de empresas para poder utilizar la información privilegiada recibida para la adquisición de los contratos de servicios de los organismos de la Xunta destinados a la convoc

El hachazo a la pública en 2011 tuvo como respuesta una de las mayores movilizaciones vividas en la educación madrileña y en la defensa de los servicios públicos: la Marea Verde. Un movimiento que de la mano de toda la comunidad educativa logró que un 80% del profesorado secundara las huelgas de educación. El gobierno regional se asustó. Tanto como para reactivar toda su maquinaria neoliberal y acompañar los recortes de un relato totalizador para emponzoñar la imagen del profesorado de la pública. Aquí comienza nuestro primer acto.

“Ha nacido una nueva industria. Se llaman ecologistas, pero no lo son. Son sólo gente en busca de riqueza”, sostiene Wolfgang Kiessling, presidente de un grupo que ha forjado su patrimonio con cuantiosas subvenciones públicas, beneficios fiscales y una estrecha relación con la clase política. Kiessling es la cara visible de un proyecto que ha recibido cuantiosas subvenciones de las administraciones públicas canarias y que se ha beneficiado de incentivos fiscales como la Reserva para Inversiones de Canarias (RIC).

La contrata adjudicataria de las obras de remodelación de Pablo Iglesias mantiene la previsión de finalizar hoy los últimos remates pendientes de la acera entre General Suárez Valdés y Usandizaga. Será con siete días de retraso respecto a la última prórroga concedida, con lo que si no se producen nuevas demoras las empresas adjudicatarias –Sardesa y Arposa– deberán abonar una multa acumulada de 4.305 euros.

Los contribuyentes que hayan invertido en deuda pública a través del Banco de España durante 2023 deben tener en cuenta que en su borrador de la Renta no estará incluida la comisión por transferencia que aplica el organismo dentro del abono de la amortización de la inversión y sus intereses. Se deben añadir los gastos generados por la inversión de forma manual dentro de la declaración, para no perder ni un euro de la rentabilidad que ofrecieron el año pasado las Letras.

Grupo Control gana la batalla por reequilibrio económico en contratos públicos ante el aumento de los costes laborales. En un contexto marcado por la guerra en Ucrania y la creciente inflación, la empresa se enfrentó a un aumento considerable en sus costes laborales, lo que puso en tela de juicio la viabilidad de sus contratos existentes. Sin embargo, los tribunales y la Junta han respaldado sus reclamaciones, reconociendo la necesidad de actualizar los precios de los contratos para compensar los impactos imprevistos de los cambios en las cond

Portos de Galicia, dependiente de la Consellería do Mar, acaba de firmar el contrato para la redacción de estudios previos ambientales y técnicos para obras de dragado en más de una treintena de puertos de titularidad autonómica.Junto con las 31 actuaciones previstas en este contrato, el ente público acaba de tramitar también en los últimos meses un total de ocho actuaciones más de dragado por importe de 5,5 millones de euros.

Ya son 9.000 las quejas recogidas en cuatro meses por el estado de la Atención Primaria. Una veintena de centros de salud se encuentran en estado crítico y un millón de madrileños y madrileñas no tienen médico asignado.

Las pensiones crecerán menos que los salarios entre 2040 y 2070, por lo que una mayor proporción de personas tendrán su prestación topada a la pensión máxima. Esto permitirá un ahorro, aunque no es suficiente para compensar el previsible exceso de gasto. La última reforma de las pensiones (2021-2023) conlleva un aumento del gasto público en comparación con el escenario previo, principalmente por la revalorización anual de las pensiones contributivas conforme al aumento de los precios.

La candidata de Sumar no ha escuchado las palabras de la Ministra de sanidad público-privada, y tampoco sabía que se iba a ir a Sumar mientras cobraba de Podemos. Es que debe ser muy despistada, supongo

A la Xunta de Galicia se le piden todos los expedientes de sus contratos con Eulen entre 2008 y 2023. De ese grupo empresarial es directiva Micaela Núñez Feijóo, hermana del líder del PP, de la que se solicitan sus declaraciones de IRPF desde 2015. En el caso de Galicia, la Comisión del Congreso también se reclaman los contratos como el servicio de rastreo de casos de la covid-19 prestado por Universal Support, empresa de telemarketing vinculada al cuñado de Feijóo.

[Copio&Pego] Los preparados para lactantes y los cereales de la empresa alimentaria suiza que se venden en el Sur ignoran las directrices de la OMS contra la obesidad en Europa, según Public Eye. [...]