Los esfuerzos para descalificar a Trump de las papeletas estatales están empezando a materializarse a medida que diferentes grupos comienzan el proceso para desafiar la elegibilidad de Trump para ocupar el cargo. Ese argumento de descalificación se reduce a la Sección 3 de la 14a Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que dice que un funcionario público no es elegible para asumir un cargo público si "se involucró en insurrección o rebelión contra" los Estados Unidos, o si "se le dio ayuda o consuelo a los enemigos de los mismos"

El 16 de agosto, dos días antes de la fecha en que estaba prevista la audiencia para su sentencia, Christopher Worrell, un miembro de los Proud Boys convicto por su papel en los hechos violentos del 6 de enero de 2021, escapó del arresto domiciliario que le había sido concedido por una condición médica de la que padece. Una semana más tarde, la búsqueda continúa.

Se consideraba a John Kelly como una figura moderada dentro del contexto del clima político extremo del mandato de Trump

Algunos de los 18 acusados de cargos estatales por sus esfuerzos para interferir en los resultados de las elecciones de 2020 en el estado de Georgia comenzaron a entregarse este martes. Otros, a través de sus abogados, están cerrando acuerdos de fianza. Está previsto que Trump se entregue en la cárcel del condado de Fulton el jueves.

El tribunal exige a Trump un depósito de 80.000 dólares por el delito de organización criminal para falsear las elecciones, más 10.000 dólares por cada una de las otras doce acusaciones en su contra.

El cantante estaba allí el pasado viernes 18 de agosto con sus dos hijos de 12 años cuando entró un comando de 10 hombres armados. “Nos asaltaron, nos tuvieron atados a mis hijos, al personal de la casa y a mí durante más de dos horas”, ha escrito Bosé. Las autoridades de la capital están investigando los hechos para intentar esclarecer cómo han entrado 10 personas armadas en un espacio cerrado y de alta seguridad donde las propiedades alcanzan los 60 millones de pesos (unos 3,3 millones de euros)...

"Las declaraciones incendiarias" tendrá consecuencias, advierte la juez, y una es que acelere el inicio del juicio por conspiración, cosa que teme el expresidente. Su derecho a la libertad de expresión “no es absoluto” y, subrayó la magistrada, se ha de sopesar la protección de la integridad del proceso judicial, independientemente de su condición de candidato político.

«Nacidos para el delito». Este podría ser el antetítulo de esta noticia después de conocerse a lo que se dedicaban los miembros de una estirpe colombiana asentada en Usera que «le daba a todo tipo de golpes» Un sindicato del crimen en toda regla que se llenaba los bolsillos de manera ingente con todo tipo de asaltos, trapicheos y hasta okupaciones de las categorizadas como mafiosas.