El presidente en funciones de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Alfonso Guevara, ha abierto un expediente gubernativo en el que acuerda requerir al juez Manuel García Castellón el escrito de recusación presentado por uno de los investigados en la causa de ‘Tsunami Democràtic’, Oleguer Serra, que el instructor inadmitió por providencia el pasado 15 de noviembre.

Para el PSOE hay un sesgo patriarcal de la justicia y un ‘lawfare’ de Schrödinger. Que cuando le viene bien para disputarle el feminismo a su adversaria por la izquierda no existe y cuando está en otra pelea, sí existe. Los conatos fugaces de valentía del PSOE, de los que muy de vez en cuando les da por hacer gala, además de tímidos son, ante todo, selectivos. Desde luego llama la atención que la misma semana que montan el pifostio del siglo haciéndose los revolucionarios con una alusión explícita al ‘lawfare’ que ha operado en el tema catalán

El juez decano de Sevilla convoca una mani de jueces contra el “laufare”. No es coña.

Salvador Illa en La Hora de La 1 de TVE sobre el "lawfare" del acuerdo del PSOE con Junts: "Durante el proceso se uso la justicia para frenar un intento de secesión que mi partido político combatió (...) la democracia española es suficientemente solida para poder mostrar magnanimidad"

Afirman que el Parlamento no tiene derecho a revisar las decisiones de los tribunales por no estar entre sus funciones. Ese criterio se podría aplicar también en sentido contrario cuando magistrados han hecho declaraciones públicas de índole claramente política sobre la ideología del Gobierno o las leyes aprobadas por el Parlamento. Un juez reincidente es el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que relacionó al PCE y a Podemos con los nazis. El CGPJ no consideró que esas entrevistas fueran motivo de sanción o crítica

El fiscal Carballo afirma que García Castellón habría llevado a cabo tergiversaciones, suposiciones y omisión de datos para poder justificar las imputaciones —solicitadas, recordemos, en un momento crucial de la negociación de la Ley de Amnistía entre el PSOE y los partidos independentistas catalanes—, y llega a decir de Tsunami Democràtic que «aquí no hay grupo ni organización sino un perfil en las redes y postreramente una app o aplicación informática para teléfonos móviles».

El fiscal del caso recurre el auto de fin de la investigación de Tsunami Democràtic descartando terrorismo y recordando que dos personas no pueden ser organización criminal: “Aquí no hay grupo ni organización sino un perfil en las redes y postreramente una app para teléfonos móviles”

Según el Centro Estratégico Latinoamericano (CELAG), para que exista esta práctica contra opositores es necesaria la participación de los poderes judicial y mediático

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechaza la demanda del músico y respalda los nueve meses de prisión que le fueron impuestos por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona.

Tras semanas de negociaciones, PSOE y Junts han alcanzado finalmente un acuerdo que desbloquea la investidura: el partido de Carles Puigdemont apoyará con el voto favorable de sus diputados a Pedro Sánchez para ser reelegido como presidente del Gobierno. A falta de que se concrete la fecha de la investidura, el acuerdo ya ha sido firmado y será expuesto por ambos partidos en el día de hoy.

El PSOE lleva semanas deslizando la idea de que, una vez que haya nuevo Gobierno de coalición, se estudiará una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Fuentes del bloque minoritario del órgano de garantías consultadas por EL MUNDO muestran su profundo malestar porque se incluyera en el fallo una opción legal de renovación del Consejo cuando esa cuestión era ajena a las impugnaciones procesales recogidas en el recurso de Vox.

La Fiscalía ha solicitado al instructor del procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que dicte una nueva orden de búsqueda y captura internacional contra Carles Puigdemont y el también huido Toni Comín después de que el Tribunal General de la UE (TGUE) les haya retirado su inmunidad como parlamentarios europeos. Tras la reforma del Gobierno que eliminó la sedición, la nueva orden de detención se emitiría sobre la base del delito de malversación agravada, que contempla penas de hasta 12 años de cárcel y de entre 10 y 20 de inhabilitación.