La Guardia Civil ha localizado esta mañana un cuerpo sin vida en una zona rural en el término municipal de Hinojal (Cáceres), localidad donde desapareció hace un mes Vicente Sánchez, de 79 años, sin dejar rastro, agraciado con la lotería en los últimos años en al menos dos ocasiones. Fuentes de la Benemérita confirman que el cuerpo hallado "puede estar relacionado directamente con la desaparición del vecino". Dentro de la operación Recuera, los agentes detuvieron ayer a José María Lindo (56 años), que ejercía de alguacil en el Ayuntamiento.

Un hombre de unos 55 años, que responde a las iniciales J. M. L, ha sido detenido este jueves por la Guardia Civil por su presunta implicación en la desaparición de Vicente Sánchez, el vecino de Hinojal (Cáceres) de 79 años del que no se sabe nada hace más de un mes. El arrestado es, concretamente, el alguacil de este ayuntamiento, donde llevaba trabajando más de 30 años y, según medios locales, había participado en las batidas de búsqueda.

La sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha dictaminado que el VIII. Convenio de empresa de Iberdrola firmado en diciembre de 2020 por los sindicatos SIE, ATYPE-CC y USO y la dirección (regula las condiciones laborales de toda la plantilla estatal) contiene una tabla salarial ilegal. Considera que discrimina al personal en función de la fecha de entrada a la empresa. Es decir, al personal con fecha de alta anterior al 1 de enero de 2021 se le aplican unas tablas, y al personal con fecha de alta posterior a dicha fecha, otra tabla salarial

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que está investigando el uso de las cloacas del Estado contra Podemos y si la policía patriótica puso la lupa sobre el partido de Pablo Iglesias, rechaza ampliar la causa al Partido Popular y descarta citarlo a declarar en calidad de investigado como que pedía Pablo Iglesias. El magistrado asevera que, “a falta de otros indicios”, no es suficiente con decir que “las actividades presuntamente delictivas pretendían comportar un correlativo beneficio para esta formación política..

La Audiencia Nacional ha anulado la orden con la que Manuel García Castellón pretendía prolongar de forma irregular durante seis meses la investigación en una de las ramificaciones del 'caso Villarejo': la que analiza si un empresario contrató al comisario jubilado para extorsionar a su expareja. La Sala de lo Penal recuerda al juez que “en manera alguna” podía añadir seis meses más a una causa que lleva cuatro años y medio en marcha solo por estar esperando a que Rumanía envíe datos del caso. Recientemente un imputado del caso Tsunami Democràt

Anticorrupción pide cinco años de cárcel para Villarejo y tres para los periodistas por descubrimiento y revelación de secretos. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado la apertura de juicio oral para el comisario jubilado José Manuel Villarejo y para dos periodistas por el denominado 'caso Dina', en el que investigó el recorrido que tuvo la tarjeta telefónica de la exasesora de Podemos Dina Bousselham desde que le robaron el móvil en 2015 hasta que parte de la información que contenía apareció publicada en medios.

España es uno de los países europeos que no acepta la doble nacionalidad, con solo dos excepciones, Francia y Portugal. Así que, por el momento, si un rumano quiere convertirse en ciudadano español, tiene que cumplir ciertas condiciones, la principal de las cuales es renunciar a la ciudadanía rumana, un paso costoso e indeseado, que ha hecho que el número de los que lo han dado sea insignificante hasta ahora. Y ello a pesar de que los rumanos forman la segunda comunidad más numerosa en España, después de los marroquíes: según los criterios de r

El fiscal Miguel Ángel Carballo ha recurrido la petición del juez para enviar a Suiza el informe no oficial y “apócrifo” de los fiscales del Supremo partidarios de imputar a Carles Puigdemont por terrorismo al entender que García Castellón lo ha introducido en la causa fuera de los “cauces oficiales”. El Ministerio Público recurre la decisión del juez de introducir en la causa y enviar a Suiza el documento no oficial de la Fiscalía del Supremo sobre la imputación por terrorismo del expresident.

Golpear y detener sin motivo a un ciudadano le costará 3 años de cárcel y 8 de inhabilitación a Jorge A.S.A., agente de la Policía Nacional. Esta es la pena que decreta la Audiencia de Valladolid por los hechos ocurridos contra Atila S., a quien preguntar en la comisaría de Parquesol, que confundió con un hospital, le condujo a sufrir dos agresiones y a ser trasladado con grilletes a la Comisaría de Las Delicias, este último hecho bajo orden del superior del encausado tras escuchar su versión de los hechos pero sin haber visionado la cámara.

El hombre cobraba entre 100 y 900 euros a cada individuo por el empadronamiento y ha sido acusado por la Policía Nacional de incumplir la Ley de Extranjería

Un jurado de Nueva York determinó este viernes que el exjefe de la poderosa Asociación Nacional del Rifle (NRA, en inglés) Wayne LaPierre malgastó millones de dólares para su beneficio, como lujosos viajes para sus familiares y vacaciones, por lo que deberá devolver 4,3 millones de dólares por su mala gestión (unos 3,9 millones de euros). El jurado deliberó desde el pasado viernes tras un juicio civil en la Corte Suprema del estado y hoy alcanzó un acuerdo sobre su patrón de mala conducta financiera y corrupción entre los años 2014 y 2022.

El presidente de TECNIBERIA, Joan Franco ha asegurado que las empresas españolas de ingeniería «no ganan dinero» y el que ingresan viene fundamentalmente de los mercados exteriores y sirve para compensar pérdidas en el mercado nacional. «Además de no tener músculo no tenemos personal, que es el carburador. Yo no he visto una situación como la actual. La veo delicada». Pablo Bueno, presidente de TYPSA, ha señalado que la situación de las ingenierías es desastrosa ya que solo sobreviven, de aquella manera, las que tienen actividad internacional.

Estima que Hacienda prescinde en su análisis “del negocio jurídico” efectuado entre el club y el agente y lo sitúa en “un esquema negocial paralelo” que es el contrato de representación entre el jugador y el agente. En las otras cinco sentencias en las que la justicia también ha dado la razón a Dani Alves, establecían que el futbolista liquidó correctamente sus derechos de imagen mientras fue futbolista del FC Barcelona.