El Ministerio de Justicia ha ultimado ese jueves la adjudicación del contrato de servicios para la defensa jurídica del Estado y del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ante los tribunales belgas en la demanda formulada en su contra por Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsellers. La contratación, por un valor de más de medio millón de euros, se ha formalizado este tarde mediante su firma por la embajadora española en Bruselas y llega a tiempo para la vista en la que está previsto que se estudie la admisión a trámite de la acción c

El malestar de la ministra Dolores Delgado por la publicación, en distintos medios de comunicación, de los informes de la Abogacía en los que se apoyaba representar al magistrado ante la demanda de Carles Puigdemont desembocó en una tremenda bronca en la que sobrevoló la amenaza de ceses [...] En el cambio de criterio en fascículos del Ejecutivo respecto a la acción civil del 'expresident', escenificado en cuatro días, fue fundamental el conocimiento público de la existencia de estos dos escritos.

Pablo Llarena era el último de los candidatos posibles –según las propias Normas de Reparto– para instruir las causas contra aforados debido precisamente a su inexperiencia. Este error en la designación del inexperto Pablo Llarena como juez instructor de la causa del Procés se debió a una falta de previsión de Manuel Marchena, que desde que llegó a la presidencia de la Sala 2ª ha diseñado mal la composición de la sala de admisiones y la sala de apelaciones en las causas penales contra aforados. Las Normas de reparto de la Sala 2ª del Tribunal..

El tuitero @troqueliano explica en la SER por qué es "extremadamente improbable" que, como aseguran los abogados de Puigdemont y del resto de huidos, esa alteración se deba a un error no voluntario

El partido ultraderechista VOX ha presentado este martes en la Audiencia Nacional una querella contra el magistrado del Tribunal de Primera Instancia Francófono de Bruselas que dirimirá, el próximo 4 de septiembre, la demanda civil interpuesta Carles Puigdemont y los consellers en el exilio contra el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

El Movimiento 24DOS, una asociación de abogados presidida por el abogado penalista Nicolás González-Cuéllar, ha anunciado que presentará una querella contra el titular de la Primera Sala del Juzgado de Primera Instancia Francófono de Bruselas si este admite la demanda de Carles Puigdemont y los cuatro ex consellers huidos contra el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

El PP quiere aprovechar su mayoría absoluta en el Senado para llevar a cabo la reprobación de la Ministra.

El presidente confirma el cambio de criterio del Gobierno para defender al juez del procés ante la demanda interpuesta por Puigdemont en BélgicaSánchez defiende que la Fiscalía investigue a los Mossos por identificar a quienes retiran lazos amarillos en Catalunya: "Es autónoma"El socialista inicia en Chile su primera gira latinoamericana y sostiene que España no debe interferir en la política de países como Venezuela

La demanda civil presentada por Carles Puigdemont en Bélgica reproduce en su contenido el textual las declaraciones ante los medios que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena realizó tras un acto privado celebrado en Oviedo. El escrito se presentó ante un Juzgado de Primera Instancia de Bruselas en francés y se acompaña de una traducción jurada en castellano. Se ha introducido en la variante en francés un sutil cambio en las palabras del magistrado que altera el sentido de la frase concreta que pronunció ante la prensa.

El Convenio con el que se pretende costear la defensa de Llarena fue firmado en el año 2010, al amparo del derecho a la defensa jurídica de los empleados públicos que fue suprimido por la Ley de Tasas del ex ministro, Alberto Ruiz-Galardón. Si el gobierno de Sánchez quisiera recuperar retroactivamente la eficacia del Convenio del 2010 para costear la defensa de Llarena, se enfrentará entonces a una catarata de reclamaciones de todos aquellos jueces y magistrados que también hubieran sido condenados en costas durante estos cinco últimos años.

La presión de jueces y fiscales ha obligado al Gobierno de Pedro Sánchez a matizar su postura inicial sobre la defensa del magistrado del Tribunal Supremo que instruye el 'procés', Pablo Llarena, tras la demanda civil presentada por el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Mientras que el pasado jueves el Ministerio de Justicia aseguró que el Estado no asumiría la defensa de los actos "privados" de Llarena, el Ejecutivo salió con un nuevo comunicado este domingo para desdecirse de esas palabras

La demanda de Puigdemont altera en francés las declaraciones del juez Llarena. El original que leerá el juez belga que debe decidir sobre la acción civil pone en boca del magistardo español una afirmación que nunca efectuó

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, se ha mostrado este lunes en contra de que "todos los españoles" costeen la defensa del juez del Supremo Pablo Llarena ante la demanda interpuesta en Bélgica por el expresidente catalán Carles Puigdemont y varios exconsejeros.

Carles Campuzano ha acusado al Gobierno de "amedrentarse ante la derecha" y ha asegurado que "no tiene sentido" que el Ejecutivo de Sánchez ampare al juez Llarena

Fuentes judiciales consultadas por la SER dan por hecho que el magistrado del Supremo no irá por el requerimiento de la Justicia belga por la denuncia de Puigdemont y el resto de exdirigentes catalanes fugados que le acusan de no ser imparcial

Por esa razón la artimaña de Pablo Llarena, a través de la vía oblicua que supuso la declaración de rebeldía y el cierre en falso de la instrucción del ‘procés’, constituyó un fraude de ley intentando evitar la influencia que podía tener en la causa catalana un eventual pronunciamiento de la justicia belga sobre las palabras del magistrado pronunciadas a título particular.

En domingo y a media tarde el Gobierno ha reaccionado a la defensiva en el caso Llarena ante la tormenta que le cae encima por haber, supuestamente, abandonado a su suerte al magistrado del Tribunal Supremo y principal instructor de la causa general contra el independentismo, Pablo Llarena. Por medio de una nota de prensa distribuida poco después de las cuatro y media, el ejecutivo español ha defendido que ha actuado con "total diligencia" y ha puesto en marcha "todos los mecanismos necesarios para la defensa de nuestra soberanía jurisdicciona

Las asociaciones progresistas de jueces y fiscales se desmarcan de un Comunicado conjunto del resto de asociaciones en el que muestran su estupor y acusan al gobierno de dejación de funciones ante la demanda interpuesta por Carles Puigdemont y 4 exconsellers contra el juez del Supremo Pablo Llarena en Belgica.

"Si así de nerviosos se ponen con una simple demanda civil no quiero ni pensar cómo se pondrán cuándo se enteren del resto de acciones legales", ha asegurado el abogado. Solo le ha faltado añadir #ahilodejo.

El Ministerio de Justicia advierte que el Estado español no asumirá en ningún caso la defensa del juez Pablo Llarena por los actos privados que se le atribuyen.

Consideran que los exiliados buscan hacer daño personal al magistrado y no sólo desacreditar el proceso y que Justicia ha caído en la estrategia de éstos, dejando "vendido" a Llarena, que ahora tendrá que pagar un abogado de su bolsillo que le costará miles de euros.

La demanda civil belga de los procesados independentistas contra el magistrado Pablo Llarena es una caja de Pandora. Según ha sabido ARA, fue el propio Carlos Lesmes, presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) quien promovió la anulación del seguro por responsabilidades civiles que tenían jueces y magistrados. Y por otro lado, el Ministerio de Justicia, bajo presión -según fuentes judiciales- de Lesmes anunció ayer que se personará en la causa civil

El Estado no asumirá "en ningún caso la defensa del juez Pablo Llarena por los actos privados que se le atribuyen". "La demanda presentada incluye referencias a expresiones privadas realizadas por el juez Llarena ante las que el Gobierno no puede actuar", sostiene Justicia. España sí se personará en la causa para defender lo referente a la función jurisdiccional del magistrado.