Los correos entre los inspectores encargados de informar al juez Pablo Ruz y sus superiores apuntan a una "eventual intervención sobre decisiones de funcionarios públicos", según la investigación judicial.

El informe anual de EE.UU. sobre derechos humanos ha destacado el caso de Roger Español y el Catalangate, después de que el año pasado diera crédito a los informes sobre el uso de Pegasus contra el independentismo catalán. Se trata de un exhaustivo documento elaborado cada año desde 1997 por el Departamento de Estado sobre la vulneración de derechos humanos en todo el mundo, que sirve de guía al Congreso de Estados Unidos a la hora de determinar la ayuda exterior que se concede a cada país.

Así, la Junta de Fiscales de Sala -en la que está presente toda la cúpula fiscal- se celebrará una vez que la fiscal María de la O Silva, que es la que debe informar sobre la admisión o no de la querella presentada por la pareja de Ayuso, invocó el artículo 27 del Estatuto Orgánico, al no estar de acuerdo con la orden de la número 2 del Ministerio Público, María Ángeles Sánchez Conde. La también teniente fiscal del Supremo le pidió verbalmente que rechazara la querella al invocar el principio jerárquico de unidad de actuación

El fondo ve improbable que prospere la denuncia de Hacienda ante la Fiscalía por presunto fraude en la venta del gigante sanitario, pero la pone ante los inversores como "ejemplo" de riesgo para todo el sector

Fernando Bentabol reconoce la sensación de impunidad de los narcotraficantes y advierte de que el principal problema es la falta de medios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado Primer caso de tráfico de fentanilo en Málaga: la droga 'zombie', en la Costa del Sol a pequeña escala Cae una familia de narcotraficantes que escondía la droga en farolas, arquetas y alcantarillas y la vendían en Málaga y Cádiz

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana Álvarez, ha reconocido este lunes desde los micrófonos de la COPE la residencia fiscal del hermano de Pedro Sánchez en Portugal, añadiendo además que «sí es ético y es legal». Estas declaraciones han provocado la reacción del PP de esta comunidad, cuyo portavoz, José Ángel Sánchez Juliá, ha pedido al PSOE de Extremadura que, primero «desautorice el delegado de Gobierno» y, segundo, «repruebe la actitud tan poco ética de David Sánchez Pérez-Castejón».

Un nuevo gobierno, en manos del conservador Luis Montenegro, acaba de echar andar con un Parlamento fragmentado y los 50 escaños asignados a la ultraderecha de Chega.

La Fiscalía del Tribunal Supremo pide 16 años y medio más de cárcel para el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán, así como para un subinspector de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional, al considerar que deben ser condenados por detención ilegal de los familiares del exdiputado del PP Álvaro Gijón.

Juan Pedro Aleart es el presentador del programa De 12 a 14, las noticias del Canal 3 argentino. Aleart relató este jueves que sufrieron abusos sexuales y violencia familiar por parte de su padre y de su tío. "Mi padre abusó sexualmente de mi hermana delante de mí. Tras años intentando convencer a su hermana para denunciar, consiguieron presentar la demanda ante la Justicia argentina. "Mi padre fue notificado de la denuncia hace tres semanas y al no querer enfrentar la atrocidad que había cometido, decidió suicidarse".

La propaganda de Rodríguez oculta que cualquier acuerdo solo puede darse sobre la base del reconocimiento de los delitos. No se trata de una discrepancia con Hacienda sobre cantidades, como trata de hacer creer la presidenta y su equipo de comunicación, la denuncia de la Fiscalía y lo que ya ha reconocido el propio González Amador en ese correo son delitos penados con entre uno y seis años de cárcel. Dicho de otra manera: cualquier acuerdo de conformidad implicará la condena a la pareja de Ayuso, al menos por fraude fiscal.

Nuevo informe con datos de la Agencia Tributaria, el INE y el Banco de España. Todas las fuentes muestran que los hogares de caseros son la población de mayores ingresos del país. Sus ingresos más que duplican los ingresos de los inquilinos. ¿Qué pasaría si los caseros dejaran de percibir ingresos de los alquileres? Su renta seguiría siendo más del doble que la renta de los inquilinos. Renta caseros sin alquiler: 40.515€. Renta inquilinos: 19.758€. Datos: Agencia Tributaria. Lo mismo se observa con los datos del Banco de España.

En tan solo 100 días, desde el 7 de abril de 1994, fueron asesinadas más de 800.000 personas, la mayoría de la minoría tutsi, pero también moderados de la etnia hutu.

Los directivos del BCR tardaron más de seis meses en decidir si aceptaban la donación de 16 millones ya que el origen de esta fortuna estrechamente ligada al exjefe del Estado es un misterio que no ha sido aclarado. La Fiscalía Anticorrupción investigó este trust para determinar si el dinero era del rey emérito. Hasta 2004 y durante casi una década, el entonces rey Juan Carlos I fue el titular de los fondos.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha salido este lunes en defensa de los dos responsables de la Fiscalía de Madrid denunciados por supuesta revelación de secretos por Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso e imputado por un fraude fiscal de 350.000 euros. El empresario acusa tanto a la fiscal jefe de Madrid como al fiscal que le investigó y denunció de haber difundido a través de un comunicado datos confidenciales sobre los correos en los que su defensa, en busca de un acuerdo, reconoció varios delitos.

"Si la amnistía obedece a una pura razón de convivencia política que, de modo coyuntural, pueda beneficiar a determinados ciudadanos por el mero hecho de alcanzarse un acuerdo político (en este caso, para una investidura), la amnistía así concedida contraviene claramente el principio de igualdad ante la ley", añaden. Sobre este extremo, además, sostienen que "no es necesaria la amnistía para alcanzar el efecto jurídico deseado", dado que consideran que éste "puede obtenerse mediante la reforma del Código Penal o mediante el indulto".

Ambas asociaciones han hecho entrega del documento al portavoz de cada grupo político, así como a la presidenta de la Cámara Baja. "Sin perjuicio de otras acciones institucionales, creemos necesario que en el Congreso se inicie una comisión de investigación que pueda analizar lo sucedido en las residencias de cada comunidad autónoma, al objeto de esclarecer qué decisiones han sido acertadas y cuáles no", han expresado Marea de Residencias y Verdad y Justicia, en un comunicado.