La Comunidad de Madrid ha comunicado al alcalde de San Fernando de Henares la necesidad de que emita con "urgencia" la orden de ruina destinada a demoler un edificio de la localidad desalojado desde septiembre pasado como uno de los más afectados por los problemas generados por la línea 7B de Metro. El Gobierno regional dice en un comunicado remitido este domingo que pide al Ayuntamiento que emita la orden de ruina después que en la tarde del sábado se detectara que el inmueble presenta "un hundimiento relativo, es decir, mayor de lo habitual"

Desde UGT, no podemos más que condenar y denunciar un hecho que actúa directamente en contra de los trabajadores y trabajadoras de este país, perjudicando a nuestra organización. Cabe recordar que UGT es una organización sindical sin ánimo de lucro, y que dirige todos sus esfuerzos y recursos a defender los intereses de las personas trabajadoras.

El centro social autogestionado se instaló en un inmueble municipal cedido a una fundación privada que lo mantenía sin actividad y el Gobierno municipal de PP y Ciudadanos ordenó el desahucio, pero la justicia ha zanjado que el Ayuntamiento no tenía legitimidad para hacerlo.

EL PAÍS accede a documentación que explica los problemas de las viviendas bajo las que se construyó la línea 7B, y que han obligado a realojar a 99 personas. Hablamos de la "zona cero": un conjunto de edificios que pierde pie, llenándose de grietas alarmantes, desde que Esperanza Aguirre decidió construir a toda mecha la línea 7B de Metro para inaugurarla antes de las elecciones de 2007.

Los tres trabajadores de una empresa de 'desokupaciones' irrumpieron encapuchados de madrugada en dos viviendas. El dueño de las viviendas también se enfrenta a una multa de 7.200 € por contratar sus servicios.

La Audiencia de Sevilla ha confirmado una sentencia previa que condena a dos personas a desalojar la vivienda que habitaban en San Juan de Aznalfarache.