Entrar en el despacho de una diputada sin su consentimiento y arrojar sus informes médicos al pasillo es un delito. Tanto quien ejecutó la acción como quien la ordenó, debe rendir cuentas de inmediato. Si esto pasara con diputados del PP o del PSOE hoy no se hablaría de otra cosa

Podemos ha pedido amparo a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por la “entrada forzada” a los despachos de los cuatro diputados que la formación conserva y el vaciado de sus pertenencias, que han sido depositadas en un pasillo. El partido que dirige Ione Belarra ha denunciado en la comisaría de policía de la Cámara “el acceso irregular al despacho de sus diputados”, ya que asegura que no tiene comunicación alguna sobre cambios en los espacios personales de trabajo adjudicados a sus parlamentarios. Fuentes de Sumar han explicado que,

Sumar solicitó entonces a los diputados morados que entregaran sus despachos después de romper su alianza. La Mesa del Congreso así lo resolvió y el 30 de enero, explican fuentes de Sumar, los servicios de la Cámara baja le trasladaron a Podemos que debían efectuar el cambio.

Hace dos meses Podemos anunció su decisión de pasarse al Grupo Mixto abandonando el paraguas de Sumar, con el que se había presentado a las elecciones generales del 23-J. Y es que, según explican fuentes del Grupo Plurinacional, los morados no habían abandonado todavía los cinco despachos de la planta cuarta del Congreso de los Diputados, donde están ubicadas las dependencias de Sumar a pesar de tener que trasladarse a la quinta, territorio, entre otros, de los parlamentarios del Grupo Mixto.

El super PAC afiliado al Comité Estadounidense Israelí de Asuntos Públicos, que planea gastar dinero récord para desbancar a los miembros progresistas de "The Squad", recaudó 35 millones de dólares en la segunda mitad de 2023, muestran nuevas revelaciones, y terminó el año con casi 41 millones de dólares en efectivo en la mano. El AIPAC tiene en su punto de mira a los críticos más abiertos de la ofensiva bélica de Israel en Gaza, como las representantes Ilhan Omar (demócrata de Minnesota) y Rashida Tlaib (demócrata de Michigan), la única congre

Cuatro mujeres fueron detenidas por la Policía Federal este miércoles por la noche, luego de finalizada la sesión especial por la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados, por estar manifestándose pacíficamente en las inmediaciones del Congreso de la Nación, como consecuencia del protocolo "antipiquete" establecido por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. "Me senté en el piso a cantar el himno, por eso me agarran. ¿Esto es legal? Ni siquiera pertenezco a un partido político, vine por mi cuenta", contó una de las jóvenes al móvil de C5N…

Vida (Inocente Duke): Voy al baño de mujeres del Congreso de los Diputados y pasa esto.... Capítulo final, capítulo 13

La ejecutiva provisional de Sumar "aprobó la propuesta de Yolanda Díaz de que Íñigo Errejón sustituya a Marta Lois como portavoz del grupo parlamentario", un nombramiento que ya tenía la aquiescencia de todos los partidos que forman la coalición.

Entendieron que, al pagar la multa cuando se sustituyó por la pena de cárcel, la inhabilitación no tenía que haber tenido lugar. Fue la primera vez que una sentencia del Tribunal Constitucional modificaba la pena que debía imponerse a un condenado. Una reclamación que se encuentra regulada en el artículo 106.2 de la Constitución y que permite a una persona reclamar por el perjuicio sufrido como consecuencia de una actuación de la Administración. Al igual que el 121, que señala que “los daños causados por error judicial, así como los que sean co

"No se ha hecho absolutamente nada ante el secuestro, otra vez más, de la voluntad popular de 100.000 canarios que vieron como el escaño que era conocido por todos de repente dejó de estar en el espacio Sumar", ha criticado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha subido a la tribuna para pedir disculpas a las personas con discapacidad por llegar "tarde" a esta reforma

Los letrados de la comisión de Justicia del Congreso consideran que la proposición de Ley de Amnistía que el Gobierno pretende aprobar para borrar los delitos del procés tiene visos de inconstitucionalidad. Los juristas de la comisión que ha de debatir el texto y las enmiendas presentadas al mismo creen que la iniciativa no puede estar amparada por el paraguas de la Ley de Amnistía de 1977 aprobada antes de la entrada en vigor de la Carta Magna