"Se pueden imaginar que el PSOE está comiendo palomitas, y no descartaría yo que Casado no estuviera también haciendo lo mismo. Tras las embestidas del PP por el caso Koldo, tras el nivel de exigencia sobre la corrupción situado en el listón más alto, ahora estalla este caso, que sirve a Ayuso para aparecer otra vez como la víctima doliente, cansada de soportar sobre sus hombros tanto infundio y tanta mentira. Su declaración de ayer fue de manual, de manual del victimismo."

La sociedad fue disuelta en 2022, tras los dos ejercicios en los que las Alberto González Amador defraudó a Hacienda, y la creó en 2013 Fernando Camino, actual presidente de Quirón Prevención.

Igual que el PP agarró el caso Koldo, ahora el Gobierno y el PSOE cogen también al vuelo el caso que salpica a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. En concreto, a quien su pareja desde 2021, Alberto González Amador, a quien la Fiscalía Provincial de Madrid ha denunciado —a él y a otras cuatro personas— por defraudar, presuntamente, 350.951 euros a Hacienda entre 2021 y 2021 a través de una trama de facturas falsas y sociedades pantalla.

Miguel Ángel García, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, anuncia que "en breves" se autorizará el contrato de licitación de la Ciudad de la Justicia.

Las facturas falsas presentadas a Hacienda por Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, trataron de camuflar los beneficios de estas comisiones millonarias por vender mascarillas a proveedores de la administración en los peores meses de la pandemia.

Unos pocos pasos de testaferros y sociedades pantalla conectan a Alberto González Amador —pareja de Ayuso desde 2021— con la trama de corrupción que se ha destapado en los últimos días en el seno del PSOE.

El SES lo ha puesto en conocimiento de la Guardia Civil, para esclarecer su procedencia. Parte del material está caducado y con carteles de "no usar"

El comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba, pertenecía a la "esfera" de influencia del conseguidor, Víctor de Aldama y del exasesor de Ábalos. Villalba era “uno de los nuestros” que estableció una "línea de comunicación segura", abrió “un par de puertas” en Venezuela o realizó "una gestión en B de la hostia". Trabajos por los que cobraba 2.000 euros mensuales en negro.

La Junta de Andalucía adquirió en los primeros meses de pandemia mascarillas que estaban caducadas desde 2014. A día de hoy, la empresa proveedora del material sanitario no ha recibido ninguna sanción, tal y como ha podido comprobar ElPlural.com. Se trata de tapabocas de la firma Suremask ConfortCover, que se repartieron en los centros de salud de la Axarquía (Málaga). Tal y como contaban los medios de comunicación en mayo de 2020, algún responsable de la entrega masiva tachó con rotulador negro la fecha de caducidad, que no pudo verse hasta...

Ente Certificazione Macchine SRL. Esta es la empresa italiana que certificó las mascarillas de la compañía Priviet Sportive SL para el suministro de mascarillas del que se lucró el hermano de Isabel Díaz Ayuso, Tomás Díaz Ayuso. También figuraba como entidad europea en los tapabocas FFP2/KN95 que vendió la mercantil Leno al Ayuntamiento de Madrid, de la que los comisionistas Alberto Luceño y Luis Medina fueron intermediarios. Asimismo, aparece en el material con sello falso que vendió la firma Sibucu 360 al principio de la pandemia.

La exalcaldesa criticaba duramente al Gobierno de Navarra por no dar salida a las mascarillas de Sodena antes de que caducasen al tiempo que el Ayuntamiento de Pamplona mantenía abandonadas 400.000 en un almacén municipal

No existen precedentes en la historia de los juicios con jurado celebrados en Ourense en los que un magistrado haya manifestado un criterio diferente al del tribunal popular. Los togados siempre han dictado sentencia tomando en consideración las conclusiones ciudadanas, pero por primera vez esto no ha sido así.

La Guardia Civil ha hallado nueva documentación relativa a la "operación colegios", una actuación urbanística del Ayuntamiento de Valencia por la que un conocido empresario valenciano, Jaime Febrer, habría abonado comisiones millonarias a cargos de PP y PSOE para quedarse con tres parcelas municipales de altísimo valor.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha incorporado un informe al sumario de la trama de mascarillas que aporta novedades relevantes y explicación a los supuestos pagos de comisiones que habrían provocado un incremento de 1.5 millones en el patrimonio de Koldo García. La UCO revela que al asesor de Ábalos le incautaron 24.000 euros en su casa el día que le detuvieron en Polop, así como una hoja de libreta, que bajo el epígrafe “metálico”, recoge anotaciones de 10.000 en 10.000 y otras supuestas cantidades menores. El informe ...

El caso de la compra de mascarillas por parte del Ayuntamiento de Madrid al empresario malayo San Chin Choon ha regresado a la palestra mediática, y con él, cabe recordar dos cosas. La primera, que buena parte del mismo resultó ser defectuoso y no servir para su cometido en pleno auge de la pandemia, además de que dos empresarios, Luis Medina y Alberto Luceño, se llevasen comisiones millonarias por la operación. Y la segunda, que la que fuera coordinadora general de Presupuestos y Recursos Humanos en el Ayuntamiento de Madrid, Elena Collado, fu

Pedro Sánchez habla de "un bulo" y reduce la cascada de informaciones sobre la trama que afecta a su Gobierno a "Una campaña de desinformación, intoxicación, bulos e insidias como forma de hacer política" ha dicho Sánchez que traza un paralelismo con la teoría de la conspiración sobre la autoría de los atentados de 2004.

La compra de material sanitario por parte del Gobierno gallego puede llegar a la Fiscalía de la UE tras la denuncia de una plataforma cívica..

Al inicio de la pandemia, el Ministerio del Interior adjudicó un contrato de test antiCovid, por valor de 600.000 euros, a una de las empresas del doctor Ignacio Palomo, el ginecólogo de la mujer de Koldo García Izaguirre. Este último era la mano derecha del ministro José Luis Ábalos y actualmente está investigado por la Audiencia Nacional en la causa judicial a la que da nombre, el llamado caso Koldo.