El tribunal reprocha al condenado sus maniobras dilatorias por haberle comunicado el último día de ingreso voluntario en prisión una patología conocida por él hace meses

A un día de que finalice el plazo que le concedió el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para entrar de forma voluntaria en la cárcel, el aún juez Salvador Alba, condenado por los delitos de prevaricación judicial, cohecho y falsedad documental, ha presentado un escrito en el que solicita suspender el requerimiento de ingreso en prisión. Alega que padece una enfermedad grave que le impide viajar en avión y que no puede cumplir la condena en las Islas porque ninguno de sus centros penitenciarios posee un modulo específico.

El TSJC ha tenido que recurrir a la policía judicial para citar personalmente al aún juez Salvador Alba (suspendido en funciones y con un expediente de expulsión abierto en el CGPJ) a una comparecencia este martes a las once horas en la Sala de lo Civil y lo Penal. Alba fue condenado a seis años y medio de prisión y a 18 de inhabilitación por conspirar contra Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. El pasado jueves expiró el plazo que el TSJC había concedido a Alba para que ingresara voluntariamente.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias lo cita ahora para el 1 de febrero, 68 días después de que el Supremo ratificara su condena de 2019, para notificarle personalmente que ha de ir a la cárcel. La condena del diputado Alberto Rodríguez fue ejecutada en 15 días, incluidos dos fines de semana.

Ha interpuesto un incidente extraordinario de nulidad contra la sentencia del Tribunal Supremo que el pasado noviembre confirmó su condena a seis años y medio de cárcel, 18 de inhabilitación y una indemnización de 60.000 euros a la magistrada Victoria Rosell, víctima de sus actividades delictivas planeadas para beneficiar al entonces ministro José Manuel Soria.

El TSJ de Canarias inicia la ejecución de sentencia que lo condenó a seis años y medio de prisión y a 18 de inhabilitación. Le ordena que ingrese 12.150 euros de multa y que su compañía de seguros pague a la magistrada Victoria Rosell 60.000 de indemnización.

La condena del juez Alba, la constatación de que sus maniobras fueron tan deleznables que han fraguado en una condena de prisión del Supremo, solo dejan claro que la conspiración tramada contra Rosell era cierta.

Cómo son las cosas. Aquellas noticias que se publicaban abriendo portadas en 2015 (a pocos días de las elecciones) sobre la "juez estrella de Podemos", se han dado la vuelta completamente. Tras tantos telediarios, páginas de periódicos y tertulias ¿se habrá explicado la resolución del asunto con tanta profusión como cuando solo había acusaciones contra una política de Podemos? Pues juzguen ustedes mismos. En realidad lo que ha pasado es que hemos vuelto a vivir un caso de amnesia periodística, al menos en las portadas.

La delegada del Gobierno para la Violencia de Género y magistrada en excendencia, Victoria Rosell, ha considerado este jueves que el Consejero General del Poder Judicial (CGPJ) debe apartar de la carrera al juez Salvador Alba tras haber confirmado el Tribunal Supremo su condena a seis años y medio de cárcel y 18 de inhabilitación.

“El contenido de la grabación sonroja”. La fiscal del Tribunal Supremo Iliana Navia-Osorio no tuvo miramientos a la hora de calificar el comportamiento del juez Salvador Alba Mesa en la causa por la que fue condenado en 2019 a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación por conspirar contra la magistrada Victoria Rosell. El juez (actualmente suspendido) no se presentó al juicio en el que se revisaba su recurso a la sentencia.

El abogado de la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha pedido al Tribunal Supremo que eleve de seis años y medio a diez la pena de cárcel para el juez de Las Palmas Salvador Alba por "intentar destruirla" al conspirar para perjudicarla cuando era diputada de Podemos. El Supremo celebra la vista sobre los recursos presentados contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

La decisión adoptada el martes por la Consejería de Educación de aislar en un aula del colegio Alba Plata a las dos hermanas cuyos padres se niegan a que acudan a clase con mascarilla ha generado una cascada de reacciones negativas de tal calibre que ayer, 24 horas después, la Junta de Extremadura rectificó y endureció su postura sobre este controvertido asunto.