El Ministerio de Igualdad ha propuesto este viernes que los servicios sociales ofrezcan de forma “automática” una vivienda y el ingreso mínimo vital u otras ayudas económicas a mujeres víctimas de violencia de género que conviven con su agresor por su situación de “precariedad” o “exclusión social” y la falta de alternativa habitacional.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha apostado este lunes por “dirigir la mirada” hacia el “tramo alto” de la recomendación de los expertos en las negociaciones sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). La Comisión Asesora adscrita al Ministerio de Trabajo propuso varios escenarios para el alza de este indicador y la alternativa más elevada contemplaba una subida del 8,2%, es decir, 1.082 euros brutos mensuales en 14 pagas.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto que revisa la planificación hidrológica de una docena de demarcaciones hidrográficas para el periodo 2022-2027, que entre otras novedades incluye el establecimiento de un caudal ecológico mínimo en el río Tajo, que se aplicará de forma progresiva y que tiene como consecuencia el recorte gradual del trasvase Tajo-Segura de entre 70 y 110 hectómetros cúbicos de aquí a 2027.

La marca supera los 41,8 grados bajo cero registrados en 1987.

Inés Aparicio, madrileña de 41 años, ha tardado dos años antes de empezar a recibir el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Cuando lo solicitó por primera vez, en agosto de 2020, era madre soltera de un niño de 4 años y trabajaba ocasionalmente como educadora artística. Tenía todos los requisitos para recibir el IMV, pero por alguna razón que nunca consiguió entender, le seguían denegando la ayuda."Voy al banco y me entero de que no me han ingresado el dinero. Dejaron de darme el IMV sin avisar ni dar ningún tipo de explicación”, reclama Aparicio.

El germen del IN [impuesto negativo] ha ido degenerando en adaptaciones y modificaciones con múltiples nombres: “renta básica universal”, “subsidio universal garantizado”, «ingreso básico universal«, «ingreso ciudadano«, «ingreso mínimo«, “ingreso mínimo vital”. Todas ellas condicionadas por principios éticos y sociales. Pero mucho más importante y por lo que da tanto que hablar: Por principios económicos. Algunos de estos términos simplemente son sinónimos, pero otros se diferencian en cuestiones esenciales.

Los fuertes aumentos en la cesta de la compra exigen celeridad para una actualización del SMI, que ya debería estar hecha. Yolanda Díaz promete una pronta negociación pero aún no está convocada la mesa. La CEOE advierte su techo mientras los sindicatos y economistas recuerdan la necesidad de mantener el poder adquisitivo, y no solo por justicia social.

Un grupo de expertos conservador ha dicho que el sistema de bienestar no proporciona suficiente apoyo a las personas y ha pedido la introducción de un "ingreso mínimo". Bright Blue, respaldado por algunos parlamentarios conservadores de alto nivel, dice que los hogares necesitan un ingreso mínimo para cubrir el costo de vida.

El secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, destacó este martes que el Gobierno está trabajando para que la Subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se apruebe antes de que acabe el mes de enero.

El ingreso mínimo vital (IMV) ha alcanzado a 549.670 hogares en los que viven 1.542.675 personas, según la estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social hasta finales de diciembre. Esta prestación, que abona la Seguridad Social, “está teniendo una especial incidencia en la reducción de la pobreza infantil”, destaca el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social”. Y es que, del total de beneficiarios un 42,7% son menores (659.424).

Como casi todas las medidas de política social del país, el salario mínimo fue propuesto y aprobado por primera vez durante la llamada “era progresista”, el pequeño interludio reformista en Estados Unidos entre finales del siglo XIX y la primera guerra mundial. La primera ley fue aprobada en Massachusetts en 1912, cubriendo sólo niños y mujeres, tras una de las huelgas más célebres del movimiento obrero americano.

Hace casi 30 años, los economistas David Card y Alan Krueger desmontaron la doctrina económica imperante sobre el salario mínimo. En una investigación de 1994 concluyeron que el aumento del salario mínimo no siempre destruye empleo y que, de hecho, cuando lo hace parece tener efectos negativos bastante limitados. Desde entonces ha llovido mucho, estos dos economistas ganaron el Premio Nobel por sus aportaciones y, aunque algunas voces insisten en demonizar la medida como gran destructora de puestos de trabajo, cada vez son las menos.

Las centrales obreras y los gremios lograron un acuerdo que incluye un aumento del 20% del subsidio de transporte para la remuneración de 2023

El Gobierno de Polonia no ve razones para vincular la adopción formal de la ayuda de 18.000 millones de euros a Ucrania en 2023 con la aprobación de un tipo mínimo del 15 % para las multinacionales, una postura que en la práctica está retrasando a aprobación del nuevo paquete de ayuda macrofinanciera a Kiev. Los Veintisiete lograron un acuerdo político para desbloquear ambos puntos, así como el plan de recuperación de Hungría y la congelación de fondos regionales a Budapest, pero este pacto tiene que ser ratificado por todas las capitales.

Todo está ya a punto para iniciar las negociaciones para subir el Salario Mínimo Profesional. El informe de los expertos estará listo esta semana y el Ministerio de Trabajo convocará para la próxima la reunión con los agentes sociales para decidir el nivel a que debe aumentar el SMI en 2023. En realidad, el Gobierno ya fijó el objetivo: el 60% del salario medio. Lo que falta es traducir este porcentaje en euros. Lo que en Trabajo dan por seguro es que la parte baja de la horquilla que planteen los expertos estará por encima de los 1.049 euros.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha destacado este lunes que la ley del 'solo sí es sí' “es sólida” y que “sirve para proteger los derechos de las mujeres” después de que la Fiscalía haya rechazado este lunes rebajar las penas a los agresores sexuales cuando la pena impuesta pueda dictarse con el nuevo marco penal. “La Fiscalía General del Estado unifica criterios para aplicar adecuadamente la ley del 'solo sí es sí'.

La Unión Sindical Suiza (USS), el mayor sindicato del país, pidió este martes el establecimiento de un salario mínimo de 4.500 francos suizos mensuales (4.600 euros) para los trabajadores. «Si los salarios no se adaptan al coste de la vida, no solo tendremos una crisis de poder adquisitivo, nos arriesgamos a una recesión económica acompañada de paro», señaló el presidente de la USS, Pierre-Yves Maillard. Según la principal asociación de trabajadores del país, alrededor de medio millón de trabajadores (cerca del 10 % de la población económica...

El Ministerio de Trabajo encargó un informe auxiliar sobre el impacto de la subida del SMI después de que el Banco de España publicase el suyo en el 2021. Este informe permaneció oculto hasta que el Instituto Ostrom les denunció y Trasparencia les obligó a hacerlo público, lo cual sucedió ayer. El informe concluye que: 1) hubo una reducción de la desigualdad salarial; 2) disminuyó el empleo en colectivos afectados; 3) Afectó negativamente a personas >30 años y quienes disponían de jornada completa.

Dice a Ayuso que si tuviera “un mínimo de vergüenza” rectificaría su política tributaria ante la situación de los servicios públicos en Madrid -

El efecto SMI, que ha subido un 56% desde 2012, es nulo sobre las prestaciones mínimas de retiro, que se elevan durante ese periodo un 15%. El peso de jubilados 'pobres' ha disminuido un 6,7 puntos en la década

Las estadísticas dan fe de que, con el aumento de la demanda y la irrupción de los pisos de uso turístico, el mercado del arrendamiento se ha calentado, pues en los últimos ocho años el salario medio bruto en Galicia solo ha crecido un 10% (21.856 euros). Si en 2014 siete de cada diez contratos firmados implicaban el pago de una renta de entre 200 y 400 euros, hoy el esfuerzo que afronta el inquilino es mayor, pues el 71% se mueve en un rango de 300 a 600 euros.

Las nóminas de los presos que trabajan en las cárceles de España reflejan sueldos de entre 200 y 300 euros al mes, en promedio; y las retribuciones por hora están entre los 3,2 y los 4,5 euros para un operario base, por debajo del salario mínimo interprofesional, fijado en 1.000 euros. Y, sin embargo, hay mucha más demanda que oferta laboral en las prisiones