La investigación contra Eduardo Zaplana por el presunto blanqueo durante años de 10,5 millones de euros procedentes del cobro de comisiones ilegales acaba de experimentar un nuevo salto. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se desplazaron la semana pasada a Uruguay para registrar la vivienda del abogado Fernando Belhot, un experto en la creación de estructuras 'offshore'.

Los agentes piden al juez que investigue las cuentas en la isla de Jersey de la hija del principal testaferro de la red corrupta, porque tienen indicios de "la existencia de un patrimonio de Edmundo Rodríguez Sobrino que no está declarado".

La empresa pública madrileña sostiene que no tenía conocimiento del documento que desaconsejaba la compra de la firma brasileña y pide la imputación del analista que confeccionó el dossier por colaborar en la elaboración de facturas falsas en Colombia por 8,9 millones de dólares.

Luis Peral,exconsejero de los gobiernos de Gallardón y Aguirre,es accionista junto a sus seis hermanos de la firma Damasus Sarl,hasta ahora controlada por su madre,de 89 años. Conocido por su discurso homófobo y antiabortista,abandonó su acta de diputado en Madrid en enero de 2017 pero en octubre Casado le recuperó para el partido como responsable de Familia del PP regional. En 2016 era el segundo político en activo más rico de España,con un patrimonio de 5,4 millones,y en julio fue imputado junto al resto de consejeros de Gallardón por compra

Acciona, la constructora de la familia Entrecanales, se ha convertido en la primera empresa del selecto Íbex 35 que admite vínculos con la corrupción mientras los tribunales investigan a otras como Indra en los casos Lezo y Púnica, a ACS en Lezo y el ‘tres per cent’ y a FCC,ésta en la Púnica y en el caso Pujol, y el Supremo estudia si dos directivos de Ferrovial deben ser condenados por, presuntamente, canalizar comisiones que acababan en manos de la antigua Convergència a través del Palau de la Música. Fuera del Íbex. OHL,la constructora que..

Cada vez son más los investigados en macrocausas de la Audiencia Nacional que se oponen frontalmente a que los jueces de instrucción incorporen al sumario las conversaciones supuestamente confidenciales que mantienen con sus letrados pero que acaban siendo grabadas por autorización judicial . El descontento que genera la ausencia de filtro judicial sobre estos 'pinchazos' va en aumento y, en algunos casos, como ocurre en la trama Lezo, ha derivado en una querella por prevaricación contra el magistrado instructor.

Desde que, hace unos años, se recuperó y popularizó su recuerdo, Blas de Lezo es para muchos españoles la quintaesencia del héroe militar español, por su hazaña de la defensa de Cartagena de Indias (Colombia) en 1741, frente al ataque de una flota inglesa muy superior.

La sentencia del 'caso Urralburu' confirma que Obrascon abonó 108.000 euros por un tramo de la Autovía del Norte y que entregó otros 600.000 euros por un servicio de contravigilancia que no recibió.

La comisión del Congreso que investiga la supuesta financiación ilegal del PP citará el próximo mes de diciembre al presidente de ACS y del Real Madrid, Florentino Pérez, cuya empresa aparece como una de las donantes del partido en la documentación entregada a la Justicia por el extesorero Luis Bárcenas, y planea fijar para febrero la comparecencia del expresidente del partido y del Gobierno, Mariano Rajoy.

La titular del Juzgado número 5 de Estepona, Isabel Conejo, se había inhibido a la Audiencia Nacional para que el magistrado Manuel García Castellón investigara la compra de un dúplex de lujo por parte del cabecilla de la trama 'Lezo'.

La Fiscalía ha abierto una investigación para esclarecer si varios exmagistrados cobraron mordidas por ayudar a Inassa en un litigio judicial. Uno de ellos pudo recibir 200.000 dólares.

El comisario prestó servicios a una sociedad vinculada al empresario de la 'jet set' por los que dos de sus firmas ingresaron 44.500 euros.

Santiago García Benavides, imputado en el 'caso Lezo', reconoció haber percibido en 2001, mientras disfrutaba de una excedencia, el dinero por la venta de las acciones de la firma colombiana al Canal de Isabel II. Declaró que "era y sigue siendo militar", explicó a preguntas de la fiscal que entre 1995 y 1997 desempeñó el cargo de director de Seguridad en el Ministerio de Economía y Hacienda, y en esta última fecha, en 1997, se incorporó "a instancias de Aguas de Barcelona, a solicitud de ellos, en una entrevista aquí en Madrid, a Colombia..

La Subdirección General de Localización y Recuperación de Bienes del Ministerio de Justicia ha enviado al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional un informe de 31 páginas, reclamado por el juez Manuel García-Castellón, en el que se analiza el patrimonio del exalcalde y expresidente madrileño Alberto Ruiz-Gallardón, así como el de otros imputados en el 'caso Lezo', según consta en un escrito que tuvo su entrada en la Audiencia Nacional el 8 de agosto.

Solicita información de los secretarios generales del gobierno regional en 2001 para citarles como testigos por esta operación del Canal de Isabel II. El magistrado continúa con las pesquisas en la pieza número 1 de la trama con el fin de averiguar cual era la verdadera información que disponía el gobierno de Gallardón de la operativa, la cual costó 73 millones de euros a la empresa pública de aguas y estuvo, según denuncia la Fiscalía, plagada de irregularidades.

El líder conservador rearma a la formación con una veintena de nombramientos entre los que se encuentra Peral, un imputado del Gobierno de Gallardón. Luis Peral fue uno de los miembros del Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón que fueron imputados en bloque en el seno de la Operación Lezo ya que es en 2001 cuando se decide que el Canal de Isabel II compre Inassa por 83 millones de euros, 10 veces su valor real, para expandirse por América. Además, la transacción se realizó a través de una sociedad offshore de Panamá.El cargo que ha reservado..

Un juzgado de Madrid ha declarado "improcedente" el despido de María Fernanda Richmond,exdirectora de negocios del Canal de Isabel II,imputada por seis delitos en la trama Lezo. El 26 de octubre de 2017,el Consejo de Administración del Canal de Isabel II acordó el despido fulminante de Richmond. Se ampararon en el informe que encargaron al despacho de abogados Uría Menéndez,que concluyó que,tras su imputación en la trama Lezo,el despido de Richmond,exdirectora de negocios del Canal era procedente,y además,sin cobrar ningún tipo de indemnización

El testaferro y hombre fuerte de Ignacio González en Latinoamérica, Edmundo Rodríguez Sobrino, le aconsejó que "se tranquilizase y pasara desapercibido". En esa misma conversación, la exdirectora financiera del Canal, María Fernanda Richmond, sostiene que los ingresos de González no justificaban su alto tren de vida..

Los acusados insisten en que se interrogue a los miembros de la consultora por la operación que supuso un desembolso al Canal de 21,4 millones.El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón no tiene intención alguna de tomar declaración a los responsables de la auditora KPMG que elaboraron el informe sobre la compra de la brasileña Emissao por parte del Canal de Isabel II en 2013.

El gobierno de Esperanza Aguirre benefició con subvenciones millonarias a Ildefonso de Miguel, detenido en la operación Lezo. Según 'El Mundo', la Comunidad de Madrid le adjudicó tres millones de euros en ayudas que sirvieron para financiar negocios de De Miguel en aeropuertos de Canarias. Aena le llegó a adjudicar la construcción de hasta tres torres de control..

El accionista mayoritario de OHL, Juan Miguel Villar Mir, ha remitido un escrito al juez del ‘caso Lezo’ en el que protesta por el proceder del instructor de la causa que no le ha facilitado el testimonio del periodista José María García sobre las presuntas comisiones al PP que hizo a Jordi Évole, en el programa Salvados de laSexta, del que informa vozpopuli.com.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, que investiga el ' caso Lezo', ha requerido al presidente del consejo de administración del Grupo ACS/Dragados, Florentino Pérez, para que identifique "sin género de dudas" a la persona "concreta" que tomó la decisión de subcontratar a la sociedad Tecnoconcret, de la familia del expresidente madrileño Ignacio González, para construir un campo de golf en Chamberí (Madrid), según consta en un auto de 9 de agosto.

Sólo entonces, con el arresto de González, se decidió a dar su adiós definitivo a la política renunciando a su acta de concejal en el Ayuntamiento de Madrid. "Me siento engañada y traicionada por Ignacio González. No vigilé lo que debía", justificó entonces. Ahora, ella misma puede acabar investigada por firmar la modificación de contrato que permitió la construcción de un campo de golf en las instalaciones del Canal de Isabel II, un contrato que acabó en manos de Tecnoconcret, la empresa vinculada a Ignacio González.

Pedro Calvo advierte de que el juez Manuel García-Castellón no ha llamado a declarar al parlamentario José Ignacio Echániz, que participó en la compra de Inassa, y apunta a la posibilidad de que el instructor quiera evitar que el Supremo se haga con la causa.