Ambas asociaciones han hecho entrega del documento al portavoz de cada grupo político, así como a la presidenta de la Cámara Baja. "Sin perjuicio de otras acciones institucionales, creemos necesario que en el Congreso se inicie una comisión de investigación que pueda analizar lo sucedido en las residencias de cada comunidad autónoma, al objeto de esclarecer qué decisiones han sido acertadas y cuáles no", han expresado Marea de Residencias y Verdad y Justicia, en un comunicado.

El pasado 1 de abril la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de Cartagena dictó una resolución que hoy se ha hecho pública, que reconoce a una letrada designada por el turno de oficio que “está ejercitando un derecho de huelga”, que se trata de “un derecho individual” y “que se encuentra […]

Al término de los 80 minutos de actuación, los 13 intérpretes subieron al escenario. El público se puso en pie y los despidió con un minuto de ovación y corearon una sola palabra: “¡Justicia, justicia, justicia!”. Con los fondos recaudados este sábado, las dos organizaciones van a traducir al inglés el informe de 148 páginas de la Comisión ciudadana.

2024 comenzó con las protestas de los trabajadores del campo, que marcharon contra los recortes de las subvenciones y, en general, contra la política del Ejecutivo y su coalición. Luego se produjo la huelga de ferroviarios, en medio de movilizaciones en contra de la extrema derecha y ahora los servicios de seguridad de los aeropuertos y el transporte público de las ciudades. “Ahora que la negociación colectiva se ha celebrado en todos los estados federales y no ha dado ningún resultado, ha llegado el momento de presionar más a los empresarios".

Entre las opciones para obtener ese visado, estaba la posibilidad de invertir, por ejemplo, dos millones de euros de deuda pública, un millón en acciones de empresas españolas, depositar un millón de euros en una cuenta bancaria o la opción más económica y preferida por los inversores: comprar vivienda en territorio español valorada en 500.000 euros o más. De todos los visados concedidos desde el año 2013, el 96% de ellos ha sido mediante esa adquisición de inmuebles.

Estas negociaciones están paralizadas ante la última propuesta de la empresa considerada de irrisoria por parte del Comité de Empresa de Iveco Madrid (UGT, CGT y CCOO) que representan a unas 3.000 personas trabajadoras aproximadamente.

Miembros de las plataformas Verdad y Justicia y Marea de Residencias han acudido al pleno de la Asamblea y han presentado en el Registro el documento para los grupos parlamentarios -PP, Más Madrid, PSOE y Vox- y para el presidente de la Comisión de Familia y Asuntos Sociales, José Ángel Rumayor, después de llevarlo este miércoles a la Fiscalía Superior de Madrid.

Para Carlos Sardinero, de la firma Sardinero Abogados, reclamarlo "no tiene absolutamente ningún fundamento". El experto, que ha impugnado la legalidad y constitucionalidad de los "protocolos de la vergüenza", opina que la decisión del Gobierno de Ayuso "va contra la teoría de los actos propios. No tenían opción de salir de allí". "Es un acto incongruente con la precedente forma de proceder", insiste.

cuatro años después de las trágicas muertes, familias de esos mayores han recibido cartas de la Consejería de Asuntos Sociales del Gobierno de Ayuso, aunque no de reparación, sino para reclamarles el dinero por los días de marzo y abril que estuvieron sus allegados en los centros de mayores antes de morir

El 76% de los residentes que fallecieron a causa del coronavirus entre marzo y abril de 2020 murieron en los propios centros sin ser trasladados a los hospitales. Así se desprende de las 11 actas de las inspecciones sanitarias de oficio realizadas por la Consejería de Sanidad a las que ha tenido acceso la Cadena SER. Las inspecciones fueron muy pocas en los peores meses de la pandemia. Los técnicos sólo visitaron once residencias. El número total de víctimas mortales confirmados con pruebas diagnósticas o con síntomas compatibles con la COVID

La multinacional estadounidense DXC Technology, encargada de proporcionar servicios informáticos y de gestión a grandes empresas y entidades públicas en España, se enfrenta a una huelga de sus trabajadores que podría tener un impacto significativo en sectores clave de la economía del país. Los empleados de DXC, que suman alrededor de 7.500, están llamados a secundar paros durante siete días estratégicamente seleccionados, comenzando el 21 de marzo y extendiéndose hasta el 5 de junio.

El Comité de empresa de Mercadona ha decidido llamar a una huelga en los supermercados de Cantabria para este sábado 30 de marzo, tras casi dos meses en los que, según el sindicato MAYSA Cantabria, la empresa no ha mostrado intención de corregir su trato. El principal problema que denuncian es que, tras los despidos del personal más veterano, no se ha repuesto personal, lo que está generando problemas de conciliación laboral y personal. A este aumento de la carga de trabajo se suma la persecución contra quienes están en situación de baja médica

Los familiares de las víctimas en las residencias de la Comunidad de Madrid nos piden colaboración para difundir esta Carta Abierta donde se solicita a la Fiscalía General del Estado y al CGPJ que intervengan sin demora

El coronavirus dejó una situación sin precedentes en las residencias de mayores de toda España. Esto es así, con escasez de material y de medidas de seguridad, y con condiciones totalmente desfasadas para los profesionales de estos centros, pero queda la sensación de que en ocasiones las administraciones y los responsables podrían haber hecho algo más. A veces las deficiencias o, directamente, la mala praxis, fueron protagonistas en estos centros de la tercera edad. Seguramente el caso más palpable sea Madrid, cuyas a

Mientras el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso pleitea para no tener que hacer públicas las actas de la Policía municipal de Madrid en las residencias durante la primera ola de la pandemia, los alcaldes del PP en la región emulan la misma actitud obstruccionista y se niegan a entregar los atestados policiales respecto a las residencias de sus municipios. Los concejales de Más Madrid llevan pidiendo esas actas en sus respectivos municipios desde principios del pasado mes de febrero, cuando el Gobierno regional interpuso un recurso contencioso

Los episodios de escabiosis o sarna se han multiplicado por más de cinco en los últimos seis años en la Comunidad de Madrid, pasando de los 3.413 registrados en 2018 hasta alcanzar los 18.352 contabilizados en 2023, año en el que el número de brotes en residencias de personas mayores se ha disparado con respecto al quinquenio anterior. Todo esto según los datos publicados hoy por la Consejería de Sanidad de Madrid.