La Fiscalía del Tribunal Supremo pide 16 años y medio más de cárcel para el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán, así como para un subinspector de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional, al considerar que deben ser condenados por detención ilegal de los familiares del exdiputado del PP Álvaro Gijón.

La propaganda de Rodríguez oculta que cualquier acuerdo solo puede darse sobre la base del reconocimiento de los delitos. No se trata de una discrepancia con Hacienda sobre cantidades, como trata de hacer creer la presidenta y su equipo de comunicación, la denuncia de la Fiscalía y lo que ya ha reconocido el propio González Amador en ese correo son delitos penados con entre uno y seis años de cárcel. Dicho de otra manera: cualquier acuerdo de conformidad implicará la condena a la pareja de Ayuso, al menos por fraude fiscal.

El Supremo avala que una empresa pueda deducirse el impuesto de sociedades devengado en ejercicios prescritos. El Tribunal Supremo ha avalado que una empresa pueda deducirse en el impuesto de sociedades un gasto contabilizado de forma incorrecta en un ejercicio posterior al de su devengo, pese a que éste se encontrase prescrito, según fija una sentencia fechada el pasado 22 de marzo.

Los directivos del BCR tardaron más de seis meses en decidir si aceptaban la donación de 16 millones ya que el origen de esta fortuna estrechamente ligada al exjefe del Estado es un misterio que no ha sido aclarado. La Fiscalía Anticorrupción investigó este trust para determinar si el dinero era del rey emérito. Hasta 2004 y durante casi una década, el entonces rey Juan Carlos I fue el titular de los fondos.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha salido este lunes en defensa de los dos responsables de la Fiscalía de Madrid denunciados por supuesta revelación de secretos por Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso e imputado por un fraude fiscal de 350.000 euros. El empresario acusa tanto a la fiscal jefe de Madrid como al fiscal que le investigó y denunció de haber difundido a través de un comunicado datos confidenciales sobre los correos en los que su defensa, en busca de un acuerdo, reconoció varios delitos.

A los pocos meses de estar embarazada de cuatrillizos, Hanna Castle, en coordinación con su esposo, se inscribió en Medicaid, un seguro de salud del gobierno estadounidense que ayuda a muchas personas de bajos ingresos para pagar sus cuentas médicas. Para calificar, tuvo que renunciar a su empleo. Fue la mejor decisión, pues las facturas ascendieron a 4 millones de dólares, una cifra que se le hubiera hecho imposible de pagar a la pareja.

Una diputada de Vox en el Parlament de Catalunya ha denunciado ante la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) los gastos personales que el secretario general del partido y candidato a la Generalitat, Ignacio Garriga, cargó presuntamente a la cámara catalana a pesar de no tener nada que ver con su actividad política.

Consumidores en Acción ha denunciado a Live Nation España SAU, empresa promotora de los conciertos de AC/DC que se celebrarán los días 31 de mayo y 1 de junio en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, por imponer durante el proceso de compra de entradas unos “gastos de gestión” de hasta 20 euros. La asociación pide además que devuelvan a los usuarios el dinero del concepto "Platinum", al cobrar un precio diferente en función de la oferta y la demanda de entradas.

"Si la amnistía obedece a una pura razón de convivencia política que, de modo coyuntural, pueda beneficiar a determinados ciudadanos por el mero hecho de alcanzarse un acuerdo político (en este caso, para una investidura), la amnistía así concedida contraviene claramente el principio de igualdad ante la ley", añaden. Sobre este extremo, además, sostienen que "no es necesaria la amnistía para alcanzar el efecto jurídico deseado", dado que consideran que éste "puede obtenerse mediante la reforma del Código Penal o mediante el indulto".

Veintisiete personas serán juzgadas el lunes por lavado de dinero en relación con el escándalo de evasión fiscal de los "Papeles de Panamá", que reveló cuántos de los ricos del mundo tenían activos escondidos en empresas extraterritoriales. Las revelaciones de 2016 sacudieron a los gobiernos, expusieron a personalidades de alto perfil, desencadenaron decenas de investigaciones en todo el mundo y asestaron un golpe a la reputación de Panamá como centro financiero extraterritorial. Los acusados que serán juzgados en un tribunal penal panameño