Un informe de la Intervención de la Generalitat Valenciana ha dado un vuelco inesperado a la investigación sobre los sobrecostes en el circuito urbano de la Fórmula 1. Cuando la jueza instructora había decidido procesar al expresidente de la Generalitat Francisco Camps por malversación y prevaricación por estas obras, el informe del auditor público entregado recientemente provocó que el fiscal Anticorrupción solicitara el archivo de la causa por prescripción de los delitos al no haber suficiente perjuicio económico para el agravante.

Después de que una juez de Valencia pidiera hace semanas procesar a Francisco Camps por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y falsedad en documento oficial, presuntamente cometidos en el diseño y construcción del circuito de Fórmula 1, ahora la Fiscalía Anticorrupción ha sido la primera en pronunciarse, pero para solicitar el archivo y sobreseimiento provisional de la causa.

Cuestiona las declaraciones de Ricardo Costa señalando a Camps como responsable directo de la construcción del circuito y que se incorporaron posteriormente a la causa. El fiscal anticorrupción sostiene que la acusación de Costa está injustificada porque la instructora no prueba que el cobro de esas mordidas se produjera. Tampoco entiende que se pueda mantener la acusación del delito prevaricación administrativa, por encontrarse prescrito el delito. Por último Ponce añade que no existen hechos en la causa que tampoco justifiquen la persecución

Al igual que hiciera Carlos Fabra recientemente (www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/sucesos/carlos-fabra-injurias) El expresidente valenciano defendera su honor perjudicado en la causa que investiga injurias y calumnias de pederastia, asesinato y ritos satánicos con menores a políticos, jueces, fiscales y empresarios dentro del Caso Bar España.

El expresident de la Generalitat Francisco Camps ha anunciado que se querellará contra la jueza que le ha procesado junto a otros ex altos cargos y empresarios por la construcción del circuito urbano de Fórmula Uno en Valencia, una causa que el exdirigente del PP ve "puramente política".

La jueza considera que hay inidicios de prevaricación, malversación y falsedad documental; cohecho y/o tráfico de influencias.

La decisión judicial abre la puerta a sentar en el banquillo al expresidente de la Generalitat y a varios miembros de su gobiernos, así como al presidente de FCC Construcción, José Mayor Oreja, por la construcción del circuito urbano que costó cien millones de eurosAcusa a los 16 procesados de haber cometido presuntamente los delitos de malversación, prevaricación, falsedad documental, cohecho y tráfico de influencias

La jueza del Juzgado de Instrucción número 17 de Valencia ha decidido procesar al expresidente de la Generalitat Francisco Camps; al que fuera su vicepresidente Vicente Rambla; al exconseller de Infraestructuras Mario Flores y a cargos del Ente Gestor de la Red de Transporte y Puertos de la Generalitat y empresarios. Camps impulsó el circuito "dándose trato de favor a determinadas empresas que resultaban beneficiadas de adjudicaciones públicas por donaciones y entregas de dinero no hechas de modo altruista, sino con carácter finalist",

La Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) solo ha podido recuperar unos 35 millones de euros de este dinero público desembolsado entre 2014 y 1018 a través de la venta de sus sedes y la transferencia de activos a un fondo buitre.Las entidades que más dinero han ingresado por avales fallidos que garantizaba la Generalitat han sido Bankia y Sabadell,por ser los sucesores de Bancaja y CAM. El director de la nueva SGR ha trasladado la auditoría forense a la Consellería de Hacienda para estudiar posibles acciones penales contra los responsables de los

El Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia, que investiga desde 2016 las irregularidades en las contrataciones de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias, con motivo de la visita cursada por el Papa Benedicto XVI a la ciudad en julio de 2006, ha citado a declarar a ocho investigados entre los meses de abril y mayo próximos.

El diputado nacional del PP Gerardo Camps, quien fue miembro del consejo de administración de la mercantil, ha declarado este viernes en calidad de investigado ante el Juzgado de Instrucción número de 3 de Castellón por presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. Asegura no tener nada que ver con los contratos deportivos investigados y deja caer que la responsabilidad es del expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra.

El expresidente valenciano declaró hace un mes, imputado en una pieza separada de la trama Gürtel y negó haber tenido trato con Álvaro Pérez 'El Bigotes', pese a que en una grabación le llamaba "amiguito del alma". Camps niega ahora su amistad y deja frases como: "Daba la sensación de que el único amigo que tenía aparte de Dios, era Pérez”."Álvaro Pérez no es ni ha sido nunca amigo mío", dice también Camps. "No compartíamos nada. No tenemos fotos bañándonos en la playa". "El País y la SER vieron que había un filón para ridiculizarme"..

El diputado del PP en el Parlament balear Antoni Camps dejará esta formación, donde ha militado 25 años, para ser el candidato de Vox al Consell de Menorca porque, tal y como ha explicado, la isla necesita “políticas valientes” y porque desde su nueva formación podrá defender “la vida desde el momento de la concepción a la muerte natural”.

El juez investiga la contratación de 16 personas que llegaron a cobrar de la empresa pública pero que jamás pusieron un pie en sus dependencias. En paralelo, las Corts Valencianes investigaron las causas políticas de los sobrecostes millonarios en la construcción de colegios, que no acabó con el mar de barracones para los alumnos valencianos.

La Guardia Civil concluye que el expresidente de las Corts "habría obtenido una ventaja económica de la venta de las mercantiles beneficiarias de las adjudicaciones que se investigan". La investigación del caso erial apunta a que Sedesa -firma de la familia Cotino- habría dado pelotazos millonarios al vender las sociedades que recibía concursos de los Gobiernos de los que formaba parte Juan.Meses antes del pago de los 11,3 millones, Juan Cotino recibió tres transferencias que sumaron otros 380.000 euros a través de otra sociedad de sus sobrinos

En cuanto a la declaración, fuentes presenciales informaron a Valencia Plaza de que fue muy tensa, sobre todo con el fiscal, con el que dicen que "fue muy desagradable y maleducado" al contestarle. Además, en su línea conspiranoica llegó tan lejos como para recordarle al magistrado instructor, José de la Mata, su pasado como secretario de Estado de Justicia con Zapatero. Ante esta afirmación, el juez ignoró a Camps y siguió con el interrogatorio.

Camps declara como imputado por la trama Gürtel. La imputación llega después de que los principales acusados de la rama valenciana responsabilizaran de la financiación irregular del partido al expresidente.

El delegado de la marca valenciana de la Gürtel,Álvaro Pérez,afirma que el expresidente de la Generalitat,Francisco Camps,decidía las contrataciones supuestamente ilegales en ese territorio. Pérez, también conocido como 'El Bigotes', vuelve a inculpar a Esteban González Pons entre el quinteto de poder (Cotino,Rambla,Gerardo Camps,González Pons y en el vértice,el presidente Camps) supuestamente corrupto para las obras públicas y la financiación del PP.Francisco Camps, según 'El Bigotes', era “el jefe”, sin cuya autorización “no se movía un euro

El exsecretario general del PP en Valencia apunta al expresidente valenciano, Francisco Camps, como la persona que ordenó al partido trabajar con Álvaro Pérez, el delegado de la Gürtel en la Comunitat valenciana. El juez toma declaración también en esta reapertura de la pieza de las contrataciones de la Gürtel a la exconsellera Paula Sánchez de León. Le seguirán la exjefa de prensa Nuria Romeral, y también Juan Sanz, Alicia Verdú y el número 2 de la trama, Pablo Crespo..

Marcos Benavent, el autodenominado "yonqui del dinero", era también un zombi del dinero. Y lo fue durante al menos cuatro años en la Fundación Jaume II el Just, el posible germen del caso Taula. Un organismo en el que fue contratado no se sabe muy bien con qué función por Esteban González Pons cuando era conseller de Cultura, según el que fue gerente de la entidad.

La causa está abierta por un presunto delito de cohecho e investiga el dinero recibido por la mercantil del piloto en concepto de patrocinio por parte de la empresa Aerocas, sociedad creada en 2003 para construir y gestionar el aeropuerto de Castellón, en los ejercicios 2009 y 2010 y que alcanzaron los 360.000 euros. Dicha mercantil estaba participada por la Diputación y la Generalitat.

Maria José Ferrer Sansegundo,actual portavoz autonómica de justicia del PP,fue la encargada de organizar el bicentenario de la Constitución de Cádiz en Valencia con un contrato de la Fundación Jaume II el Just que la administradora del ente no ha sabido explicar. El informe apunta que no consta acta ni expediente que justifique la contratación,aunque la diputada ha demostrado que sí que existe un acta dónde se la propone como responsable de los trabajos. El informe apunta a un fraccionamiento de contratos por parte de la Fundación para eludir