Solicitó su baja el miércoles por la tarde, justificando su decisión en el hecho de "no perjudicar a nuestra organización en este recorrido judicial que tengo pendiente". No obstante, ha apuntado que se muestra convencido de "su inocencia y honestidad", que volverá a solicitar su alta como militante al término de los procesos. La noticia de su baja se produce el mismo día que se conoce que la jueza Mercedes Alaya, instructora del caso de los ERE y del caso Mercasevilla, ha imputado a Rodrigo Torrijos en la operación Enredadera.

La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto al incidente de nulidad planteado por la Junta de Andalucía para que la juez Mercedes Alaya deje de investigar el presunto fraude de los cursos de formación y ha reiterado que la magistrada es competente para instruir este procedimiento.

Nueva ofensiva de la Junta de Andalucía contra la juez Alaya el mismo día que Susana Díaz hablaba de transparencia parlamentaria. Si durante todo el caso de los ERE, la actitud de la Junta ha sido cuando menos confusa hasta el punto de pedirse su apartamiento de un caso en el que parecía estar de parte de los imputados.

La juez Mercedes Alaya ha ordenado este miércoles el ingreso en prisión eludible con el pago de una fianza de 90.000 euros de un exgerente de ADIF en Sevilla...

La UCO detiene a una treintena de personas en a 'Operación Enredadera' que ha permitido desmantelar una trama que sobornaba a funcionarios y empleados públicos para conseguir contratos de distintas administraciones. La juez Alaya dirige el dispositivo que se ha desarrollado en trece provincias y que salpica de modo especial al Ministerio de Ana Pastor y a la empresa pública.

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han realizado las 32 detenciones previstas en el marco de la operación Enredadera contra una trama corrupta, integrada en su mayoría por funcionarios, infiltrada en administraciones que facilitaba contratos irregulares a cambio de comisiones.

La juez Alaya detiene a un jefe de ADIF sospechoso de un soborno con Viagra. La tercera fase de las investigaciones iniciadas con el escándalo de Mercasevilla destapan en Zaragoza uno de los aspectos más ruines de la corrupción. Aquí no solo se paga con dinero. Hay quien se vende (parece ser) por unas píldoras contra la impotencia.

La juez Mercedes Alaya ha ordenado esta mañana una treintena de detenciones en el marco de la operación 'Madeja' contra la corrupción municipal en varias comunidades, entre ellas Extremadura. La operación se centra en funcionarios y técnicos municipales que habrían aceptado prebendas a cambio de adjudicar contratos para cuidado y mantenimiento de zonas verdes y carreteras. Junto a las detenciones se han producido numerosos registros en 12 provincias, uno de ellos en la Consejería de Fomento de la Junta.

Se trata de un jefe de Sección de Fomento, detenido en el marco de la tercera fase de la “Operación Madeja”, y que ha sido trasladado posteriormente a Sevilla a petición de la jueza Mercedes Alaya que instruye el caso.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han personado este martes en la Diputación de Sevilla a fin de practicar una entrada y registro dentro de la tercera fase de la operación 'Madeja', en la que la juez Mercedes Alaya investiga si el exdirector del área de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla y exasesor del grupo socialista Domingo Enrique Castaño.

Los agentes de la Unidad Central Operativa se han personado la mañana de este martes en la institución provistos de cajas de cartón. El despligue para esta investigación se está desarrollando en varias provincias de Andalucía e incluso en otras comunidades autónomas.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han personado este martes en la Diputación de Sevilla a fin de practicar una entrada y registro dentro de la tercera fase de la operación 'Madeja', en la que la juez Mercedes Alaya investiga si el exdirector del área de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla y exasesor del grupo socialista Domingo Enrique Castaño, entre otros, pudo recibir dádivas a cambio de la concesión de contratos municipales de mantenimiento a empresas como Fitonovo y Fiverde.

La juez de Sevilla Mercedes Alaya, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía, ha imputado en la causa a otras seis personas, lo que eleva a 229 el número de encausados, y las ha citado a declarar los próximos días 1 y 2 de diciembre.

La jueza Mercedes Alaya niega cualquier tipo de relación entre su marido, Jorge Castro, y el administrador judicial del Betis Francisco Estepa. Según apunta la Cadena SER, la magistrada argumenta en sus anotaciones que "la imaginada relación está basada en bulos periodísticos". El citado medio ha aportado los documentos que demuestran que Estepa fue abogado del marido de Alaya, en la época que Jorge Castro estuvo imputado por cuestiones referente a su trabajo en la administración social de los laboratorios Pérez Jiménez.

La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha rechazado el escrito en el que el exdirector general de Trabajo.

La Junta de Andalucía ha pedido la nulidad de la causa que la jueza Mercedes Alaya sigue sobre el presunto fraude de los cursos de formación subvencionados por esta administración, según han confirmado a este periódico fuentes del Gobierno andaluz. En un escrito dirigido a la instructora del juzgado número 6 de Sevilla, los servicios jurídicos de la Junta esgrimen la petición de nulidad en la vuln

La Junta de Andalucía ha solicitado la nulidad de la causa que investiga la juez Mercedes Alaya sobre el presunto fraude en subvenciones a cursos de formación por parte de la administración autonómica por considerar que puede existir "vulneración del principio de juez natural"... Junto a ello, el Ejecutivo andaluz también ha recurrido el auto dictado por Alaya el pasado viernes en el que da diez días a la Junta para entregar en el plazo de diez días las actas de las reuniones de la Comisión General de Viceconsejeros

La Junta de Andalucía ha pedido a la juez Mercedes Alaya que se aparte de la investigación de los cursos de formación, al considerar que la remisión a la Guardia Civil del testigo clave, el jefe de departamento de Formación Profesional en Sevilla, Teodoro Montes, vulneró el artículo 262 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, por lo que solicita que declare la nulidad del auto de 7 de marzo de 2014, por el que se abren estas diligencias, y se envíe la causa al decanato de los juzgados de Sevilla para su reparto.

La juez ha dictado dos autos que han causado perplejidad. En uno exige a la Policía que deje de investigar la formación y en otro prohíbe a la Prensa publicar imágenes del testigo Montes. Esta vez ha conseguido sorprender a todos, incluidos aquellos que nunca hicieron reproches a su controvertida instrucción de los ERE dado que iba dirigida a la buena causa de desenmascarar el clientelismo y la corrupción de tres décadas de poder socialista en Andalucía.

La juez ha requerido a la Junta que le entregue las actas de las reuniones celebradas desde 2001 al 18 de octubre de 2012 por los viceconsejeros, denominadas 'consejillos'. Hay que recordar que desde mayo de 2012, Díaz ocupaba el puesto de consejera de Presidencia, y por tanto era la encargada de coordinar las reuniones en las que participaron los viceconsejeros de todas las áreas.

La magistrado ha dictado hoy un oficio en el que reclama al Ministerio del Interior que ordene el cese de la investigación que está desarrollando la Policía Nacional sobre este supuesto caso de corrupción para que todas las pesquisas recaigan en la Guardia Civil, que también lleva más de un año investigando ese tipo de subvenciones bajo la dirección de Alaya.

La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía ha ordenado a la Guardia Civil que investigue una denuncia presentada por un particular por la existencia de nuevos 'intrusos' en distintos ERE, según una providencia dictada el pasada 14 de octubre y a la que ha tenido acceso Europa Press.

Entramos en el cuartel general de la UCO de la Guardia Civil en Madrid, el brazo ejecutor de la juez Alaya en los casos de los ERE, la Formación y los desmanes de la UGT La Unidad Central, que modernizó al instituto armado. Cumple 25 años.

Caso ERE: 71 millones de euros defraudados al 90% de la revisión de las ayudas sociolaborales. Caso UGT: 4,9 millones de euros con 21 expedientes revisados. Caso de los cursos de formación: 17 millones de euros en el 50% de las ayudas concedidas desde 2007 a 2011. Son las cantidades oficiales reclamadas por el Gobierno andaluz en las tres investigaciones internas abiertas en la administración autonómica después de que estos tres escándalos estallaran en los tribunales desde hace ya tres años. La investigación sigue abierta en las consejerías...