El 24 de marzo, en el juicio de la caja B, José María Aznar y Mariano Rajoy tomaron caminos distintos. "No sé lo que han hecho los demás ni me importa. Ni sé lo que hicieron mis sucesores ni me interesa", testificó el primero. "No hay ninguna caja B del PP. Son los papeles del señor Bárcenas", mantuvo a continuación su sucesor. Aznar solo habló en su nombre y Rajoy intentó salvar al partido, pero siete meses después, tras notificarse la sentencia de la Audiencia Nacional, sus caminos vuelven a juntarse: el tribunal da por probado que la caja B

Uno de los candidatos propuestos por el PP como magistrado, Enrique Arnaldo, ha obtenido numerosas contrataciones de administraciones públicas gobernadas por el propio Partido Popular. Su nombramiento depende de que el Congreso de los Diputados, la semana que viene, avale o no su idoneidad.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite una recusación presentada por el abogado Gonzalo Boye --defensor, entre otros de los líderes independentistas Carles Puigdemont y Joaquim Torra-- contra el magistrado de este órgano Pablo Llarena. El letrado pretendía que el juez Llarena se abstuviera de decidir sobre la querella que él ha presentado contra la juez de la Audiencia Nacional María Tardón por presuntos delitos de prevaricación y de encubrimiento de asesinato por procesarle en el marco de la causa sobre Miñanco.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado a España a indemnizar a una mujer a la que no se le permitió cambiar el orden de los apellidos de su hija --nacida en 2005-- al estar en ese momento contemplado por la ley que, en caso de desacuerdo entre los padres, la menor llevaría primero el apellido paterno y luego el materno.

Una multitud se ha manifestado en favor de la libertad de Julian Assange ante el Palacio de Justicia de Londres, donde comienza el juicio de apelación interpuesto por Estados Unidos en la nueva fase del procedimiento en reclamo de la entrega del fundador de WikiLeaks.Assange no ha sido autorizado a asistir personalmente la jornada inaugural de las dos previstas de deliberaciones en la sala 4 del Alto Tribunal de Inglaterra y Gales

El Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso del Govern contra la sentencia que anulaba el decreto que establecía la exigencia del catalán como requisito para acceder al IB-Salut.Esta norma permitía que cualquier aspirante consiguiera una plaza como personal estatutario fijo en la sanidad pública balear con independencia del nivel de catalán que tuviera. Eso sí, establecía un plazo de dos años para que esta persona acreditara el nivel de conocimiento de la lengua propia de Baleares.

Casi siempre, los fallos judiciales obligan a dar un vuelco a la situación enjuiciada. Sobre todo cuando detrás del pronunciamiento se encuentra el Tribunal Constitucional. En el caso del controvertido impuesto de plusvalía municipal, cuyo método de cálculo ha sido declarado contrario por el alto tribunal, amenaza con dejar sin oxígeno a las cuentas de gran parte de los 8.000 ayuntamientos que hay en España.

El Tribunal Constitucional ha anulado el impuesto de plusvalía que cobran los ayuntamientos de España cuando se vende una vivienda, se dona o se hereda y que grava lo que se ha revalorizado el suelo donde se encuentra.

Este gravamen supone en la actualidad una fuente importante de financiación de los consistorios de todo el país. El tribunal de garantías, en una sentencia ponencia del magistrado Ricardo Enríquez, considera que el cálculo del impuesto es inconstitucional al entender que el sistema de cómputo objetivo no se corresponde con la realidad, afectando al principio de capacidad económica recogido en el artículo 31 de la Constitución española.

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) plantean una reforma de los órganos de control del gasto público, desde el Tribunal de Cuentas hasta las Intervenciones de la Administración local, pasando por la propia Intervención General de la Administración del Estado y los propios de las Comunidades Autónomas. En la mayoría de los casos de corrupción política y empresarial aparezcan siempre delitos fiscales y de blanqueo de capitales, las debilidades en el control del gasto público están muchas veces detrás de los mismos.

Tras meses de bloqueo, el Constitucional se renueva con algunos candidatos de bajo perfil técnico y contaminados políticamente. Quienes tienen encomendado el control de los poderes públicos en sus distintas facetas han de poseer una cualificación profesional que es condición inexcusable para acometer el proceso de renovación institucional. Sólo desde el respeto a esa premisa innegociable cobran sentido las mayorías requeridas: no son un mero trámite sino el lugar donde cristaliza el esfuerzo de consenso que realizan los responsables políticos.

La AEPD admite la reclamación interpuesta el pasado 8 de junio del abogado José Luis Mazón, que en una visita al TC se le sometió a un control de temperatura a través de una pantalla de reconocimiento biométrico, pero no obtuvo respuesta sobre el tratamiento de esos datos, lo que él entendió como un "tratamiento de datos excesivo y sin la debida información previa". Trasladada la reclamación al TC, este contestó un mes después, pero sus argumentos no convencen a la AEPD, de momento

"Sabandijas", "estafadores de mierda", "sinvergüenzas", "hijos de puta", "basura", "chusma", "timadores", "impresentables"... Todas estas expresiones no atentan contra el honor de dos compañías cuya actividad comercial era, en parte, abordar a personas ancianas y vulnerables a quienes, "con promesas de regalos, ofrecen la venta de colecciones de libros u otros bienes a precios elevados y con financiación abusiva"..

El Tribunal Supremo considera que la libertad de expresión prevalece sobre el derecho al honor de una compañía mercantil pese a ser ésta objeto de "comentarios altamente descalificatorios", siempre que cuenten con "una base fáctica suficiente" y se produzca "en un contexto de alarma social y debate público". De esta manera, avala insultos tales como "estafadores de mierda", "basura" o "timadores" en un foro de consumidores contra dos empresas de telemarketing y venta directa de productos como libros o electrodomésticos.

Justo después de las revelaciones bomba sobre el complot de la CIA para secuestrar y asesinar al editor de WikiLeaks, Julian Assange, mientras solicitaba asilo político en la Embajada de Ecuador en Londres, la Internacional Progresista llega a Londres con el primer Tribunal de Belmarsh físico. La intervención se produce antes del proceso de extradición de Assange, que continuará en el Tribunal Superior de Londres del 27 al 28 de octubre de 2021. Con: Ken Loach, Edward Snowden, Yanis Varoufakis, Jeremy Corbyn, Rafael Correa...

Gobierno y el PP han cerrado el acuerdo para renovar cuatro de los órganos constitucionales cuyo mandato estaba caducado: El Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y la Agencia de Protección de Datos. Una semana después de anunciarse que se reiniciaban las negociaciones, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, han pactado los nombres que serán designados por el Congreso y el Senado en próximas secciones. Quedan pendientes todavía los relevos en el Conse

El Gobierno había determinado que la fecha de validez de las inspecciones de los coches cuyos certificados habían sido aplazados por culpa de la pandemia era la que constaba en la tarjeta y no la de la prórroga

El Congreso de los Diputados, por un lado, y el Tribunal Supremo y el Constitucional, por otro, han evidenciado sus discrepancias en torno a dos sentencias en menos de un mes, lo que ha puesto de manifiesto un choque inusual entre dos poderes del Estado.

La sentencia del Tribunal Supremo que rechaza el intento del PP y Vox de anular el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado ahondará en la jurisprudencia ya existente en su Sala de lo Contencioso-Administrativo para poner freno a la judicialización de las decisiones políticas.

El agente de la Policía Nacional asegura a ABC que «empieza a imperar el sentido común: yo soy el único responsable.

Estamos en los porcentajes más bajos de Europa de mujeres en altos tribunales, que aquí se nombran con arreglos de todo tipo. En cambio, las mujeres son mayoría en la judicatura en oposiciones que objetivan el mérito y la capacidad. Y nos dicen que no hay machismo en la justicia.

El delantero afronta desde mañana un juicio por el que puede ser condenado a cinco años de cárcel y 75.000 euros de multa.