Sus progenitores estuvieron durante años maltratando al chico.También investiga el mal uso que los detenidos podrían estar haciendo de la prestación que le correspondía a la víctima por su condición de discapacitado. Al parecer, los padres usaban ese dinero para sus propios gastos y podrían incluso haber solicitado a nombre de su hijo algún préstamo, que después se gastaron ellos.

“Mi hijo. 14 añazos. Llorando como una madalena porque no le compramos un móvil. Ya nos cuesta que haga los deberes, que estudie, que se acueste y que no se distraiga sin tener móvil, como para comprarle uno. Y el problema no es él. El problema son los padres de los demás”, se quejaba el padre de un adolescente en una publicación de Twitter que se viralizó el pasado enero. “TODOS, absolutamente TODOS los alumnos de 3ero de ESO tienen teléfono”, lamentaba.

Las pruebas de que los hospitales de Madrid no aceptaron a personas enfermas que vivían en residencias durante el momento crítico de la pandemia son ya abrumadoras. Un acta de la Policía Municipal de Madrid a la que ha tenido acceso infoLibre desvela ahora un nuevo ángulo de esta tragedia. Una residencia de DomusVi, el principal grupo en España con 138 centros, informó a familiares de residentes de la imposibilidad de realizar traslados al hospital y les solicitó una autorización escrita aceptando que muriesen en la residencia.

El Gobierno de Nueva Zelanda ha lanzado una campaña compuesta de varios vídeos con los que busca concienciar a los padres de los riesgos a los que se exponen los menores ante un uso sin cierto control de Internet y para animarles a mantener esas conversaciones, a veces quizá algo ‘incómodas’, para facilitarles la mayor información posible. En ese marco, uno de los spots más comentados ha sido el dedicado al porno. No tanto por el mensaje, sino por su puesta en escena tan singular.

Un policía paga de su bolsillo cuatro potitos sustraídos en un supermercado por un padre de familia y lo deja marchar. Un supermercado del centro de Zaragoza, sobre las once o las once y media de la mañana, el pasado 29 de mayo. Un hombre de unos 35 años, de aspecto normal, entra, se dirige a la zona de alimentación infantil, mira rápidamente a derecha e izquierda, comprueba que está solo y se mete entre la ropa cuatro potitos. Al cachear al sospechoso, el vigilante encuentra los potitos, cuatro, con un precio que oscila entre uno y dos euros…