En una reunión presidida por la fiscal general del Estado se acordó apoyar la suspensión de los meses de condena que le restan por cumplir en interés de los menores | La representante del ministerio público en Granada rechazaba que se pudiera invocar el interés de los menores, pues consideraba que ellos habían sido víctimas del delito de secuestro

El magistrado alega que la mujer, condenada en 2018 por la sustracción de los menores a cinco años de cárcel, no se arrepiente y que "hay indicios de abusos sexuales a uno de los menores cuando estaba bajo su custodia".

[Por Pablo Iglesias] El problema con el emérito no es que vuelva. Tampoco la escandalosa impunidad de la que goza. El problema es la monarquía, la represente quien la represente.

El rascacielos de San Francisco, que se inclina rápidamente hacia un lado, se ha movido más de medio centímetro adicional durante un período de cuatro días la semana pasada. Independientemente de lo que digan otros expertos, el ingeniero jefe de la torre, Ron Hamburger, sigue manteniendo la fe y tiene permiso para cavar más agujeros de prueba.

Juan Carlos I se ha llevado el suficiente dinero en comisiones y demás asuntos de escasa moralidad al margen del cuantioso sueldo que le hemos pagado toda su vida los españoles, que podría tener la decencia de volver a España pagándoselo él. Tener la suficiente inhibición de la desvergüenza como para agachar la cabeza, pretender morirse en su país tranquilo (que uno lo entiende perfectamente) y agradecer la suerte de ser un ser humano al que no le afectan las leyes de las personas de sangre común. Pero no.

Si Juan Carlos I fuera un ex jefe de Estado extranjero acusado en los tribunales españoles de acoso, seguimiento ilegal y difamación, por los que le ha denunciado Corinna Larsen en el Reino Unido, no gozaría de inmunidad. La norma que regula en España este asunto es una ley orgánica sobre privilegios e inmunidades aprobada en 2015 bajo la presidencia de Rajoy y con José Manuel García-Margallo como ministro de Exteriores.

Los abogados del Rey emérito esgrimen su supuesta inmunidad para solicitar al alto tribunal de Londres que inadmita la demanda por acoso planteada por su antigua amante Corinna Larsen

La Fiscalía General del Estado decretó la prórroga de una de las diligencias sobre Juan Carlos I hasta junio de 2022, que no ha caído en gracia en algunos sectores del Ministerio Público, pues la califican de “precipitada e innecesaria”. Sin embargo, esta maniobra también es vista como una “oportunidad” para liberar a Felipe VI de presión y dar tiempo para el diseño de una posible operación retorno del emérito, quien, según El Confidencial, ya ha hecho saber sus exigencias para su regreso y éstas pasan por una vida en Zarzuela y una asignación