La criminalidad creció en el primer trimestre del año un 5,2%, un porcentaje que se eleva hasta el 18% en los delitos contra la libertad sexual, si bien dentro de estos las denuncias por violación descienden levemente un 0,3%. Así consta en el informe de criminalidad que el Ministerio del Interior ha colgado en su página web y en el que también se refleja un descenso, en concreto del 12,2%, de los robos con fuerza en domicilio.

Se les procesará por delito contra la Hacienda Publica y, en el caso de Duato, también por falsedad documental. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha propuesto juzgar además a otras 29 personas.

Fernando Blanco Botana fue condenado a cinco años de cárcel y a pagar una multa de 3.000 euros. Su mujer, Margarita Garau, a tres años y seis meses y a un pago de 2.400. Ambos utilizaron a su hija, Nadia, aquejada de una enfermedad rara, aunque sin «riesgo vital» para recaudar algo más de un millón de euros en un enriquecimiento ilícito para su propio provecho, para lo que utilizaron a la niña como cebo. Ambos fueron condenados hace unos días por un tribunal de Lérida por un delito de estafa continuada agravada.

La Guardia Civil ha detenido por un presunto delito contra la seguridad vial a un joven de 22 años, de nacionalidad española y residente en Uceda (Guadalajara) que conducía un Lamborghini Huracán por circular a 228 km/h en una vía limitada a 100 km/h, ha informado el Instituto Armado en un comunicado. Podría ser condenado a una pena de prisión de tres a seis meses o a la de multa de seis a doce meses y trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días

La Guardia Civil ha detenido a un joven de 20 años, con iniciales D.A.B.C. y vecino de Puente San Miguel, por denunciar que le habían robado el coche cuando él mismo lo había siniestrado contra un inmueble de la localidad de Helguera en Reocín y lo había abandonado en el lugar.

El órgano de gobierno de los jueces ha avalado que los delitos contra la libertad sexual cometidos contra menores de edad no empiecen a prescribir hasta que la víctima cumpla 30 años de edad. Ésta es la medida más controvertida del anteproyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia, que ha merecido una valoración general positiva del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Los nazis pueden ser víctimas de delitos de odio.Así lo ha dicho la Fiscalía General del Estado en sus pautas para la interpretación que los fiscales deben hacer de estos delitos. En el apartado dedicado a quién puede ser víctima de estos delitos se dice que “...la vulnerabilidad del colectivo no es un elemento del tipo delictivo que requiera ser acreditado...Tampoco lo es el valor ético que pueda tener el sujeto pasivo. Así una agresión a una persona de ideología nazi, o la incitación al odio hacia tal colectivo, puede ser incluida en este tip

El agente ha muerto en el acto tras ser arrollado por el turismo con la droga, que se ha estrellado y su piloto, de origen magrebí, ha huido a pie

El sindicato asegura también que Glovo infringe las normas de prevención de riesgos laborales al no facilitar los medios necesarios para que los 'riders' ejerzan la actividad con medidas de seguridad.

Tras la denuncia de 69 internos sobre las condiciones en las que fueron cacheados en el patio del CIE de Aluche mientras llovía, el juzgado de control ha concluido que los agentes "violaron el respeto a la dignidad" de los inmigrantesLa jueza de control del CIE de Madrid ha remitido el caso al Juzgado Decano de Madrid para "investigar estos hechos y las personas responsables" pues ve indicios de un posible delito de tortura"Se ha incumplido el deber legal de velar por el respeto a la integridad física y salud de las personas internas", reza el

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de La Mata, ha puesto fin a la instrucción de la primera pieza separada del caso iDental y ha dictado un auto en el que propone juzgar a la que fuera su cúpula directiva por 24 delitos contra la Seguridad Social que causaron un perjuicio a las arcas públicas de 23,6 millones de euros.

Con un vídeoclip que parodia el último éxito de la cantante latina Jennifer López, la Plataforma ciudadana No Somos Delito ha lanzado la campaña #SinMordazasPaCuando para denunciar el retraso y el bloqueo de la paralización de las conocidas como leyes mordaza, y exigir su derogación definitiva.

De esta manera, la figura del "delito de odio", que supuestamente fue introducida en el codigo penal para "proteger a colectivos vulnerables o minoritarios" será ahora usado para proteger a los grupos fascistas y criminalizar a los antifascistas. Anteriormente ya se intentó estirar el chicle del delito de odio para aplicárselo a quienes protestaban contra la poilicía, si bien varias sentencias han concluido que 'no puede haber delito de odio contra la policía por no ser “grupo vulnerable”'.

La Fiscalía General del Estado ha hecho una circular con pautas para interpretar los delitos de odio, en el que se redacta "Así una agresión a una persona de ideología nazi, o incitación al odio hacia tal colectivo, puede ser incluida en este tipo de delitos"

La asociación de profesionales del mundo jurídico Drets, ha denunciado que la Fiscalía Superior del Estado, nombrada por el Gobierno, está haciendo circular unas nuevas pautas para interpretar los delitos de odio donde se explicita que "incitar el odio a los nazis es delito". Concretamente indica que "una agresión a una persona de ideología nazi o la incitación al odio hacia el colectivo puede ser incluida en los delitos de odio".

El interventor de la institución asegura que avisó en una auditoría de las cuentas anuales de 2017 para que se reflejase "el deterioro del valor". El auditor señala que en 2018 no se aprecian correcciones por lo que los presupuestos no reflejan "la imagen fiel del patrimonio de la sociedad". En la contabilidad de Sodeva, sociedad publica de la Diputación, figura como "patrimonio inmovilizado" 10 millones de euros, el coste de montar la pista. La Fiscalía investiga delitos de prevaricación, falsedad documental y malversación tras denuncia.

Entrevista a Hilal Tarkou abogado de Reus que ha llevado al Secretario General de Vox a los juzgados por delitos de odio

Ray Blanchard, psicólogo y profesor adjunto de la Universidad de Toronto que formó parte del grupo de trabajo para la disforia de género (la condición persistente de identificación con el género frente a su sexo biológico) para el DSM V, el estándar de referencia de las definiciones que ayudan a los psicólogos a diagnosticar trastornos en pacientes. Fue baneado por dar su opinión clínica sobre la identidad transgénero.

Barcelona es la ciudad más insegura de España. Así se desprende de los datos de la criminalidad de 2018 que publica el Ministerio del Interior. La capital catalana, con más de 1.600.000 habitantes, se sitúa como la primera urbe española con más delincuencia. En concreto, hay una tasa de 119,85 delitos por cada mil habitantes. En cuanto a los crímenes, los datos de Interior señalan que en 2018 hubo en la Ciudad Condal 10 asesinatos u homicidios, casi la cuarta parte de todos los que se produjeron en la comunidad autónoma.

Un juez de Reus investigará Javier Ortega Smith y Vox por si han cometido un delito de odio y discriminación. En un mitin hace un año en Valencia, Javier Ortega Smith decía, textualmente, que el enemigo de Europa, de la vida y la familia era la invasión islámica. El abogado de Reus Hilal Tarkou presentó una denuncia y este lunes ha recibido la notificación del juzgado de instrucción número 4 de Reus. El magistrado encuentra indicios para abrir la investigación.

La comisaria europea de Derechos Humanos alerta del uso de algoritmos en sistemas policiales y judiciales de la Unión que atentan contra los derechos ciudadanos.

Llevaba un tiempo planteándome la cuestión que da origen al título de este post y me anima haber recibido el enlace a la sentencia 12/2019 del TSJ de Extremadura, de 17-I-2019, Sala de lo Contencioso administrativo, ponente Ilma. Elena Concepción Méndez Canseco. Esta sentencia se enfrenta a un problema concreto: funcionario policial que es víctima de un delito, en la sentencia firme penal se le concede una indemnización de 2.000 € y el condenado es insolvente. El funcionario entiende que debe responder la administración, mientras que la admini

La medida ha generado polémica entre asociaciones de víctimas de delitos sexuales, que opinan que supone una intromisión en su intimidad.Las víctimas de violación en Inglaterra y Gales deberán permitir a la policía, a partir de este lunes, analizar sus teléfonos móviles a fin de facilitar el proceso judicial. A las denunciantes se les pedirá que rellenen formularios de consentimiento para autorizar a los agentes a acceder a los datos personales de su teléfono, como a los de las cuentas de email, mensajes o fotografías.