Canadá está viviendo estos días uno de sus momentos políticos más críticos. Hace unas horas el Primer Ministro, el liberal Justin Trudeau, declaraba ante un comité parlamentario para explicar por qué se adjudicó a una ONG, We Charity, la gestión de un programa de becas por valor de 900 millones de dólares canadienses (casi 600 millones de euros). El problema viene porque esa misma ONG contrató a la madre y el hermano de Trudeau, además de su hija, cobrando hasta 300.000 dólares por sus servicios (190.000€).

El magistrado José de la Mata destaca en el auto en el que propone juzgar a tres exgerentes de Convergència que las compañías consiguieron adjudicaciones por un valor de 175 millones de euros. Relacionada: www.meneame.net/story/juez-propone-juzgar-cdc-pdecat-treintena-persona

La Comunidad de Madrid ha firmado varios contratos con la concesionaria BR Salud Unión Temporal de Empresas para que realice pruebas de PCR y test serológicos en centros de Atención Primaria y en el Laboratorio Clínico Central. Esta concesionaria está formada por Unilabs y Ribera Salud,Todos los contratos se realizaron por procedimiento sin publicidad y en el Portal de Contrataciones están publicados, hasta el momento, tres.El coste entre las diferentes adjudicaciones llega a los 6.945.600 euros.

El Consejo de Ministros de este martes regularizará 39 expedientes administrativos tramitados de forma irregular por el Imserso durante el primer semestre de 2018, cuando la gestión correspondía al Gobierno de Mariano Rajoy. Los contratos suman un total de 2,5 millones de euros e incumplen la Ley de Contratos del Sector Público, por lo que las empresas proveedoras no han podido cobrar todavía los servicios prestados. Para permitir que se paguen los trabajos efectivamente realizados, el Ejecutivo acordará la convalidación de los contratos que…

El rey envió en 2006 una carta al ministro de Defensa saudí para pedirle que explorara oportunidades de negocio con Indra, presidida entonces por Javier Monzón

"El hospital de Ifema fue la construcción artificial de una infraestructura innecesaria. Tuvo mil pacientes solo durante diez días, cuando proyectaron el hospital más grande del mundo con 5.000. Muchos de ellos pacientes leves que se hubiera podido seguir con atención primaria si no la hubieran desmantelado. Además, sirvió como una plataforma para entregar contratos de manera obscena. Hemos analizado contratos y vamos por 80 millones en un hospital que duros 41 días.

La Fiscalía General del Estado ha remitido a la Fiscalía Anticorrupción la denuncia cursada por el PSOE por las supuestas "irregularidades" en la publicación de un contrato sobre un hotel de la cadena hotelera Room Mate que acogió a usuarios de residencias de mayores sin Covid-19 y que fue "erróneamente" atribuido a esta empresa.

según el estudio “El fraude del fluido eléctrico”, elaborado por la Fundación Empresa Seguridad y Sociedad (ESYS), la gravedad del delito no se corresponde con las penas establecidas en la normativa actual en España, que no son suficientemente disuasorias y “facilitan la reincidencia del defraudador, que tiene alicientes para persistir en su comportamiento delictivo”. Por ello, el informe recomienda modificar la normativa para endurecer las penas, introduciendo la pena de cárcel, como ya existe en otros países europeos, y aplicando sanciones e

Continúan los movimientos para que RTVE salga de la paralización institucional que atraviesa desde hace casi dos años. El último llega de varios de los candidatos a presidir la corporación, que fueron seleccionados como finalistas en el concurso público para elegir al nuevo Consejo de Administración, y que no comprenden por qué el proceso que podría dar una dirección estable a la empresa continúa atascado.

Alfonso Merlos dejará de ser director de Comunicación del Colegio de Abogados de Madrid el 15 de septiembre, por acuerdo de la Junta de Gobierno.

La Cámara de Cuentas podrá investigar los aviones con material sanitario, los polémicos 'tratos fantasma' con Room Mate Group y los contratos de Ifema

La organización desmantelada la semana pasada en el seno de la Dirección General de la Guardia Civil habría amañado durante años adjudicaciones para favorecer a empresarios a cambio de dádivas, tal y como se desprende de la investigación. Tal y como consta en la documentación de la causa, a la que ha tenido acceso La Vanguardia, los principales investigados, detenidos y enviados a prisión el pasado viernes, incluso habían llegado a favorecer o planeado hacerlo a empresas en el suministro de material sanitario en plena pandemia como mascarillas.

Una parte de los pisos y apartamentos que se destinaban al alquiler turístico, ahora lo hacen para temporadas cortas de menos de un año. Una manera de mantener el rendimiento económico de estos alojamientos sin tener que recurrir al inquilino de larga duración. Así, se pueden ver muchos anuncios en los que se ofrecen "contratos de 11 meses renovables". El destino de esta modalidad es captar a estudiantes o profesionales que quieran venir a trabajar unos meses a Barcelona, algunos de los casos que la Ley permite para estos contratos por meses.

En septiembre de 2018, la comunidad de propietarios comunicó a Orange su voluntad de rescindir el contrato y de que la operadora retirara de la azotea la antena. El contrato de arrendamiento indicaba "claramente" que, tras un periodo de vigencia de 20 años, "ambas partes podrán ejercer su derecho a no renovar el contrato comunicando su intención a la otra parte".Orange, en su respuesta, "se negó a atender la petición" de la comunidad, indicando que "esta parte se opone de forma expresa y no acepta la resolución del contrato anunciada

La Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil detuvo ayer al coronel Juan Antonio Maroto Gil, al teniente coronel Alberto Martín Altube, ambos mandos del Servicio de Contratación de la Dirección General de la Guardia Civil, y a un subteniente por su presunta implicación en una trama de adjudicaciones de contratos públicos. Junto a ellos se arrestó a otras cinco personas en el marco de la operación Grapa, que en 2017 destapó una red acusada de amañar contratos públicos tanto en la Policía como en la Dirección General de Tráfico (DGT).

Cambia de doctrina y opta por la fórmula de "indefinidos no fijos" por la que los empleados temporales en fraude pueden permanecer en sus puestos, pero solo hasta que esa plaza se ocupe de manera ordinaria o sea amortizada

Me sorprende que se haya aprovechado la pandemia para imponer la cita previa para la mera presentación de escritos en los registros estatales y autonómicos. He constatado la impotencia de los ciudadanos sin tener a la vista a alguien con quien hablar, alguien a quien explicar que no se tiene cita previa porque no ha sido posible obtener esa cita previa. Pero no, no hay nadie dispuesto asomarse fuera del bunker público para ayudar, ni por tanto ante quien quejarse. De hecho, para quejarse habría que solicitar cita previa.

Una jueza ha declarado la relación laboral de una encuestadora del CIS, como ya ocurrió en 2002 con varios trabajadores: el personal que realiza las entrevistas del organismo público no tiene contrato de trabajo.

La cadena pública emitió entre marzo de 2014 y el mismo mes de 2016 el espacio 'Ciudadano Cake', protagonizado por Minuesa. Fueron 70 programas de aproximadamente 45 minutos, contratados a través de cuatro empresas distintas, una de ellas la misma a la que Ayuso ha adjudicado a dedo un contrato de 30.250 euros para hacer vídeos del coronavirus.

Isabel Díaz Ayuso evita dar respuestas. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha rechazado responder sobre el contrato a dedo, sin publicidad y con carácter de emergencia que su Gobierno adjudicó al reportero de Ok Diario Cake Minuesa para hacer vídeos sobre el coronavirus, con un coste de 30.250 euros para las arcas públicas.

La operación Grapa, en la que se han producido siete arrestos, ya destapó en 2017 una trama en la Policía y Tráfico de manipulación de expedientes de contratación

Australia está conmocionada por descubrir que su principal suministrador de equipamiento TELCO, Ericsson, depende de equipamiento chino de Panda Electronics, una empresa de Nanjing que aparece en la última lista del Pentágono de empresas ligadas al Ejército Popular de Liberación (PLA) La supuesta revelación de la que ahora informa ampliamente la prensa australiana, se produjo cuando el Departamento de Defensa de EE. UU. Nombró a Panda como "propiedad, controlada o afiliada al gobierno de China, las industrias militares o de defensa"

El caso típico es el del trabajador que tiene contrato temporal o incluso está subcontratado pero la empresa en la que trabaja no quiere hacerle contrato indefinido por mucho tiempo que lleve allí y por muy bien que trabaje. Pero que la empresa no quisiera por las buenas no impediría que un juez o inspector la obligara por las malas si el trabajador demandara o denunciara, porque hay varias causas o vías que hacen que el contrato se convierta automáticamente en indefinido.