La Comisión de Salud Pública ha recomendado este jueves la vacunación contra la COVID-19 para la población pediátrica de 6 a 59 meses con condiciones de riesgo. Una población que todavía no ha recibido la inmunización en España y que la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ya había autorizado a vacunar en octubre.

La crisis abierta en la Comunidad de Madrid por la gestión sanitaria del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha puesto sobre la mesa un debate que trasciende las fronteras autonómicas. En España faltan médicos. Lo repiten últimamente otros presidentes autonómicos, principalmente del Partido Popular, poniendo el foco en un Gobierno central que tiene, de facto, competencias muy limitadas en sanidad. Sin embargo, sindicatos, investigadores y sanitarios apuntan en otra dirección.

En unos meses ha aumentado al 15,8 % el número de pacientes que no pueden consultar a tiempo un verdadero problema de salud con su médico de familia. Si a eso se suma que el 38 % de la población tiene que esperar más de tres meses la consulta con su especialista, junto con el récord histórico en las listas de espera, el descontento ciudadano está servido. Así es como se ha acrecentado el trasvase a la privada: los asegurados se han ido incrementando desde 2016 y ya son 11,55 millones los españoles con seguro.

IB-Salut y sindicatos firman mejoras salariales y medidas de fidelización que aplacan la huelga en Atención Primaria [..] a partir del 1 de enero, todo el profesional sanitario vuelve a la jornada laboral de 35 horas semanales [..] incremento del precio de la hora de guardia, que pasa a ser la más alta del Estado. Salut pagará un 10 % más que hasta ahora y llegará a los 31,05 euros por día laborable [..] Cada médico tendrá una agenda tope de 26 pacientes presenciales y 9 de forma telemática y todo aquel al que atiendan demás, le será retribuido

Tres equipos médicos han dimitido en señal de protesta, después de que la falta de personal terminara en agosto con la dimisión de la anterior ministra de Sanidad. De hecho, las carencias de efectivos para cubrir distintos turnos es el principal problema del sector. En señal de protesta, dimitieron los equipos de jefatura de urgencias en dos hospitales de Lisboa y otro de Azores.

Los sindicatos alertan de la "inseguridad jurídica" del baremo de méritos aprobado por Sanidad por no contabilizar el tiempo trabajado en las concesiones, entre otras cuestiones. "Inseguridad jurídica", "riesgo de que acabe impugnado en los tribunales" y de que todo el "proceso se paralice durante años". Los sindicatos le han pintado un futuro más bien negro al proceso extraordinario para cubrir con personal fijo más de 9.700 plazas sanitarias después de conocer el baremo definitivo que regirá el cuenteo de méritos para los aspirantes

Varapalo para los trabajadores que fueron subrogados por Sanidad tras la reversión de las áreas de salud de Torrevieja y Alzira. Ninguno de los 2.600 sanitarios que trabajaron para las concesiones durante años podrán presentarse podrán utilizar el tiempo empleados en ésta para el proceso de estabilización que la Conselleria de Sanidad que dirige Miguel Mínguez ha puesto en marcha de forma extraordinaria para reducir la alta tasa de temporalidad que existe, como también está haciendo Función Pública y Educación.

La Consejería de la Comunidad de Madrid ha sido denunciada ante el Tribunal de Cuentas por la manera de gestionar los contratos menores durante los años 2017 y 2018, durante los gobiernos de Cristina Cifuentes y Ángel Garrido. Los consejeros al cargo estos años fueron Jesús Sánchez Martos y el aún vigente Enrique Ruiz Escudero.

Hasta un 99,7% de los contratos de 2017 y 2018 se adjudicaron sin concurso, por ello, la Coordinadora en Defensa de la Sanidad Pública de Barrios y Pueblos de Madrid, junto con Audita Sanidad y la Cooperativa de abogados CAES han presentado una denuncia ante el Tribunal de Cuentas.

Washington- Millones de personas que se inscribieron en Medicaid durante la pandemia de COVID-19 podrían empezar a perder su cobertura el 1 de abril si el Congreso aprueba el paquete de gastos de 1,7 billones de dólares que los líderes dieron a conocer el martes.

El Colegio de Médicos de Sevilla exige un incremento del 145% de los honorarios y se movilizarán el 23 de enero.

Más de medio millón de contratos sanitarios –570.031– de la Comunidad de Madrid en 2017 para suministros, servicios y obras. Y otra cifra casi idéntica –458.317– al año siguiente. Hasta ahí, nada extraordinario. Pero de todas esas adjudicaciones, el 99,7% se otorgó a dedo el primero de los dos años con el argumento de que se trataba de "contratos menores", es decir, los de escaso importe. En 2018, el porcentaje fue del 99,6%.

Encabezaban la marcha los mismos facultativos que hace menos de siete días exigían con sus propios cuerpos que tocaba, sí o sí, una negociación real y con visos de encontrar un acuerdo para desconvocar una huelga que cumple ya un mes y que se ha visto menguada por la estrategia de Ayuso, que evita negociar cualquier mejora para los sanitarios. Este jueves 22 habrá una nueva reunión.

Los trabajadores de ambulancias de Inglaterra y Gales harán una huelga este miércoles por motivos salariales, entre la preocupación de los responsables de los hospitales por no poder garantizar la seguridad de los pacientes. Un día después de que alrededor de 10.000 personas del personal de enfermería del Servicio Nacional de Salud (NHS) de Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte fueran a huelga por segunda vez en menos de una semana, el personal de ambulancias se une hoy a las quejas por los salarios y la presión sobre el sistema de salud públic

La niña, de quince meses de edad y que padece SCADD y una mutación del gen trío, necesita una resonancia magnética por la que espera desde el pasado mes de febrero en el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS).

La Comunidad de Madrid ha aprobado la historia clínica interoperable entre la sanidad pública y la sanidad privada en el Servicio Madrileño de Salud, la cual está regulada bajo dos principios. Se tratan del cumplimiento de la normativa de protección de datos de carácter personal y del consentimiento del paciente

“Este Gobierno de Canarias trabaja bien con la sanidad concertada”, ha defendido el presidente regional, Ángel Víctor Torres, ante la propuesta del PP de derivar de manera obligatoria las pruebas diagnósticas o cirugías preferentes que se demoren más de un mes.

En este sentido, los votos de PP, Cs y PSPV (a los que se ha sumado también Vox) han permitido incorporar estas modificaciones a la Ley de Medidas Fiscales, norma que ha sido aprobada minutos después por el parlamento autonómico con los votos a favor del Botànic pese a la división generada por este y otros asuntos

El Comité de Huelga ha registrado una carta dirigida a la propia Ayuso, así como a los consejeros de Economía y Hacienda y de Sanidad, Fernández-Lasquetty y Enrique Ruiz Escudero, con “el objetivo de sentarse a negociar y poner fin al conflicto de Atención Primaria en el que nos vemos inmersos”, los médicos remarcan que “continuamos estando y estaremos disponibles para la negociación necesaria para poner fin al conflicto”. Desde el encuentro del pasado día 15 no se ha producido ningún contacto posterior por parte del Gobierno de la CAM.

La directora general de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud, Raquel Sampedro, que es la interlocutora designada por el Ejecutivo autonómico para negociar con el comité de huelga, ha firmado en los tres últimos años tres acuerdos de salida de huelga, que han sido "incumplidos": el de septiembre de 2020 que afecta a todos los médicos de Atención Primaria, el de urgenciólogos del Hospital Infanta Sofía y el de las urgencias extrahospitalarias de Atención Primaria, donde continúa "el desmantelamiento y la falta de plantilla".