Pánico en Moncloa. Los activos fiscales diferidos (DTA) eran la fórmula mágica, el santo grial de la contabilidad que permitía a la banca española reforzar su capital en nada menos que €40.800 millones vía ayuda pública a la vez que el Estado Español no tenía, al menos por el momento, que contabilizar esta ayuda ni cómo más déficit ni como más deuda. Ahora estarían considerando que las garantías concedidas por España, a determinados activos fiscales de la banca constituyen ayudas de Estado ilegales que afectan a la competencia comunitaria.

En comparecencia en el Senado, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha asegurado que con la reforma energética se ha eliminado el déficit de tarifa y se ha garantizado la estabilidad financiera del sistema eléctrico. Además, según Soria, la factura eléctrica disminuirá, en esta legislatura, un 7,5%. Jesús Alique, portavoz del PSOE, afirma, por el contrario, que el precio de la luz ha subido un 10% en el primer trimestre de 2015.

Desde Hacienda justifican el 0,23% registrado por el pago de la extra y un menor anticipo del FLA mientras que la oposición teme que se esté sobreejecutando presupuesto antes de las elecciones del mes de mayo.

En una entrada aquí publicada a finales del pasado mes de diciembre, que fue muy ampliamente comentada, me preguntaba a mí mismo y a los amables lectores del blog, a raíz de una anécdota que viví relacionada con una conocida marca de cápsulas de café, si los españoles tenemos en nuestro comportamiento cívico y social un cierto déficit ético. Pues bien, una serie de sucesos repetidos en los últimos tiempos en mi despacho profesional me han llevado a replantearme y corroborar buena parte de los argumentos y de la tesis entonces sustentada. Paso s

El Gobierno da el visto bueno a la publicación de una lista con morosos y defraudadores fiscales a partir de la segunda mitad del...

El déficit del conjunto de las Administraciones Públicas se situó en el 5,7% del PIB en 2014. España ha reducido su déficit en seis décimas en el último año, pues en el ejercicio 2013 cerró en el 6,33% del PIB. El Gobierno se había comprometido a reducir el déficit público al 5,5% del PIB para 2014. El Ejecutivo calculó un déficit del 3,5% del PIB para el Estado, del 1% para la Seguridad Social y del 1% para las comunidades autónomas. Se estimó equilibrio en las cuentas de las corporaciones locales.

Varias regiones –al menos siete y otras dos están en el límite– han sobrepasado ese techo. La cifra definitiva se conocerá el próximo viernes, cuando el INE dé a conocer su primera estimación sobre el PIB regional. Las siete comunidades que incumplirán con mucha probabilidad son: Cataluña, Extremadura, Baleares, Murcia, la Comunidad Valenciana, Aragón y Castilla-La Mancha. Mientras que Madrid y Andalucía “van a estar ahí, ahí…”, como dice gráficamente alguien que conoce bien las cuentas regionales.

Las CCAA amenazan con registrar un agujero superior al límite marcado en 2014 y por encima del déficit de 2013.

El Gobierno del PP ha basado toda su política en el ámbito eléctrico en un solo objetivo: acabar con el “déficit de tarifa”. Ya podemos a estas alturas decir que su pretendido objetivo se verá posiblemente cumplido gracias a las espaldas de, por un parte, los consumidores, que hemos sufrido un fuerte incremento del precio de la electricidad y, por otra, por los productores renovables, de cogeneración y residuos. Que el hachazo a las renovables se hiciera sin disponer de un informe técnico que avalara su metodología es muy relevante.

El Gobierno publica en el BOE un Real Decreto-Ley mediante el cual se inventa un nuevo ‘déficit de tarifa’ para el sistema gasista, indicando en el mismo que "estiman" llegará a ser de unos 800 millones de euros. En base a esta 'estimación' del Gobierno, dicen que se hace necesario realizar una nueva reforma en el sistema retributivo con el fin de encontrar el principio de sostenibilidad económica del sistema gasista y el equilibrio económico a largo plazo.

Cuando salió hace años que Grecia, con la ayuda del banco de inversión, Goldman Sachs, estaba manipulando su información, especialmente de su nivel de déficits públicos y de deuda estatal, recibieron criticas generalizadas. Ahora vemos que todos los países están haciendo lo mismo, anunciando sus deudas estatales, pero ignorando las otras obligaciones al que los países tienen que hacer frente. En España, las obligaciones adicionales relacionados con los elementos mencionados que si tienen en cuenta en el Estudio suman el 31,15% del PIB.

Los ministros de Economía de la eurozona han concluido este lunes que España podría cumplir el objetivo pactado con la UE de reducir el déficit público al 4,2% este año, sin necesidad de ajustes adicionales, gracias a la aceleración del crecimiento económico, aunque han avisado de que el Gobierno de Mariano Rajoy deberá adoptar más medidas si hay cualquier desvío. Si bien, la nota hecha pública por el eurogrupo es ambigua con respecto a nuestro país y los objetivos marcados.

La Comisión Europea (CE) decidió hoy dar dos años más a Francia, hasta 2017, para cumplir con el objetivo de reducir su déficit por debajo del 3 % establecido por la legislación comunitaria y exigirle más esfuerzos, y no actuar contra Italia y Bélgica por su alto nivel de deuda pública y sus desequilibrios. "Francia es el caso más complicado que hemos discutido hoy. Está claro que tiene que acelerar sus esfuerzos tanto en el plano de reformas estructurales como en el fiscal", dijo el vicepresidente de la CE para el Euro, Valdis Dombrovskis.

Bruselas ha propuesto este miércoles dar dos años más a Francia, hasta 2017, para que el país pueda cumplir con el objetivo de reducir su déficit por debajo del 3%. A cambio le exige al país un ajuste estructural del 0,5% para este año y que presente en abril un programa nacional de reformas.

El PP ha cifrado hoy en 25.000 millones de euros el coste del proyecto económico para España de Ciudadanos y ha advertido de que llevarlo a cabo supondría multiplicar por tres la subida de impuestos de 2012.

El socio brasileño de Acciona en el consorcio adjudicatario de Aigües Ter-Llobregat (ATLL), BTG Pactual, ha pasado al ataque en la guerra abierta en Cataluña por la mayor privatización de la historia de esta comunidad autónoma.

El déficit comercial alcanzó los 24.471,9 millones de euros en 2014, un 53,2% superior al del año anterior, según datos del Ministerio de Economía y Competitividad, que ha destacado que este resultado se ha producido en un contexto de aumento de las importaciones.

Los políticos del partido en el Gobierno están defendiendo la legislatura con un solo argumento; que las reformas que han introducido en la economía han conseguido aumentar la competitividad de nuestra economía y por ello es por lo que se está creando empleo. Que la austeridad es dura pero que finalmente trae su recompensa. Un discurso estupendo y virtuoso si no fuera por el pequeño detalle de que todos los datos económicos indican que es radicalmente falso. Se está haciendo exactamente lo mismo que durante la burbuja. Es decir, vivir a crédito

La realidad es que el aumento de la deuda de nuestras administraciones públicas tiene sus raíces en el sobreendeudamiento privado; que no responde a un comportamiento fiscalmente irresponsable del Estado (al margen de que políticas económicas desacertadas lo hayan agravado)...

Los 369 millones de déficit "no consistentes con el escenario previsto a principios de año" son inferiores a los 560 millones contabilizados en la liquidación anterior y se deben a aspectos como una demanda hasta noviembre un 1,4% inferior al promedio de años anteriores.

Seguimos debiendo mucho dinero a las eléctricas, a las antiguas y posesionadas en un mercado dominante donde la competencia es solo de unas pocas que tienen escasa vida. Se les sigue debiendo más de 3.000 millones de euros. Se ha incrementado la cifra pese a lo prometido por el gobierno, aunque ahora dicen que es por que se incrementó el consumo un 1,4% en 2014.

El triunfo electoral de David Cameron en mayo de 2010 puso punto y final a la era laborista y habilitó el retorno del Partido Conservador al gobierno del Reino Unido. Casi cinco años después, el primer ministro parece haber conseguido enderezar el rumbo de la economía británica. Los dos primeros años de la Administración conservadora estuvieron marcados por una errática política fiscal que supuso la friolera de 300 aumentos en diferentes tasas y tributos.

Grecia no sólo es un país quebrado, sino una de las economías más pobres y menos desarrolladas de Europa desde hace décadas. Y ello, pese a seguir, curiosamente, los dictados de la izquierda radical, puesto que el Estado heleno se ha caracterizado por ser uno de los más intervencionistas de Europa (ocupaba el puesto 100 del ranking mundial sobre facilidad para hacer negocios cuando estalló la crisis del euro) y con uno de los mayores niveles de gasto público.