Un hallazgo casual en el caso Erial, la investigación abierta al exministro y expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana, puede propiciar un impulso a otras diligencias que se siguen en la Audiencia Nacional contra los exdiputados del Partido Popular Gustavo de Arístegui y Pedro Gómez de la Serna. La investigación que se instruye en Madrid apunta a que ambos responsables del PP recibían comisiones millonarias por hacer de intermediarios de empresas españolas en el extranjero para obtener contratos.

La sentencia confirma que la Administración pública tendrá que pagar una sanción en consecuencia de la gestión llevaba a cabo por Eduardo Zaplana. Esta cifra se suma a los 40 millones que ya se habían pagado por las expropiaciones. "Los valencianos tendrán que afrontar una nueva factura de 20 millones cuando más se necesitan los recursos para la recuperación económica poscovid y para la sanidad. Un pufo de 400 millones por la nefasta gestión del PP sin que los valencianos tengamos ni actividad ni buena parte del suelo de más valor"

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) aporta nuevos datos al caso Erial: una presunta comisión de algo más de 150.000 euros que recibió Fernando Castelló, que fue conseller de Industria en el Gobierno de Eduardo Zaplana, a cambio de adjudicaciones; "enchufes" en la Administración valenciana y en consejos de administración de empresas privadas; y el papel que jugó en el entramado societario el peluquero del 'expresident', que está investigado en la causa.

El expresidente de la Comunidad Valenciana y exministro de Trabajo Eduardo Zaplana (PP) sigue formando parte del patronato de la Fundación FAES del expresidente del Gobierno José María Aznar, a pesar de su imputación en el caso Erial por delitos de malversación, cohecho y prevaricación continuados, tráfico de influencias, falsedad, blanqueo y pertenencia a grupo criminal.

La defensa del expresident Zaplana reprocha a la juez que haya tenido en cuenta la asistencia del reo a determinados actos públicos o al gimnasio para no levantar la obligación de comparecer semanalmente ante el juzgado

Luis Iglesias, yerno de Eduardo Zaplana, ha asegurado este martes, en el marco del caso Erial donde se investiga a su suegro, que 2,2 millones de euros ingresados en una cuenta de la que es cotitular con su mujer proceden de la venta de un edificio al empresario Amancio Ortega, fundador de Inditex.

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un escrito oponiéndose a la pretensión del expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana y del empresario Vicente Cotino -sobrino del fallecido Juan Cotino- de ser eximidos de las medidas cautelares que les obligan a acudir cada 15 días al juzgado para firmar. Ambos están investigados dentro del caso Erial, en el que se investiga el presunto amaño de contratos y adjudicaciones públicas para el cobro de mordidas y, posterior, blanqueo de las mismas.

Una pieza secreta del conocido 'caso Erial' ha llevado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a realizar este miércoles una nueva batería de diligencias con la requisa de diversa documentación en varios registros, entre ellos en el domicilio particular de Fernando Castelló, que fue consejero en el Gobierno de Eduardo Zaplana y secretario de Estado de Seguridad Social con José María Aznar, han informado a 'Europa Press' fuentes de la investigación.

Las tretas de Zaplana para dificultar su causa por corrupción: de pedir la anulación a que aparten a la jueza que recuperó el botín. La defensa del exministro y expresidente de la Generalitat también ha intentado sin mucho éxito que tumben la confesión clave del testaferro que reveló cómo ocultaba una posible fortuna de 11 millones de euros en el extranjero.

La defensa del expresident de la Generalitat Eduardo Zaplana ha pedido la supresión o, alternativamente, la reducción de sus comparecencias de cada lunes ante el Juzgado de Guardia, acordadas en el caso Erial, al ser persona de riesgo de contagio de COVID-19 por la enfermedad que padece. El caso se abrió para investigar el supuesto cobro de 10,5 millones en comisiones derivadas de las concesiones de ITV y parques eólicos en la Comunitat Valenciana, lo que podría constituir delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación

La tesis del letrado consiste en que toda la investigación que se ha hecho pivota sobre las comisiones rogatorias de unas supuestas acciones (pago de comisiones y blanqueo de capitales) que se produjeron, siempre según el relato de la UCO y la Fiscalía Anticorrupción, en Luxemburgo, Suiza y Uruguay, país de residencia del presunto testaferro de Zaplana, Eduardo Belhot.

El Gobierno sostiene que el CNI actúa "con absoluto respeto a la legalidad vigente sin dar algún tipo [de] trato de favor a ningún exministro"Zaplana sospechaba en unas cartas enviadas desde la cárcel que podía aparecer en la fonoteca de Villarejo

Telefónica ha alcanzado un acuerdo para la salida definitiva de la empresa de telecomunicaciones de Eduardo Zaplana, cuyo relación laboral con la compañía se encontraba suspendida desde que en mayo de 2018 el exministro y expresidente de la Generalitat Valenciana fuera detenido en el marco de la 'operación Erial'.

La magistrada instructora del caso Erial investiga los pagos a una agencia de comunicación, Asesores de Comunicación Pública, contratada por el expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana así como por el presunto ingeniero financiero de éste, Fernando Belhot, a raíz de aparecer en unas grabaciones en el caso Lezo.

Zaplana especuló, en una carta enviada desde la cárcel a una exdiputada del PP, con que el comisario Villarejo y el exdirector de la Policía Juan Cotino fueran amigos. La sombra del comisario Villarejo y sus compinches ya planeaba sobre el caso Erial. La Guardia Civil incautó a Zaplana una anotación manuscrita con el número de cuenta en Suiza de una empresa panameña propiedad del socio de Villarejo Adrián de la Joya. El abogado de la jet reconoció que conoce al expolítico del Partido Popular aunque negó haber hecho cualquier tipo de negocio..

El ejecutivo valenciano gobernado por Eduardo Zaplana adjudicó en 2002 a Francisco Pérez López, conocido como Paco el Gasofa, una parcela de 10.000 metros cuadrados en una zona estratégica del parque temático Terra Mítica (Benidorm), para la instalación de gasolineras. Siete años más tarde, El Gasofa abonó uno de los viajes en lujosos yates de Zaplana por el Mediterráneo, valorados en más de 220.000 euros, según las comisiones rogatorias de Suiza avanzadas por la Cadena SER, que forman parte del caso Erial.

La UCO de la Guardia Civil ha localizado una carta que Zaplana escribió en su celda y envió a la exdiputada autonómica Elvira Suanzes, también imputada en este caso por blanqueo. En el escrito, de carácter personal, Zaplana relataría las filtraciones y sugiere que la máxima responsable del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) les ayudaría en su batalla para entorpecer esta investigación.

Según la documentación que obra en el sumario, el día 10 se realizan sendas transferencias desde dos cuentas del Bank Julius Baer Suiza, cuya gestión fiduciaria corresponde a Fernando Belhot, por importe de 1.800.000 euros. El dinero pasa a otra cuenta del Banco Sabadell en España cuyo titular es el propio Belhot, pero que en realidad, según confesó el propio abogado uruguayo y la Guardia Civil asume, corresponderían a Eduardo Zaplana. Él, que no figura en los documentos bancarios, lo niega.

El exministro y expresidente valenciano, Eduardo Zaplana, y sus socios, disfrutaron de tres cruceros en exclusivos yates de lujo por el Mediterráneo valorados en más de 220.000 euros, que fueron pagados por empresarios amigos. Zaplana exigió a la naviera comidas a base de langosta. Zaplana no pagó nada, sino que todos los gastos corrieron a cargo de dos empresas. La inmobiliaria Alquiler e Inversión Ibiza S.L y Zarcar S.L abonaron las facturas de los gastos de Zaplana expedidos por la naviera en una cuenta de Suiza, según la información del sum