La Comisión Europea ha aceptado mediar en las negociaciones entre PP y PSOE para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El comisario de Justicia, Didier Reynders, ha citado ya a una primera reunión el próximo miércoles en Bruselas a los negociadores de ambas partes: el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el eurodiputado 'popular' Esteban González Pons.

Cita para el próximo miércoles a Bolaños y González Pons para intentar desbloquear el Consejo General del Poder Judicial

Los cuatro magistrados conservadores del Tribunal Constitucional se han desmarcado de la reciente sentencia que dio la razón al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez. "Es inadmisible en términos constitucionales", critican en su voto particular, al que ha tenido acceso El Confidencial. "Es la primera vez que una sentencia del Tribunal Constitucional modifica la pena que debe imponerse a un condenado y considera que la pena impuesta es la de multa y no la de prisión, y lo hace además no solo sin sustento alguno argumental....

El flagrante incumplimiento constitucional del PP para perpetuar una mayoría conservadora en el órgano de los jueces ha costado ya 60 millones de euros al erario público en refuerzos de plantillas, según cálculos de La Moncloa, que confía en que la mediación se haga pública esta misma semana

Después de que los vocales conservadores hayan pedido una reunión extraordinaria de la Comisión Permanente, este órgano del consejo ha emitido un comunicado en el cual asegura que las declaraciones de Ribera "son contrarias a los principios de lealtad institucional, al deber general de respeto a la independencia judicial inherente a un estado de derecho consolidado e integrante de la Unión Europea".

Moncloa destaca que "hay interlocución" con los populares para la desbloquear el órgano del poder judicial y apunta a la necesidad de pactar la metodología antes de que intervenga la Comisión Europea.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha suspendido, por primera vez, el curso a una jueza en prácticas que se estaba formando en la Escuela Judicial tras haber sido cazada copiando en dos exámenes. Aprobó la oposición a judicatura a finales de 2022 y tendrá que repetir el curso con la siguiente promoción a la suya. Pierde su lugar en el escalafón. También había copiado trabajos elaborados por otras dos compañeras de la promoción, que también fueron puntuadas con un cero.

El Tribunal Supremo inaugura este 2024 con una nueva vacante entre sus magistrados tras oficializarse la marcha de Juan María Díaz Fraile, a quien el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha concedido la excedencia voluntaria. Con su salida se materializan los temores expresados en septiembre por el presidente del Alto Tribunal: más del 30% de la plantilla del órgano está pendiente de renovación. El tribunal acumula 24 asientos vacíos a la espera de un nuevo CGPJ que designe a magistrados que los ocupen.

Dos de cada cinco medios percibidos como conservadores están controlados por los grupos Vocento, Promecal y Prensa Ibérica. Tras ellos se encuentran algunas de las familias más relevantes del panorama mediático español, según el análisis realizado por Público de la propiedad de los diarios que los españoles han catalogado como de derechas en el Estudio sobre audiencias de medios de comunicación social publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Ellos son los Ybarra, los Méndez Pozo y los Moll Sarasola.

Los socialistas recuerdan las críticas del líder del PP al sistema de verificación que también tienen Junts y ERC.

Sánchez y Feijóo acuerdan la reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término "disminuido".

El Consejo dice que no sometimiento del poder judicial frente al legislativo y la comparecencia a estas comisiones no es debatible: no pueden comparecer

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, se ha pronunciado este miércoles al respecto de las distintas materias en que chocan la Justicia y el Ejecutivo de Pedro Sánchez, ya sea de cara a las comisiones para investigar el lawfare del Congreso como para la renovación del órgano o la desclasificación de documentos como los del 'caso Pegasus'. Guilarte ha pedido evitar esto último, ya que ha sentenciado que implicaría desclasificarlos para su "espuria difusión" totalmente fuera del contexto en el que surgieron

El portavoz de Junts, Josep Rius, ha advertido a los jueces de que se podrían enfrentar a “consecuencias penales” si no comparecen ante las comisiones de investigación en el Congreso de los Diputados, ya que su asistencia es “de obligado cumplimiento”. En pleno debate sobre el 'lawfare', Junts ha insistido en el Código Penal para proseguir su enfrentamiento institucional con los jueces. Rius ha recordado el artículo que castiga como desobediencia a los que, habiendo sido requeridos en forma legal y bajo apercibimiento, dejen de comparecer ante

El magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada ha pedido amparo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) después de que el senador del PP José Antonio Monago le acusara el pasado martes en la Cámara Alta de protagonizar el "mayor caso de lawfare que se ha conocido en la historia política de España". Monago se refirió con estas palabras a la participación de De Prada en la sentencia que en mayo de 2018 dio por probada la existencia de una caja B en el PP y desencadenó la moción de censura contra el entonces presidente Mariano R

Vicente Guilarte, advirtió el viernes pasado del “efecto devastador” que tienen los “frecuentes e injustos intentos de deslegitimación del Poder Judicial”, protagonizados en ocasiones por “representantes de los poderes públicos a quienes la efímera tribuna de que disponen les facilita la diatriba”, como “vimos el martes en el Congreso y en el Senado”. Y ha añadido que “ningún poder del Estado puede ser cómplice de estas campañas ni con sus actitudes ni con sus silencios”.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) discutirá en su Pleno de este jueves la legalidad de las comisiones de investigación parlamentarias recién creadas para detectar supuestos casos de 'lawfare', a petición de los vocales conservadores, los cuales consideran necesario que el órgano adopte un "rotundo posicionamiento" contra el "acoso" a jueces y magistrados.

Una medida de "sentido común" ante la actitud de estos magistrados, que con su negativa a renunciar parecen aspirar a tener un puesto "vitalicio" y que, a este paso, van a "tenerlos más tiempo que a Franco". "Van prácticamente a su tercer mandato", ha reprochado el portavoz de Sumar en la Comisión de Justicia tras remarcar que el CGPJ lleva sin renovarse más de cinco años. Por ello, ha apostado que en caso de persistir esta situación de parálisis, se estudie un cambio normativo que limite las funciones a las estrictamente constitucionales.