La CEOE ha recibido 33,9 millones de € en la última década. Esta cifra no incluye una última subvención extraordinaria de casi 11 millones para la digitalización de empresas y que,a cierre de 2021, aún no había ingresado. Al ser una entidad privada que supera ampliamente el límite establecido de más de 100.000 € anuales en subvenciones públicas, está obligada a publicar una serie de informaciones para cumplir con la Ley de Transparencia. Y entre esa información, está la retribución de sus altos cargos, un punto que incumple la patronal cada año

Durante generaciones, los sueldos han sido uno de los secretos más celosamente guardados de la sociedad, con una opacidad digna de secretos de Estado. Las empresas no los comparten ni con el personal que se encarga de contratar ni con los candidatos a un puesto de trabajo. Los trabajadores no los comparten con sus compañeros, ni siquiera con sus amigos íntimos. En EEUU, existen leyes de transparencia salarial que obligan a los empresarios a revelar los sueldos que pagan: estas son las consecuencias, positivas y negativas.

El Ejecutivo comunitario ha abierto un procedimiento de infracción contra España por una mala transposición de la quinta directiva antiblanqueo

Las secciones de lo penal de la Audiencia de Madrid votan a favor de seguir aplicando la norma más favorable a los delincuentes sexuales y no aplicar las disposiciones transitorias del Código Penal que limitan la capacidad de revisar estas condenas a la baja

El Ministerio de Hacienda modificó en el último momento el bautizado como 'Anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés' para eliminar la obligación de hacer pública la agenda oficial de los altos cargos del Gobierno que mantienen reuniones con lobistas. Así lo revelan a La Información fuentes del sector del 'lobby' que cuestionan que con este cambio "de última hora" y "por la puerta de atrás" el Gobierno libera de toda obligación a los empleados públicos y hace recaer la máxima responsabilidad .

Ayer se produjo desde la Verja de Gibraltar la primera expulsión oficial de un gibraltareño en aplicación de las normas Schengen. En este caso el procedimiento y expulsión oficial se debe a que el ciudadano había sido detenido y condenado y, aunque ya había cumplido su tiempo en prisión, le afectaba la normativa Schengen que exige la expulsión del territorio comunitario, por un período determinado, de cualquier persona involucrada en la comisión de un delito, haya sido condenada o no.