Juan Martínez Moya, uno de los vocales de la polémica Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) del día 16 de agosto pasado que concedió el controvertido amparo a Pablo Llarena, es también ahora objeto de polémica al haber sido denunciado por usurpar los derechos de propiedad intelectual sobre una idea que varios magistrados presentaron en un concurso organizado precisamente por el órgano de gobierno de los jueces.

El nombramiento de Pablo Llarena como magistrado de la Sala Segunda del Supremo fue tan irregular que la asociación Jueces para la Democracia presentó una demanda pidiendo su anulación por vulnerar la Ley el reglamento del Tribunal y hasta la Constitución. Menos de un año después se le asignaba la instrucción del proceso contra los políticos soberanistas catalanes quebrantando claramente las normas de reparto de las Causas Especiales aprobadas por ese mismo Alto Tribunal.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha decidido por unanimidad admitir a trámite el recurso de amparo presentado por la expresidenta del Parlament de Cataluña Carme Forcadell contra la decisión del instructor de la causa del 'procés', Pablo Llarena, de rechazar de plano la recusación que esta investigada por rebelión había presentado contra él, al considerar que no era lo suficientemente imparcial para investigarla.

El asunto de ‘la hija de Marchena’ coloca a la mujer de Pablo Llarena,Gema Espinosa Conde,en una posición jurídica muy comprometida si fuera elegida vocal del Consejo General del Poder Judicial. La Comisión de Selección,órgano tripartito que conforman representantes CGPJ y de la escuela judicial-cuya directora es la mujer de Llarena–,Fiscalía General y Ministerio Justicia,este mes de julio pasado tomó la polémica decisión de crear una plaza de fiscales sin tener competencia para ello y con la finalidad exclusiva de favorecer a la hija de Marche

Cinco jueces del Tribunal Supremo decidirán en el plazo aproximado de un mes si admiten a trámite la investigación al presidente del Partido Popular, Pablo Casado, por el caso de su máster en la universidad pública Rey Juan Carlos.

Antes de que Pablo Llarena resolviera rechazar formalmente la entrega de Carles Puigdemont, la Fiscalía del Tribunal Supremo ya anunciaba públicamente que no era asumible una entrega parcial, como la establecida por el tribunal alemán.

Después del revuelo que causó la inmediata divulgación pública sobre las “dudas en las decisiones tomadas en la Permanente” del CGPJ del día 14 de enero de 2016, entre cuyos acuerdos se encontraba la composición de la terna que llevaría a Pablo Llarena a la Sala 2ª del Tribunal Supremo, se hizo desaparecer del acta el voto particular de la vocal Nuria Díaz Abad

La plasticidad de la norma y de sus consecuencias ha ganado un lugar sublime en manos del CGPJ y de su actual virrey ya con fecha de caducidad. Cada vez más esta modesta crónica del lado oscuro de la Plaza de la Villa de París va conectando con los géneros distópicos que otros como Alan Moore cultivan con maestría. Dudo estar a la altura. Así, si hace unos días tenía que explicarles cómo se las habían apañado de una forma irregular para forzar un amparo a Llarena y asegurarse de que su bolsillo no sufra en Bruselas

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela está estudiando si admite las dos querellas presentadas por el partido Vox y la asociación de juristas Movimiento 24DOS contra la juez belga que admitió la demanda civil contra el magistrado del Tribunal Supremo que ha instruido la causa del 'procés', Pablo Llarena, el expresidente catalán Carles Puigdemont, el abogado de éste Gonzalo Boye, los cuatro exconsejeros huidos y la traductora de la demanda que presentaron.

Lógicamente, los principales chantajistas son hoy los partidos de la oposición, PP y Ciudadanos, que siguen viviendo de aquel “¡¡A por ellos!!” como si fuera la propuesta aprobada en referéndum por una apabullante mayoría de españoles, aunque esos partidos jamás propondrán escuchar la voz de la democracia directa. Con ello, lo que pretenden es que prevalezca por defecto la especie de que la sociedad española solo admitirá derrotar a Catalunya

La asociación Movimiento 24DOS ha decidido presentar una querella en la Audiencia Nacional contra la magistrada en la que solicita la declaración de todos los querellados.

El ex presidente de la Generalitat de CataluñaCarles Puigdemont y su equipo están aprovechando la batalla contra el juez Pablo Llarena para organizar una colecta que intenta recaudar un total de 545.000 euros para sus gastos. Así figura en cartas remitidas a donantes y simpatizantes por su plataforma recaudatoria, llamada defensaexili.org, según ha tenido acceso EL MUNDO.

Hakim Boularbah es hijo de un inmigrante marroquí que ha llegado a situarse entre los más prestigiosos expertos en derecho internacional y conflictos civiles de los Colegios de Abogados belgas. Aunque hoy su trabajo ha sido fácil. Pedirle al juez más tiempo para estudiar el caso y un equipo de tres jueces para analizarlo.

La demanda de Carles Puigdemont acusa al juez Llarena de falta de imparcialidad por unas declaraciones hechas tras una conferencia. La defensa de Llarena ha pedido que el asunto sea analizado por un tribunal de tres jueces porque se "trata de un caso excepcional"

Laura on Twitter: "Personal del Tribunal en #Bruselas retira lazos amarillos colocados a la entrada del edificio donde se celebra la vista sobre #Llarena.

Fueron los propios integrantes de la Comisión Permanente del CGPJ los que hicieron públicas sus dudas acerca de la validez de los acuerdos adoptados el día 14 de enero de 2016, entre cuyas decisiones se encontraba la composición de la terna que llevaría a Pablo Llarena a la Sala 2ª del Tribunal Supremo..los acuerdos que se llevaron a un acta de una inexistente Comisión Permanente supuestamente celebrada dos días antes, lo que era físicamente imposible porque el día 12 de enero las entrevistas duraron toda la tarde/noche y no hubo tiempo..

El caso de Pablo Llarena no ha sido la primera vez que se han violado en el Tribunal Supremo sus propias Normas de Reparto para “seleccionar” al magistrado instructor en las causas catalanas

¿Y si todo lo que estos días se está vertiendo en torno a la presunta manipulación de las palabras de Llarena fuera demostrablemente falso? Después de haber hecho ese mínimo repaso, que todo periodista que se precie debe realizar, puedo afirmar que es falso que se trate de una manipulación realizada a posteriori para intentar engañar al juez belga

El eurodiputado Enrique Calvet, del grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, ha presentado en el Colegio de Abogados de Madrid una denuncia contra el letrado Gonzalo Boye, miembro del equipo jurídico que defiende al expresidente catalán Carles Puigdemont, prófugo de la Justicia. Boye firma, junto a sus colegas belgas, la demanda civil interpuesta por Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros ante un tribunal de Bruselas contra el juez del Supremo Pablo Llarena. La demanda manipula unas manifestaciones hechas por el magistrad

El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha criticado que el Gobierno pague 544.982 euros a un bufete de abogados en Bélgica para la defensa del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena por la demanda civil presentada contra él en aquel país por los independentistas fugados de España. "Se le mete una querella por bocazas y ahora pide amparo al poder político, eso es un problema. Lo que ha hecho el Gobierno ha sido ceder ante un chantaje del sector más conservador que vulnera la independencia judicial", ha sentenciado,

Josep Borrell, en declaraciones a la prensa en Viena, ha asegurado que "el problema de la falsa traducción no es un problema menor, porque esta frase atribuida al juez Llarena es la única frase que aparece en el texto enviado al juez en los dos idiomas" ha apuntado. El ministro ha indicado que este hecho "ya es suficiente para pensar como se ha podido producir una situación que no es anecdótica". Borrell ha remarcado que este no se trata de un asunto "entre gobiernos", sino de un problema judicial y ha pedido "dejar trabajar a la Justicia".

El Ministerio de Justicia ha encomendado al bufete belga Liederke Wolters Waelbroeck Kirpatrick la representación de España y del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena en la demanda civil que contra éste ha interpuesto el expresidente catalán Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsellers con un coste de medio millón de euros.

El Ministerio de Justicia ha encomendado al bufete belga Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirpatrick la representación del Estado español y del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena frente a la demada civil interpuesta en Bruselas por el expresidente catalán Carles Puigdemont y cuatro exconsejeros, todos ellos prófugos de la Justicia española.