El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato está caducado desde hace más de cinco años, ha suscrito por unanimidad un acuerdo en el que advierte de que no autorizará las comparecencias de jueces en las comisiones de investigación parlamentarias en las que ERC y Junts pretenden esclarecer supuestos casos ‘lawfare’ o persecución judicial contra líderes independentistas.

El Consejo dice que no sometimiento del poder judicial frente al legislativo y la comparecencia a estas comisiones no es debatible: no pueden comparecer

Cuando la causa que investiga la gestión de la antigua Conselleria de Igualdad en relación con los abusos sexuales de Luis Eduardo R. I., exmarido de Mónica Oltra, a una menor tutelada por la Generalitat Valenciana, encaraba la recta final, Vox y la agitadora ultra Cristina Seguí, que ejercen la acusación popular, han conseguido dilatar la instrucción.

El Tribunal Supremo ha inadmitido la querella de Podemos contra el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón y el juez refuerzo, el magistrado Joaquín Gadea, por presuntos delitos de prevaricación, revelación de secretos y omisión de perseguir conductas delictivas en un supuesto caso de lawfare al haber reabierto la investigación contra el partido por presunta financiación ilegal.

José Ricardo de Prada pide al órgano de gobierno de los jueces que le proteja tras afirmar Monago que el Supremo quitó "la frase de marras" sobre la caja B del PP

El portavoz de Junts, Josep Rius, ha advertido a los jueces de que se podrían enfrentar a “consecuencias penales” si no comparecen ante las comisiones de investigación en el Congreso de los Diputados, ya que su asistencia es “de obligado cumplimiento”. En pleno debate sobre el 'lawfare', Junts ha insistido en el Código Penal para proseguir su enfrentamiento institucional con los jueces. Rius ha recordado el artículo que castiga como desobediencia a los que, habiendo sido requeridos en forma legal y bajo apercibimiento, dejen de comparecer ante

El portavoz de Junts, Josep Rius, ha avisado este lunes a los jueces de que las comparecencias en sede parlamentaria en el Congreso son "de obligado cumplimiento, y en caso contrario pueden haber las consecuencias penales previstas actualmente".

El magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada ha pedido amparo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) después de que el senador del PP José Antonio Monago le acusara el pasado martes en la Cámara Alta de protagonizar el "mayor caso de lawfare que se ha conocido en la historia política de España". Monago se refirió con estas palabras a la participación de De Prada en la sentencia que en mayo de 2018 dio por probada la existencia de una caja B en el PP y desencadenó la moción de censura contra el entonces presidente Mariano R

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) discutirá en su Pleno de este jueves la legalidad de las comisiones de investigación parlamentarias recién creadas para detectar supuestos casos de 'lawfare', a petición de los vocales conservadores, los cuales consideran necesario que el órgano adopte un "rotundo posicionamiento" contra el "acoso" a jueces y magistrados.

El archivo después de tres años de imputación del caso Neurona contra Podemos y el de la querella del fondo buitre Vauras contra Ada Colau y dos de sus concejales en el Ayuntamiento de Barcelona, que la Audiencia Provincial ordenó investigar en abril de 2022, podría ser una ocasión propicia para que la cúpula judicial se pronunciara sobre el uso ilegítimo de la Justicia para desgastar a los oponentes políticos.

Entre los múltiples incendios que van ahumando el inicio de legislatura, el más preocupante en mi opinión es el que protagoniza el Poder Judicial, no sólo el de la propia cúpula institucional del mismo —caducada desde hace cinco años largos— sino el de magistrados y tribunales concretos que administran causas de contenido netamente político. Lo indignante es que el propio Consejo del Poder Judicial no haya abierto expedientes a unos cuantos jueces que han mantenido durante años en sus juzgados causas abiertas sin el menor fundamento

Se podría haber archivado el caso sin más. Pero una jueza ha querido dejar constancia del intento de utilización de la Justicia por parte del fondo buitre Vauras. En palabras de la magistrada, la querella se hizo por “fines ajenos a los del procedimiento penal”, para obtener el “efecto mediático que supone involucrar a un político” en una causa penal pese a conocer que la exalcaldesa no tuvo “ninguna participación” en los hechos denunciados, “simplemente porque no le eran favorables las políticas de vivienda” del mandato de los comuns.

Así lo ha expresado el senador popular José Antonio Monago, apuntando que la inclusión de ese párrafo en el auto, posteriormente "extraída por el Supremo", fue el que provocó "la caída del Gobierno de Rajoy".

Segundo carpetazo a la denuncia que el fondo buitre Vauras interpuso contra la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau y dos de los concejales de su equipo de gobierno. La jueza descarta que la líder de los comuns o los ediles coaccionaran al fondo en el conflicto que les enfrentó por el desahucio de familias vulnerables que ocupaban un inmueble de la firma inmobiliaria.

Este hilo se expanderá como el universo De momento, pequeño recopilatorio del bochorno cloaquero Empezaremos con esos que presumen de cazar "bulos" mientras los difunden como un aspersor de mierda....

Ayer se confirmó que el caso Neurona contra Podemos era un lawfare de libro: ni pruebas, ni testigos, ni indicios siquiera ... que apuntaran a un delito por parte de la cúpula de la formación morada; nada en tres años de portadas, tertulias y ataques virulentos contra personas honradas e inocentes que van mucho más allá de los dirigentes de Podemo

Diciembre de 2019. Un abogado, José Manuel Calvente, acude a un cuartel de la Guardia Civil para denunciar un rosario de irregularidades contables del partido político que acababa de despedirle. Podemos, que en ese momento negociaba su entrada en el Gobierno con el PSOE, vio cómo un juzgado de Madrid abría una matrioshka judicial llamada caso Neurona que no dejaba de crecer hasta que, tres años después, ha quedado archivada. El magistrado Juan José Escalonilla, señalado por Podemos como un artífice del 'lawfare', ha dictado el sobreseimiento.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que tiene el mandato caducado desde hace cinco años, reitera su "rechazo a las referencias al lawfare" y avisa de que estará "vigilante", en "defensa de la independencia judicial", a las comisiones de investigación del Congreso de los Diputados sobre los atentados de Barcelona y Cambrils de agosto de 2017 y sobre la Operación Catalunya. En un comunicado hecho público este martes, la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces insiste en el posicionamiento que aprobó el pasado 9...

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, coincide con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en que el bloqueo para la renovación del CGPJ podría interpretarse como una muestra de 'lawfare', si bien, considera que hay otros ejemplos "mucho más claros", como el conocido como 'caso Alsasua': "Si esos chavales hubieran sido de Cádiz, no habrían entrado en la cárcel", ha dicho.