La Comisión Ejecutiva de la Asociación de Fiscales (AF) ha defendido el "deber de confidencialidad" del Ministerio Fiscal, en relación con la supuesta revelación de correos electrónicos que afectan a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y ha reclamado la "inmediata dimisión" del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, "como máximo responsable de estos hechos".

El fiscal general Estado Álvaro García Ortiz dio ayer orden de difundir el insólito comunicado de la Fiscalía Provincial de Madrid desvelando las conversaciones secretas mantenidas entre la defensa del novio de Isabel Díaz Ayuso, ejercida por el abogado Carlos Neira, y el fiscal encargado del asunto Julián Salto.

La Fiscalía Provincial Madrid desmiente las mentiras de Isabel Díaz Ayuso sobre la denuncia contra su novio Alberto González Amador por delitos de fraude fiscal y falsedad documental. En el documento, el único pacto de conformidad, con reconocimiento de hechos delictivos y aceptación de una sanción penal, que ha existido hasta la fecha es el propuesto por el letrado de D. Alberto González Amador al fiscal encargado del asunto en fecha 2 de febrero de 2024.

Una de las cuatro personas, además del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, que figura en la denuncia de la Fiscalía contra la pareja sentimental de la presidenta por fraude fiscal es Agustín Carrillo Saborido, miembro del PP de Sevilla. A juicio de los investigadores y según ha podido saber ElPlural.com, esta persona se habría deducido “indebidamente” facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados.

El Miniserio Público archiva la denuncia de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica contra Patrimonio Nacional, responsable del complejo, aunque sí cree que "a primera vista" son vestigios contrarios a la ley y recuerda a las administraciones su obligación de retirarlos

Según el documento al que ha tenido acceso Crónica Libre, Alberto González Amador, defraudó 155.000 euros en el año del confinamiento. Y lo hizo, entre otros, por la deducción de una factura por un importe de 620.000 euros emitida por una empresa mexicana «que no realizó ningún servicio o trabajo a la entidad», denuncia la Fiscalía. El fraude en 2021 ascendió hasta los 195.951,41. «Dicha empresa carece de medios materiales para prestar esos servicios».

La cantidad se corresponde con los ejercicios fiscales de 2014 (386.361 euros) y 2015 (675.718 euros).

La Fiscalía Europea mantiene abiertas un total de 1.927 investigaciones por el presunto fraude de fondos comunitarios en el conjunto de la Unión Europea, casos cuyo impacto se estima en 19.200 millones de euros, según su último informe anual que cifra en 47 los expedientes abiertos en España, con un daño estimado en las arcas comunitarias de 217,3 millones de euros.

El Ministerio Público rechaza la valoración que hizo el tribunal de que los 150.000 euros que el jugador depositó antes del juicio sirvan para atenuar la pena Tanto la Fiscalía como la acusación particular se opusieron durante el juicio a que se aplicara esa atenuante de reparación al concluir que era una cantidad que la jueza instructora fijó como fianza a Alves cuando lo procesó, bajo la advertencia de embargo. Posteriormente, la defensa de Alves ha pedido que ese dinero se entregue a la víctima, que no la ha aceptado.

De esta forma, atiende a la denuncia presentada el pasado 6 de febrero por Alianza Verde al considerar que estos hechos pudieran ser constitutivos de un posible delito contra el paisaje.

El fiscal Miguel Ángel Carballo ha recurrido la petición del juez para enviar a Suiza el informe no oficial y “apócrifo” de los fiscales del Supremo partidarios de imputar a Carles Puigdemont por terrorismo al entender que García Castellón lo ha introducido en la causa fuera de los “cauces oficiales”. El Ministerio Público recurre la decisión del juez de introducir en la causa y enviar a Suiza el documento no oficial de la Fiscalía del Supremo sobre la imputación por terrorismo del expresident.

La Fiscalía atiende a la denuncia de Alianza Verde por eliminar cuatro cedros del Himalaya del Paisaje de la Luz por las obras de la línea 11 de Metro.

Confesó a la jueza que lo durmió con pastillas, lo asfixió con una almohada, fragmentó y quemó su cadáver y enterró un pie | La fiscal ve una atenuante en su "limitación moderada de la voluntad" por su estado mental

El Juzgado de instrucción Número 5 de Las Palmas ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía Provincial contra cuatro empresarios que supuestamente defraudaron al fisco los beneficios obtenidos por la venta de productos sanitarios durante la pandemia al Servicio Canario de Salud. Entre los acusados de encuentran el actual presidente y propietario de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, y un exalto cargo del PP canario, Lucas Bravo de Laguna, exalcalde del municipio Santa Brígida y exconsejero del Cabildo de Gran Canaria.

El ministerio público considera que los hechos denunciados son constitutivos de un delito de lesiones con el agravante de abuso de superioridad y pide tres años de prisión y una indemnización conjunta de 2.240 euros para los tres vigilantes de seguridad

La Fiscalía de Madrid ha recurrido el archivo dictado por un juzgado por el apaleamiento de un muñeco con la cara del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El ministerio público discrepa del criterio del juez que sostuvo que en aquellos hechos ocurridos frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz no hubo ninguna infracción penal "ya que se produjeron en un ambiente festivo donde las expresiones proferidas solo constituían una muestra del rechazo de las personas que acudieron al evento".