El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue sin aclarar cuáles son exactamente las competencias en materia de inmigración que el Gobierno cederá a Cataluña, aunque ha aclarado que "todo lo que tiene que ver con el control de fronteras y las políticas de migración irregular" seguirá en manos del Estado. Así lo ha explicado en una entrevista en RNE donde el jefe del Ejecutivo ha insistido en que no habrá una política migratoria a la carta, aunque Junts sigue defiendo lo contrario.

El discurso de los de Puigdemont, que vincula inmigración y delincuencia, genera el primer conflicto ideológico en la mayoría del Ejecutivo de coalición y provoca el rechazo de Sumar y ERC.

“Ningún Estado puede renunciar bajo ningún concepto a la competencia en fronteras”, afirma, y augura que Puigdemont trabaja “solo con la idea de que todos los que estamos aquí seamos emigrantes, seamos extranjeros”

'Nos jugamos mucho', apunta el presidente de ERC en un mensaje en la red social X, antes conocida como Twitter. ...

La portavoz adjunta de Sumar, Aina Vidal, ha manifestado que Catalunya se merece tener más competencias, también en materia de inmigración, pero le preocupa las motivaciones de Junts para pedirlo al sospechar que busca competir con la "ultraderecha" y que cale el mensaje de "dar la patada en el culo" a los migrantes.

El líder de los populares ha criticado duramente el pacto in-extremis entre el PSOE y la formación catalana y ha acusado al gobierno de "mercadear"

La portavoz del Consell, Ruth Merino, ha rechazado la idea que contempla Junts de que las empresas que trasladaron su sede de Catalunya por el 'procés' "puedan ser sancionadas" si no vuelven a esta comunidad, al considerar que supone atentar y coaccionar la libertad empresarial: "Es una ocurrencia más dentro de sus exigencias fuera de todo lugar, una amenaza que no va a ir a ningún sitio". (...) "Me da la impresión de que podemos estar tranquilos, porque las empresas en general se sienten acogidas y bien tratadas en la Comunitat Valenciana..."

Malestar entre inversores. Denuncian la inseguridad jurídica actual. Si Junts o Podemos cumplen su amenaza y votan contra el decreto, muchos proyectos de energía limpia decaerán, al quedarse sin prórroga para desarrollarse

“Los siete votos de Junts no son un cheque en blanco y deben servir para mejorar el bienestar de los catalanes”, ha asegurado el portavoz de Junts, Josep Rius, que ha reclamado además que el Gobierno abandone los decretos “macedonia” en los que se mezclan varios temas sin conexión. La principal queja del partido es la modificación de la ley de enjuiciamiento civil (LEC), que el partido entiende que permitiría aplazar la aplicación de la ley de amnistía por parte de los jueces, como ya avanzó la semana pasada.

El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, asegura que las conversaciones con Junts son "permanentes" de cara a contar con su apoyo para la aprobación de varios decretos y ha resaltado que se hablará "hasta el último minuto desde el convencimiento de que los decretos se van a aprobar".

Junts per Catalunya exige a Pedro Sánchez que retire los tres decretos para negociarlos y rehacerlos "uno a uno" a cambio de sus 7 votos o los tumbará el próximo miércoles en el Congreso. Un "no" que el partido de Carles Puigdemont materializa 48 horas antes del pleno y tras haber analizado internamente el primer gran paquete de medidas del Ejecutivo tras la investidura.

El PSC exige a Junts “responsabilidad” para que apoye los decretos anticrisis del Gobierno de Pedro Sánchez. Pese a que los posconvergentes se mantienen en el no cuando faltan 48 horas para la votación, los socialistas catalanes han advertido de que dejarlos caer supone poner en riesgo medidas como la revalorización de las pensiones, los abonos gratuitos de tren, la suspensión de los desahucios o la rebaja del IVA en alimentos, electricidad y gas, así como la reforma del subsidio de desocupación.

El Gobierno mantenía esta semana que la votación estaba salvada y que el argumento de que interfería en la amnistía era sólo una confusión.