Así lo relata el magistrado en esa euroorden en la que recuerda que Puigdemont está procesado por un delito de rebelión, penado con hasta 25 años de cárcel, y otro de malversación de caudales (hasta 8 años de prisión), dos infracciones penales por las que pidió su detención.

Hay motivos jurídicos para rechazar total o parcialmente la euroorden por la que el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha pedido la extradición del presidente Carles Puigdemont a las autoridades alemanas. Diversos juristas alemanes los han explicado a la agencia Bloomberg y al diario económico alemán Handelsblatt y también han aclarado así por qué la jueza de primera instancia de Neumünster (estado alemán de Schleswig-Holstein) expresó dudas sobre el fondo de la petición española.

La exconsellera Clara Ponsatí se entregará este miércoles a las autoridades escocesas, según ha adelantado este martes TV3. "A los tribunales no les gusta sentir que otro miembro de la Unión Europea no respeta las leyes ni la Convención Europea de los Derechos Humanos. No es una batalla cualquiera, lo aceptamos. Sabemos que tenemos delante una batalla muy difícil", ha dicho el abogado Aamer Anwar.

La razón por la que el juez Llarena ha decidido no cursar la euroorden no es otra que la imposibilidad de convencer a ningún juez en un Estado de derecho digno de tal nombre de que la conducta de Puigdemont es constitutiva del delito de rebelión.El delito de rebelión en que se sustenta la querella admitida a trámite por la AN y posteriormente por el TS es un delito imaginario,un delito que existe en la imaginación de los jueces de instrucción que han admitido a trámite las querellas.. en el caso de haber cursado la euroorden y no ser atendida

El juez Pablo Llarena ha rechazado cursar una orden europea de detención contra el expresident Carles Puigdemont ante Dinamarca, tal y como le ha solicitado esta mañana el fiscal ante el Tribunal Supremo.En un auto publicado hoy el magistrado le dice al fiscal que encuentra razonable su petición, pero añade que hay matices que conducen a que una orden de ese tipo deba ser pospuesta.

La jugada de Puigdemont ha puesto a la Justicia española ante un dilema. Pese a que el juez Pablo Llarena decidió el pasado 5 de diciembre desactivar la euroorden en la que se pedía su detención, el viaje sorpresa del expresidente ha provocado la reacción inmediata de la Fiscalía, que tiene previsto solicitar de urgencia que se vuelva a requerir su arresto. Este hecho obliga al juez a decidir y revisar su orden de diciembre, pero activar la euroorden en este momento lleva aparejados varios riesgos.

La Fiscalía General del Estado ha confirmado este domingo que activará "inmediatamente" la euroorden internacional de detención contra el expresident Carles Puigdemont si este viaja finalmente a Dinamarca, donde ha sido invitado a participar en un debate este lunes en la universidad de Copenhague.

"Me parece tremendamente injusto culpar a Bélgica por errores cometidos en Madrid, especialmente porque esos errores hubiesen llevado al mismo resultado en cualquier otro país europeo. Lo que debemos hacer es revisar las actuaciones, comprender que los problemas políticos no se deben resolver en los Tribunales y reconducir estos procedimientos a un ámbito de respeto de los derechos fundamentales de conformidad con nuestro ordenamiento".

La negativa ha sido contundente, sin nada del lenguaje diplomático que se usa habitualmente en la Unión Europea. La comisaria de Justicia, la checa Vera Jourova, ha rechazado de plano este viernes la petición del Gobierno español de revisar la euroorden a raíz de los fallos en el sistema que a su juicio ha revelado el caso del expresidente catalán, Carles Puigdemont. Los socios de la UE ni siquiera están dispuestos a examinar las propuestas del ministro de Justicia, Rafael Catalá: no ven problemas graves de funcionamiento.

España tiene previsto plantear una reflexión a nivel europeo para poner de relieve que la euroorden no funciona después del 'caso Puigdemont'. Será el ministro Rafael Catalá quien acuda este viernes al Consejo de Ministros de Justicia (CMJ) europeo que se celebra en Bruselas y allí quiere proponer a sus colegas la necesidad de revisar el sistema de euroórdenes.

Su intención es utilizar el ejemplo de lo que ha ocurrido con la euroorden emitida contra el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para hacer ver que se trata de un sistema, en vigor desde hace ya 15 años, que no resulta "ágil" y no funciona como se esperaba, y por tanto debería ser sometido a revisión.

El expresidente de la Generalitar Carles Puigdemont y los cuatro exconsellers que le acompañan en Bruselas comparecerán el próximo día 17 de noviembre ante el tribunal que deberá decidir en primera instancia sobre las órdenes europeas de detención y entrega que ha emitido contra ellos al Audiencia Nacional.