La Ley 15/97, camuflada como colaboración público-privada, ha abierto las puertas a la privatización y corrupción en la sanidad. En lugar de mejorar la eficiencia, ha enriquecido a políticos y empresas privadas a costa del bienestar público.

Tercera entrega del Informe Bienal de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas). Cinco artículos que se centran en cómo abordar la crisis de la sanidad española y en los que se reseña: el número de médicos que trabajan en la pública y en la privada a la vez ronda el 40%. "Esta práctica dual es objeto de debate entre profesionales y expertos. Algunos argumentan que es una forma de mejorar los ingresos y la calidad de vida de los médicos, mientras que otros cuestionan su impacto en la calidad de la atención pública

Estará activado entre el 16 de mayo y el 30 de septiembre para prevenir los efectos del calor sobre la salud. Hace especial hincapié en los grupos de población más vulnerables: niños, embarazadas y enfermos crónicos. Concretamente, la estrategia desagrega ese sistema de alerta para 50 capitales de provincia; dos ciudades autónomas; y 182 zonas meteosalud, que son áreas de territorio homogéneas desde un punto de vista climatológico en cuanto a la variación de sus temperaturas diarias.

“Son titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria todos los españoles y los ciudadanos extranjeros que tengan establecida su residencia en el territorio nacional”. Este es el artículo 1.2 de la Ley General de Sanidad de 1986. Y a ese artículo hay que volver, en palabras de los colectivos que han estado luchando contra el Real Decreto 16/2012 de Rajoy que supuso un recorte en el acceso universal a nuestro sistema.

"Hacer ley el lema que tanto han repetido en años de lucha las mareas blancas: la sanidad pública no se vende, se defiende". Ese es el espíritu, en palabras de la ministra de Sanidad, Mónica García, de la futura norma de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud. Cuando vea la luz verde pondrá "coto", añadió, al "lucro incesante de las diferentes formas de gestión" sanitaria y dará a su vez "carpetazo" a la normativa que hasta ahora había permitido el "beneficio obsceno" de las empresas privadas.

El proyecto de ley ampliaría el acceso a la sanidad a todos los migrantes residentes en España, aunque estén en situación irregular.

España tiene un problema con los medicamentos relacionados con la salud mental. Según la OCDE, en nuestro país se ha triplicado el consumo de antidepresivos por habitante y se han duplicado el de ansiolíticos, hipnóticos y sedantes desde principios de este siglo XXI. Sin embargo, son muchos los estudios que apuntan a que esto no solo no ayuda sino que es perjudicial. Se recetan de forma indiscriminada y se cronifican, por lo que el Ministerio de Sanidad que lidera Mónica García quiere atajar esta situación.

"Esta ley va a poner coto al lucro incesante de las diferentes formas de gestión de nuestra sanidad. Se da un carpetazo a la Ley 1597 y se da vía libre al lema de 'La sanidad no se vende, la sanidad se defiende'", ha expresado, en declaraciones en los medios que han tenido lugar en el marco del 'I Foro de Salud Pública. Una salud a futuro', organizado por la Fundación para la Investigación en Salud.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha confirmado que su Ministerio "trabaja" para que las gafas y las lentillas formen parte de la cartera de servicios en 2025, de forma que se financien "y no sean un elemento disruptivo para aquellas familias que no se lo pueden permitir". En el acuerdo de Gobierno figura que esta ayuda está dirigida a los menores de 18 años de familias con menos recursos.

Por otra parte, denuncian la falta de médico asignado para muchos pacientes y que deben ser atendidos por otros profesionales del mismo centro de salud. Señalan también la temporalidad de la mayoría de los contratos extendidos a los facultativos por lo que existe una rotación excesiva y una inestabilidad asistencial para los pacientes.

C&P La madre se niega a pagar las cuotas mensuales de 94 euros que impone el centro Sagrados Corazones, una aportación que la Lomloe señala como voluntaria

En una intervención de hemorroides, por ejemplo, el cirujano pediría entre 500 y 600 euros, mientras la aseguradora paga 90 "argumentando que puedes hacer 14 en una tarde y entonces ganas mil euros"."Yo no quiero trabajar a destajo ni tener que juntar a 14 pacientes y hacer uno detrás de otro para poder facturar lo que equivale a una sola intervención", denuncia Guerrero, que defiende que los profesionales "puedan cobrar lo que consideren que vale su trabajo".

La diputada y portavoz del PRC en materia de Salud, Paula Fernández, ha denunciado este viernes que los datos de las listas de espera sanitarias difundidos por el Gobierno de Cantabria "no cuadran", al haber 78.000 pacientes "desaparecidos" del sistema, "sin que conste que hayan sido operados, ni atendidos en una primera consulta, ni que les haya sido practicada una prueba diagnóstica".

La Embajada les ha comunicado que no pueden repatriarlo a España como se hizo con el caso de Tailandia.

Las mutuas de seguros de salud no quieren seguir pagando por enfermedades causadas por exposición laboral de plaguicidas.

El 20 de abril, un hombre de 69 años falleció en esta localidad del norte de Madrid, sin servicio sanitario completo desde la pandemia. Es la tercera muerte por falta de médico en el municipio, según la plataforma por las urgencias de los pueblos.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha rechazado el pago de una indemnización a una vecina del área de Muros que sufrió un accidente laboral. La afectada reclamaba 6.593 euros por gastos médicos derivados de esguinces en una rodilla y un tobillo. El motivo por el que el alto tribunal gallego denegó su petición tuvo que ver con que la mujer acudió a la sanidad privada para tratar las secuelas del percance.