Las navidades dejan aún más al descubierto los problemas sanitarios de una región que ha perdido miles de profesionales y en la que solo un 10% acepta sus contratos "estables"

En 2017, a Susana Díaz le dimitieron los mismos cargos (viceconsejero y gerente del SAS) que han dado ahora "un paso al lado". Pero el aumento de un 55% en las listas de espera de la sanidad pública tras revelarse que los contratos de la Junta para derivar pacientes a la privada no tenían anclaje legal precede a estas salidas en plenas navidades

36.000 pacientes rebasaron el plazo máximo legal para operarse en junio -último dato publicado-, pero el Sistema Andaluz de Salud llegó a registrar 56.000 en octubre. El repunte acelerado en esos cuatro meses se explica porque, en junio, la Junta tuvo que cancelar los contratos de emergencia con la privada que prorrogó durante dos años usando el marco legal de la pandemia ya derogado.

El dos veces MVP de la Liga Americana se llevará alrededor de 700 millones de dólares en 10 años

Cuando soñamos con una sanidad pública más moderna que incorpore tecnología puntera, pensamos principalmente en la inversión económica necesaria para ello. Pero la ecuación es mucho más compleja: desde acondicionar el espacio físico en el que se instalará la nueva herramienta hasta licitar los contratos de mantenimiento, formar al personal sanitario o elaborar unos criterios clínicos de tratamiento.

El Ministerio de Defensa ha adjudicado a Securitas Seguridad España S.A. un contrato mediante un procedimiento negociado sin publicidad para reforzar la protección de las tropas españolas en Letonia, integradas en la misión de la OTAN de disuasión ante Rusia.

Una cliente presentó una demanda contra la cadena de comida rápida estadounidense Chopt por una ensalada que, según ella, contenía un trozo del dedo del gerente.

El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, que controla la legalidad de los contratos de la Administración autonómica, ha rechazado por “infracciones legales insubsanables” el gran contrato de 201 millones que el Gobierno andaluz de mayoría absoluta del PP quería destinar a la sanidad privada, como plan de choque para ‘aliviar las listas de espera’.

Por "unanimidad", el pleno de nueve magistrados encabezado por la presidenta María Eugenia López Arias declaró la inconstitucionalidad en respuesta a dos recursos presentados contra la Ley 406, aprobada el pasado 20 de octubre por el Parlamento unicameral y el Ejecutivo del presidente Laurentino Cortizo, y que contiene el polémico contrato.

Cinco días después del incendio, la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Murcia se puso en contacto con Iberdrola para pedirle información. Los agentes solicitaron a la eléctrica datos sobre el tipo de contrato que tenían ambas discotecas. Iberdrola contestó que “ninguna de las dos discotecas dispone de contrato de suministro de energía eléctrica dados de alta con ninguna empresa comercializadora”.

La firma Ariete se ha llevado un contrato de 2,3 millones de euros. Pertenece a una exedil de Alcorcón. El PSOE lo define como “cacicada” y otras dos empresas han presentado sendos recursos

El hombre se seccionó el pulgar al quedarse enganchado cuando saltó de la escalera metálica al ver llegar a los agentes. El apéndice fue recuperado un día después y se mantiene congelado, aunque los médicos consideran que ya no lo pueden reimplantar

El exsecretario de Canet d'En Berenguer José Antonio Sancho Sempere, condenado y absuelto en varias piezas de la trama de asesorías que se destapó en 2013, vuelve a sentarse en el banquillo acusado de un delito de prevaricación junto al alcalde de San Antonio de Benagéber de 1987 a 2015, Eugenio Cañizares, y el secretario de este último municipio. La sección de delitos económicos de la Fiscalía provincial de València acusa a los tres de un delito continuado de prevaricación por la contratación ilegal de Sancho Sempere como abogado del municipio