La red empresarial, compuesta por productores y distribuidores de jamones y embutidos, captaba comida a punto de caducar en los supermercados y, en lugar de enviarla a centros especializados para su destrucción o incineración —como obliga la ley—, cambiaba fechas de caducidad y las vendía a las cárceles de toda España, con excepción de Cataluña y Baleares, según las pesquisas del Seprona. Las cárceles españolas sirvieron a los reclusos jamones, embutidos y carnes en malas condiciones al menos hasta finales del año pasado,
