La Junta de Fiscales de Sala ha concluido este miércoles que la querella del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, contra dos miembros de la Fiscalía Superior de Madrid por revelación de secretos ha de ser archivada sin practicar ninguna diligencia. La fiscal encargada del caso, María de la O Silva, se mostraba a favor de investigar la elaboración y emisión de la nota de prensa en la que la Fiscalía informó sobre las negociaciones que había mantenido con González en el procedimiento que sigue contra él por fraude fiscal...

“Tengo la sensación de que el Fiscal General del Estado [Álvaro García Ortiz] terminará en la cárcel”, ha señalado en el mensaje publicado a última hora de la tarde. “España no es Venezuela”, cerraba el comentario. También añade la coletilla “es opinión mía, desde mi teléfono personal”, que viene repitiendo en sus mensajes en redes sociales desde que amenazara con el cierre de elDiario.es a una periodista de este medio y señalara a otros profesionales de El País.

España no se salva de la deriva “autoritaria” y punitivista que corroe el Estado de derecho en todo el mundo, según el último informe anual de Amnistía Internacional, hecho público este 24 de abril. No se trata solo de la vulneración de los derechos humanos de miles de personas en los últimos años, achacables a distintos órganos judiciales o fuerzas de seguridad del Estado, sino de una tendencia que se repite en buena parte de los casos reseñados por el informe: la negativa a investigar y —por lo tanto juzgar y condenar si corresponde—

Así, la Junta de Fiscales de Sala -en la que está presente toda la cúpula fiscal- se celebrará una vez que la fiscal María de la O Silva, que es la que debe informar sobre la admisión o no de la querella presentada por la pareja de Ayuso, invocó el artículo 27 del Estatuto Orgánico, al no estar de acuerdo con la orden de la número 2 del Ministerio Público, María Ángeles Sánchez Conde. La también teniente fiscal del Supremo le pidió verbalmente que rechazara la querella al invocar el principio jerárquico de unidad de actuación

El fondo ve improbable que prospere la denuncia de Hacienda ante la Fiscalía por presunto fraude en la venta del gigante sanitario, pero la pone ante los inversores como "ejemplo" de riesgo para todo el sector

Fernando Bentabol reconoce la sensación de impunidad de los narcotraficantes y advierte de que el principal problema es la falta de medios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado Primer caso de tráfico de fentanilo en Málaga: la droga 'zombie', en la Costa del Sol a pequeña escala Cae una familia de narcotraficantes que escondía la droga en farolas, arquetas y alcantarillas y la vendían en Málaga y Cádiz

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana Álvarez, ha reconocido este lunes desde los micrófonos de la COPE la residencia fiscal del hermano de Pedro Sánchez en Portugal, añadiendo además que «sí es ético y es legal». Estas declaraciones han provocado la reacción del PP de esta comunidad, cuyo portavoz, José Ángel Sánchez Juliá, ha pedido al PSOE de Extremadura que, primero «desautorice el delegado de Gobierno» y, segundo, «repruebe la actitud tan poco ética de David Sánchez Pérez-Castejón».

La Fiscalía del Tribunal Supremo pide 16 años y medio más de cárcel para el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán, así como para un subinspector de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional, al considerar que deben ser condenados por detención ilegal de los familiares del exdiputado del PP Álvaro Gijón.

La ley de amnistía ha protagonizado la última sesión de la comisión Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo antes de su cese por las elecciones europeas. Se ha centrado en el dictamen elaborado por la Comisión de Venecia, que fue presentado el pasado marzo, y en el que se instaba a acortar su alcance temporal y a aprobar la norma por mayoría cualificada. El organismo del Consejo de Europa ha mostrado su preocupación por el alcance de la amnistía y porque cubra también actos de terrorismo, malversación y corrupción.

“Los 30.000 menores presos suponen la mayor concentración de niños privados de libertad en cualquier parte del mundo”, denuncia la asesora principal de crisis de la organización de derechos humanos. Desde la organización de derechos humanos, denuncian las trágicas condiciones en las que estas personas llevan seis años viviendo. Muertes en masa, confesiones forzadas por la tortura, palizas severas, violencia de género, descargas eléctricas, y un trágico etcétera.

La propaganda de Rodríguez oculta que cualquier acuerdo solo puede darse sobre la base del reconocimiento de los delitos. No se trata de una discrepancia con Hacienda sobre cantidades, como trata de hacer creer la presidenta y su equipo de comunicación, la denuncia de la Fiscalía y lo que ya ha reconocido el propio González Amador en ese correo son delitos penados con entre uno y seis años de cárcel. Dicho de otra manera: cualquier acuerdo de conformidad implicará la condena a la pareja de Ayuso, al menos por fraude fiscal.

La sentencia 234/2000, de 3 de octubre de 2000 respondió al conflicto de atribuciones presentado por el Ejecutivo socialista de 1995 frente a la cámara que dirigía por entonces Federico Trillo a no admitir a trámite la declaración de urgencia del Gobierno relativa a la tramitación del Proyecto de Ley Orgánica sobre regulación de la interrupción voluntaria del embarazo. (envío accesible en modo vista de lectura)

Los directivos del BCR tardaron más de seis meses en decidir si aceptaban la donación de 16 millones ya que el origen de esta fortuna estrechamente ligada al exjefe del Estado es un misterio que no ha sido aclarado. La Fiscalía Anticorrupción investigó este trust para determinar si el dinero era del rey emérito. Hasta 2004 y durante casi una década, el entonces rey Juan Carlos I fue el titular de los fondos.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha salido este lunes en defensa de los dos responsables de la Fiscalía de Madrid denunciados por supuesta revelación de secretos por Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso e imputado por un fraude fiscal de 350.000 euros. El empresario acusa tanto a la fiscal jefe de Madrid como al fiscal que le investigó y denunció de haber difundido a través de un comunicado datos confidenciales sobre los correos en los que su defensa, en busca de un acuerdo, reconoció varios delitos.

"Si la amnistía obedece a una pura razón de convivencia política que, de modo coyuntural, pueda beneficiar a determinados ciudadanos por el mero hecho de alcanzarse un acuerdo político (en este caso, para una investidura), la amnistía así concedida contraviene claramente el principio de igualdad ante la ley", añaden. Sobre este extremo, además, sostienen que "no es necesaria la amnistía para alcanzar el efecto jurídico deseado", dado que consideran que éste "puede obtenerse mediante la reforma del Código Penal o mediante el indulto".

La justicia no encuentra probado que los acusados de un delito contra la autoridad tomaran parte de los disturbios que sacudieron el centro de Madrid en octubre de 2019...“Lo que ocurrió fue el típico proceso aleatorio de detención. Varios policías secretas les detuvieron en Ópera, cuando volvían a su casa, y comenzó el montaje habitual”

Veintisiete personas serán juzgadas el lunes por lavado de dinero en relación con el escándalo de evasión fiscal de los "Papeles de Panamá", que reveló cuántos de los ricos del mundo tenían activos escondidos en empresas extraterritoriales. Las revelaciones de 2016 sacudieron a los gobiernos, expusieron a personalidades de alto perfil, desencadenaron decenas de investigaciones en todo el mundo y asestaron un golpe a la reputación de Panamá como centro financiero extraterritorial. Los acusados que serán juzgados en un tribunal penal panameño