Uno de los bienes más básicos se convirtió, con el pretexto de la crisis económica, en objeto del deseo insaciable de los conglomerados financieros y la corrupción política. Multinacionales como OHL o ACS han entrado en el reparto del botín. En abril de 2017 fue detenido Ignacio González, un puntal del PP madrileño, comprometido en prácticas oscuras desde el ‘tamayazo’. El motivo de su detención: una operación de saqueo de dinero público del Canal de Isabel II, que abastece de agua a Madrid[1]. El antaño hombre fuerte de la ferviente liberal…

El presidente del grupo consiguió con apenas el 52% del apoyo de los accionistas que renovaran en su nombre a Javier Echenique y al marido de su hermana, también consejera

Curiosamente, el Ministerio también detrae 101.000 euros de derechos de emisión, sanción del catastro, canon de puerto y canon de hidrocarburos con el argumento de que la sociedad no había aportado ninguna factura o soporte en el momento de elaborar su informe. Todo ello, y después también de las correcciones aplicadas para calcular los períodos reales y no por años naturales, resultaba en los 295,59 millones de euros mencionados. Adicionalmente, el gobierno español también reconoció a la sociedad 4,5 millones de euros, a cargo del sistema gasi

El consejero delegado de ACS, Marcelino Fernández Verdes, recibió una remuneración total de 18,73 millones de euros durante el ejercicio 2019, importe que se dispara un 67,5% respecto al de un año antes al percibir en su retribución variable a largo plazo la ejecución de un plan de acciones de Cimic, la filial australiana del grupo.

Entre las más de 1.200 empresas que conforman el Grupo ACS hay más de un centenar de filiales registradas en paraísos fiscales. Quedan fuera de la lista las sociedades controladas de forma indirecta, a través de complejos esquema accionariales, holdings, fondos de inversión, apoderados y otras personas de confianza. El conglomerado de empresas de ACS posee “obras vivas” en más de 70 países. Precisamente ACS es la empresa que más sanciones recibe por amañar contratos y conformar cárteles para lastrar la competencia en concursos públicos.

ACS provisionará 400 millones de euros en sus cuentas consolidadas por el negocio de su filial australiana Cimic en Oriente Medio. Esas provisiones no tendrán impacto sobre la cifra de ventas ni el resultado de explotación, pero sí sobre el beneficio neto del grupo y han provocado una fuerte caída en Bolsa tanto de Cimic como de la propia ACS, que ha arrancado la sesión con un descenso del 7%, aunque luego ha recuperado algo de terreno.

Galp, multinacional portuguesa especializada en la "producción y extracción de petróleo y gas natural en reservas situadas a kilómetros bajo la superficie marítima", acaba de anunciar oficialmente que ha cerrado un acuerdo con el Grupo ACS "para la adquisición, desarrollo y construcción de proyectos de energía solar fotovoltaica en España". Según el comunicado difundido por la compañía, el acuerdo, que "da acceso a una capacidad instalada de 2.900 megavatios hasta 2023", convierte a Galp en "el principal productor de energía solar de la...

SolarReserve, la empresa impulsora del proyecto, culpa a la empresa española ACS Cobra del fracaso de la instalación

La compañía que preside Florentino Pérez obtiene unas plusvalías de 250 millones en la operación. El grupo ACS, a través de su filial de Servicios, Comunicaciones y Energía, ha alcanzado un acuerdo inicial para la venta de sus proyectos de energía fotovoltaica en España con una potencia total instalada de 3.000 megavatios (MW) por un valor total de 2.200 millones de euros.

La estrategia de ACS pasa por que se vuelva a inyectar gas al almacén para defenderse de la acusación de negligencia, lo que explica el recurso a la decisión de desmantelarlo.

ACS, a través de su filial Iridium, ha vendido al fondo Hermes Infraestructure el 74% del capital de una compañía que tendrá la totalidad de las participaciones que tiene en seis concesiones de 'peaje en sombra' (en la que la empresa privada construye la infraestructura a cambio de cobrar un canon anual al Estado o a la Comunidad Autónoma que haya convocado el concurso), según informó el grupo a la CNMV.

El interés de Apollo por Ferrovial Servicios puede terminar jugando en favor de ACS. A través de Cimic, el grupo español comparte con el fondo una filial en Australia que podría ser el trampolín

La policía nacional descubre que el Gobierno murciano del PP colaboró para que la constructora consiguiera rendimientos del 60.000% desplazando todos los costes y riesgos a las arcas públicas.

Manuel Delgado Solís mantuvo la confianza del presidente del Real Madrid incluso estando implicado en la trama Gürtel, acusado de crear un entramado para el blanqueo de capitales. Sin embargo, su relación con el ex comisario ahora en prisión le ha obligado a presentar su dimisión y a abandonar sus puestos de consejero en Dragados y ACS. La causa del pequeño Nicolás desveló que mantenían contacto en momentos muy delicados, a finales de 2014.

Manuel Delgado, representante de los Albertos en el órgano de gobierno de la constructora, había puesto su cargo a disposición tras el escándalo de las escuchas con el comisario

Iberdrola logró infiltrarse en ACS en plena ofensiva de la constructora para asaltar su consejo de administración. La eléctrica recurrió presuntamente al comisario Villarejo para establecer contacto con uno de los administradores de la compañía, Manuel Delgado Solís, presidida por Florentino Pérez y acceder de ese modo a información confidencial. La maniobra se produjo en 2009, justo en el punto más álgido de la guerra que libraron ambas cotizadas, según desvelan ahora documentos y audios..

Ignacio Sánchez Galán busca cada vez un reconocimiento internacional acorde a la presencia exterior de Iberdrola, en la que lleva 18 años como primer ejecutivo. Según han confirmado fuentes oficiales, el presidente de la empresa eléctrica española ha sido designado miembro del consejo asesor internacional de JP Morgan. Un cargo que hasta hace unos meses ocupaba Alfredo Sáenz, ex consejero delegado de Banco Santander.

Nuevos audios del comisario Villarejo confirman que investigó a un directivo de Iberdrola a petición de la compañía, que sospechaba que podía estar filtrando información a Florentino Pérez. La cúpula de la cotizada había recibido un soplo que aseguraba que su entonces director de Servicios Generales, José María A. V., podía haberse aliado con Florentino Pérez para ayudarle en su guerra contra Ignacio Sánchez Galán y que, además, estaba cobrando supuestas comisiones de proveedores de la compañía por adjudicarles contratos..

ACS, a través de su filial Escal UGS, se resiste a devolver los 195 millones que la Comisión Nacional de Mercados y Competencia le reclama desde julio para restituir al sistema gasista los pagos efectuados por el almacén de gas Castor. Para tratar de evitarlo, Escal UGS ha presentado un recurso contencioso administrativo en la Audiencia Nacional contra la CNMC y ha pedido medidas cautelares para impedir dicho pago.

ACS se consolida como líder destacado en el ránking de compañías con un mayor importe de sanciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por formar parte de cárteles para repartirse contratos. Ya acumula 97.560.342 euros en multas a través de cuatro expedientes sancionadores resueltos desde enero de 2015. Seis de ellas se han impuesto este año y suman 61,1 millones.

Quienes le conocen aseguran que Florentino pasó de ser en un solo día un hombre que todavía mantenía los pies en la tierra a considerarse una figura divina. Fue el 15 de mayo de 2002, en Glasgow, cuando la irrepetible volea de Zidane dió al club merengue su novena Copa de Europa. Ahora periodistas mexicanos de la revista Proceso se atrevan a señalarlo directamente como responsable de haberse enriquecido de manera ilícita con la concesión a filiales controladas por ACS de contratos públicos irregulares por valor de unos 6.000 millones

No se licitó un nuevo contrato de reformas hasta dos años después de la resolución del anterior y ACS, nuevo adjudicatario, también se retrasa.La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) no consigue mudarse. Las obras de su nueva sede, paralizadas por la licitación del proyecto entre los años 2015 y 2018 por parte del entonces Ministerio de Fomento en manos de Ana Pastor primero, e Íñigo de la Serna después,lo que ha conllevado, según reconoce la propia compañía, en un coste adicional de más de 14 millones de euros.