La magistrada de la Sala Penal de la Audiencia Nacional Carolina Rius ha acordado el archivo definitivo del incidente de recusación contra el juez instructor de la causa de Tsunami Democratic, Manuel García Castellón, presentada por el investigado Josep Lluis Alay, colaborador de Carles Puigdemont.

Más allá de citar tres artículos de la directiva europea, el juez obvia en sus últimas resoluciones del caso las recomendaciones de la Agencia de la Unión Europea para los Derechos Fundamentales (FRA, por sus siglas en inglés) a la hora de aplicar la normativa. Las sugerencias de este organismo oficial de la UE buscan que las autoridades no apliquen el rodillo antiterrorista a toda acción o protesta y que la lucha contra los actos de terror sea previsible, objetiva y compatible con las libertades fundamentales.

182.400 personas solicitaron a lo largo de 2023 la nacionalidad española en el primer año en vigor de la 'ley de los nietos' que, desde octubre de 2022 y hasta octubre de 2024, permite optar al pasaporte español a los descendientes de los españoles que se exiliaron tras la Guerra Civil y por la dictadura. Conocida como la 'ley de nietos', la Ley de Memoria Democrática, da una continuidad al proceso abierto por la Ley de Memoria Histórica entre los años 2009 y 2011.

Una larga serie de sismos, de hasta una magnitud de 7,6, sacudieron el lunes el centro de Japón, provocando alerta por olas de tsunami que podrían alcanzar los cinco metros, informaron las autoridades japonesas, asegurando que no se registraron anomalías en las centrales nucleares. Los terremotos se produjeron en la península de Noto, en la prefectura de Ishikawa, hacia las 16.10 locales (04.10 de la Argentina), informó el Instituto de Estudios Geológicos de Estados Unidos (USGS).

Las autoridades japonesas activaron hoy una alerta de tsunami advirtiendo de olas de hasta cinco metros en prácticamente todo su litoral occidental.

La Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea ha respondido al juez de la Audiencia española Manuel García-Castellón que la protesta convocada por el Tsunami Democrático el 14 de octubre de 2019 en el aeropuerto de El Prat no tuvo ningún impacto en la actividad de los otros aeropuertos europeos. Es una de las preguntas que el juez dirigía a este organismo en su intento sobrevenido –a raíz del acuerdo sobre la amnistía– de justificar la investigación por terrorismo de la causa del Tsunami, en la que ha encausado, entre más políticos...

El juez de la Audiencia Nacional que investiga a la plataforma 'Tsunami Democràtic' autorizó a los agentes de la Guardia Civil a instalar un "software remoto" en el móvil de los exdiputados de la CUP en el Parlament David Fernández y Quim Arrufat y en el del exdiputado de Catalunya Sí que es Pot en la Cámara catalana entre 2015 y 2017 y exlíder de Podemos en Catalunya, Alberto Dante Fachin. También dio luz verde a intervenir al menos 40 dispositivos de otros investigados en la causa.

Así, el secretario del juzgado de instrucción arguye que no se puede tramitar porque el escrito del juez Manuel García Castellón que remitía el sumario al Tribunal Supremo era una «diligencia de ordenación» –que tiene menos tiempo de plazo– y no una interlocutoria, que tiene más. Una interpretación que ha hecho poner las manos a la cabeza a la defensa de Alay, porque incluso es contraria a la doctrina más reciente del mismo Supremo. De hecho, razonan que el juzgado ha empleado esta argucia para evitar que el recurso llegue a la sala de apelacio

El acelerón que el juez Manuel García Castellón ha dado al caso Tsunami Democràtic en el último mes ha comportado un aluvión de escritos en contra de sus decisiones. Pese a que, sobre el papel, el primer recurso de la Fiscalía ya tendría que estar rumbo a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la realidad es que a día de hoy permanece encallado en el juzgado titularidad del magistrado. El ralentí del juzgado ha enervado tanto a las defensas de los independentistas como a la Fiscalía.

Más acciones. El magistrado Manuel García-Castellón ha hecho una nueva resolución, este lunes, en la cual ha ordenado nuevos requerimientos a organismos españoles, incluso a europeos, para aclarar las "incidencias" que la manifestación masiva en el aeropuerto del Prat contra la sentencia del Procés, el 14 de septiembre de 2019, ocasionó en el espacio aéreo, y que imputa a los 12 investigados por terrorismo a los cuales considera organizadores de Tsunami Democràtic, la plataforma anónima que impulsó las manifestaciones.

En las redes de Tsunami no apareció ese día ningún mensaje que animara a asistir a los altercados de plaza Urquinaona. Todo lo contrario al intensivo uso de las redes sociales que hizo la plataforma para convocar y reclamar manifestantes para las dos protestas más graves que sí convocó: el bloqueo a los accesos del Aeropuerto de El Prat del 14 de octubre y de la autopista AP7 en la frontera hispano francesa del 11 de noviembre de 2019.

El magistrado sigue adelante con las pesquisas pese a que la Fiscalía recurrió la imputación por terrorismo y las autoridades helvéticas le dijeron que no investigaban causas políticas. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha enviado una petición de colaboración a las autoridades suizas para que le informen “sobre los datos que permitan la localización” de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, investigada en la causa de Tsunami Democràtic y que permanece en el país helvético desde 2018.

El presidente en funciones de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Alfonso Guevara, ha abierto un expediente gubernativo en el que acuerda requerir al juez Manuel García-Castellón el escrito de recusación presentado por uno de los investigados en la causa de Tsunami Democràtic, Oleguer Serra, que el instructor inadmitió por providencia el pasado 15 de noviembre.

Los dos partidos que forman parte del gobierno han dicho que ha sido "cuestión de azar" que la presentación de la iniciativa haya coincidido con el día de la muerte de Franco. Santiago Morón, portavoz de Vox, ha dicho que quieren "poner fin a una ley liberticida, propia de un estado totalitario" y añadía que se facilitarán las exhumaciones, pero sin precisar si habrá ayudas económica. "Con la derogación de esta ley no significa que no se pueda dar respuesta a las personas que quieran buscar los restos de sus familiares que fueron asesinados".

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha rechazado por segunda vez apartarse de la causa de Tsunami Democràtic. El magistrado ha rechazado la petición del directivo de Òmnium Cultural Oleguer Serra con los mismos argumentos que ya empleó para desestimar la solicitud del editor Oriol Soler.

El juzgado de guardia de El Prat no llegó a abrir diligencias por el fallecido, que cuatro años después el magistrado de la Audiencia Nacional insiste en relacionar con las protestas de Tsunami Democàtic contra la sentencia del procés